La Corte Suprema de Justicia de la Nación admitió la demanda que presentó la provincia de Chubut contra el Estado Nacional para que se declare la inconstitucionalidad de dos leyes centrales del marco regulatorio eléctrico —la 15.336 y la 24.065— que, según la administración local, restringen el dominio provincial sobre sus recursos naturales y condicionan la operación de la central hidroeléctrica Futaleufú.
La decisión, firmada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, reconoce que el tribunal tiene competencia originaria para intervenir en el expediente —identificado como CSJ 41/2024— y corrió traslado al Estado Nacional para que responda el planteo en un plazo de 60 días. También dejó asentado que tendrá presente el pedido de medida cautelar presentado por la provincia, una vez contestada la demanda.
El gobernador Ignacio Torres, que encabeza la presentación junto al fiscal de Estado Andrés Giacomone, sostiene que las normas cuestionadas lesionan “de forma manifiestamente ilegal y arbitraria” el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio, incluyendo los cursos de agua.
El planteo cobró dimensión política y económica desde junio de 2025, cuando venció la concesión de la represa Futaleufú, otorgada en 1995 a Hidroeléctrica Futaleufú S.A., controlada por Aluar. La provincia reclama ser reconocida como la única autoridad legitimada para disponer una eventual prórroga o una nueva licitación.
La central fue construida entre 1971 y 1978 en el noroeste del territorio chubutense para abastecer de energía a la planta de aluminio de Aluar en Puerto Madryn. Con el paso del tiempo se transformó en una de las principales fuentes de generación de la Patagonia y en un activo estratégico dentro de la transición energética.
El fallo del máximo tribunal implica un aval formal al reclamo de Chubut y deja planteado un escenario con impacto potencial más allá de Futaleufú, en un contexto en el que otras provincias patagónicas también reclaman mayor control sobre la administración de sus represas y recursos naturales.
