La comisión técnica creada en virtud de la Ley de Memoria Democrática para estudiar los supuestos de vulneración de Derechos Humanos a personas que lucharon por la consolidación de la democracia entre 1978 y 1983 ya tiene listo su informe de conclusiones y será presentado próximamente.
Así lo adelanta el Gobierno en una respuesta parlamentaria al diputado de ERC, Francesc-Marc Álvaro Vidal, quien se interesó sobre algunas de las medidas de la ley aprobada en octubre de 2022 que continúan pendientes.
En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno no detalla las conclusiones del informe de la citada comisión técnica, que se constituyó en julio de 2024, y se limita a anunciar que se hará público «próximamente».
Esta comisión está formada por una docena de personas entre las que están el cofundador de Comisiones Obreras (CCOO) y exdiputado de IU Nicolás Sartorius; el exministro y ex director general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza; la abogada y presidenta del PSOE de Madrid, Francisca Sauquillo; varios historiadores como José Álvarez Junco y Carme Molinero y la catedrática de Derecho Penal Araceli Manjón-Cabeza Olmeda, entre otros.
LA AUDITORÍA DEL EXPOLIO LLEVARÁ TIEMPO
Por otra parte, el Ejecutivo informa de que también se sigue adelante con el proceso de auditoría y compensación económica a las víctimas de expolios durante la guerra y la dictadura previsto en el artículo 31 de la Ley de Memoria.
En concreto, señala que «se sigue avanzando en la realización de la auditoría» con el objetivo de hacer un inventario de los «bienes y derechos incautados», pero apunta que se trata de «una profunda investigación que requiere de un espacio de tiempo suficiente para su materialización».
Por ello, se ha llevado a cabo el encargo a la Universidad Autónoma de Madrid de un trabajo previo de mapeo para identificar los principales fondos documentales en los que centrar las investigaciones ulteriores, mediante la localización, exploración y descripción de fondos archivísticos inéditos o poco conocidos, así como de recopilación y descripción de fuentes ya conocidas y utilizadas en los estudios publicados.
ASESORÍA PARA EL MAPA DE SÍMBOLOS
El pasado 22 de octubre en respuesta a la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez anunció que el nuevo catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, también previsto en la ley, estaría listo este mes.
Sin embargo, en su respuesta el Ejecutivo precisa que lo que está en «un estado avanzado de tramitación» es el proyecto de real decreto «por el que se establece el procedimiento para la confección» de ese catálogo y que «contendrá las medidas necesarias para su elaboración, el procedimiento de inclusión de elementos y la creación de una comisión técnica de asesoramiento a estos efectos».
En cualquier caso, recuerda que, en aplicación de la ley, que mandata a todas las administraciones a la retirada de símbolos y franquistas en «el ejercicio de sus competencias y territorio», ya se han llevado a cabo en el ámbito de la Administración General del Estado «algunas actuaciones importantes» como por ejemplo la retirada de elementos ordenada por los Ministerios de Exteriores y Defensa o el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
EMPRESAS BENEFICIARIAS DE TRABAJOS FORZADOS
Y también se está tramitando ya un real decreto por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Universidad Pública de Navarra para la elaboración del inventario de edificaciones y obras realizadas por personas sometidas a trabajos forzados bajo el franquismo en el ámbito penitenciario y de los campos de concentración, así como de las entidades y empresas beneficiarias y de las víctimas de dicha explotación.
Por último, el Ejecutivo señala que el Banco Estatal de ADN de Víctimas de la Guerra y la Dictadura ya dispone del software de gestión que permite integrar perfiles de ADN de múltiples laboratorios y realizar búsquedas sistemáticas con restos procedentes de la exhumación de fosas comunes de personas desaparecidas, y ayudar así en la identificación genética de los restos.
Asimismo, han sido acreditados por la Comisión Nacional para el Uso Forense del ADN los laboratorios que tendrán acceso a la base de datos y que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes está tramitando el proyecto de Real Decreto que regula su organización y funcionamiento.
