Desde hace siete años, el mes de abril plantea una batalla política en Nicaragua. La oposición busca cómo recordar la multitudinaria rebelión ciudadana y las masacres con que fue reprimida en 2018, mientras la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo despliega una maquinaria narrativa para reescribir lo ocurrido y borrar toda memoria de lo que ocurrió en el país.
“El objetivo de la dictadura es suplantar el recuerdo de las masacres, presos políticos y exilio forzado con un relato oficial de victoria de la paz, donde los victimarios se presentan como víctimas”, expresa un opositor que pide no se le mencione por su nombre.
El 18 de abril de 2018 estalló la rebelión popular, cuando una protesta estudiantil contra reformas a la seguridad social fue brutalmente reprimida por la Policía Nacional. Las imágenes de jóvenes asesinados, como Alvarito Conrado, de 15 años, dieron la vuelta al mundo. Las protestas se expandieron por todo el país. A través de marchas multitudinarias la población exigía la salida del régimen, libertad y justicia.
La respuesta del gobierno fue feroz: francotiradores, paramilitares encapuchados, represión indiscriminada. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al menos 355 personas fueron asesinadas entre abril y julio de 2018, más de 2.000 resultaron heridas, y miles fueron encarceladas o forzadas al exilio.
Tres años después, en su primer intento formal por reformular abril, el régimen de Nicaragua decretó el 19 de abril como el Día Nacional del Deportista, en honor al boxeador Alexis Argüello, exalcalde sandinista fallecido en circunstancias nunca esclarecidas.
La medida fue acompañada por la creación de la “Premiación Nacional de Cultura Física”, organizada por el Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) y la Coordinadora Nacional de Federaciones Deportivas (CONFEDE), con la clara intención de opacar cualquier conmemoración independiente de la Rebelión de Abril.
Ese mismo mes, el Monitoreo Azul y Blanco registró más de 382 incidentes represivos en el país, incluyendo detenciones arbitrarias y campañas de odio.
“La estrategia de Rosario Murillo y Daniel Ortega no se limita a reinterpretar los hechos: busca reescribir la historia con tinta oficialista. A través de decretos, propaganda y represión, pretenden borrar la memoria colectiva de un pueblo que dijo basta”, señala la fuente.
En abril de 2022, la narrativa oficial se endureció. Rosario Murillo, vicepresidenta y portavoz del régimen, proclamó el 18 y 19 de abril como “el aniversario de las victorias de la paz”.
El 16 de abril de 2023, la Asamblea Nacional, bajo control total del FSLN, sesionó en domingo para aprobar una ley exprés que rebautizó el 19 de abril como el Día Nacional de la Paz. El texto, de apenas tres artículos, instruía a todas las instituciones a promover actividades para “celebrar la alegría de vivir en paz”.
Para el año siguiente, un día no era suficiente. En 2024 el régimen aprobó la Ley 1197, que declara todo abril como el “Mes de la Paz”. Esta normativa impone a las instituciones del Estado, centros educativos y medios oficialistas realizar celebraciones durante todo el mes.
La narrativa del régimen insiste en presentarse como víctima de un supuesto golpe de Estado. Rosario Murillo, en su discurso televisivo del 18 de abril de 2024, declaró: “Vimos la flagrante violación de todos nuestros derechos a manos de torturadores barbáricos (…) de manipulaciones, de rebelión”.
Sin embargo, las investigaciones independientes señalan hacia otra dirección. Un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la OEA, visitó Nicaragua en esos días violentos y concluyó que el régimen de Ortega es responsable de crímenes de lesa humanidad y uso armas de fuego para reprimir a la población, en un informe del período que va del 18 de abril al 30 de mayo de 2018.
“El GIEI pudo comprobar que el Estado recurrió al uso abusivo e indiscriminado de la fuerza para reprimir manifestaciones pacíficas de protesta. Un patrón represivo, que se verificó en distintos momentos y lugares de Nicaragua, fue el uso de armas de fuego, incluyendo armas de guerra, directamente contra los manifestantes. Se pudo comprobar que se usaron cartuchos armados con balas de plomo, cuyos calibres se corresponden con distintos tipos de armas, entre las cuales se encuentran fusiles de guerra”, señala.
“El GIEI considera que numerosos delitos cometidos en el contexto de la represión a las manifestaciones configuran delitos de lesa humanidad. Esto supone ciertas consecuencias, tales como la imprescriptibilidad, la imposibilidad de dictar normas de amnistía o similares que pretendan impedir los juicios o las condenas, la posibilidad de que intervengan tribunales de otros Estados en virtud del principio de competencia universal y hasta la eventual intervención de la Corte Penal Internacional, en caso de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remita la situación a la CPI o de que el propio Estado de Nicaragua acepte la competencia en virtud del art. 12.3 el Estatuto de Roma”, añade el informe de los expertos.
Aun así, este abril de 2025, el parlamento derogó la ley 1197 para aprobar una nueva ley que declara abril como el mes del “Pueblo que defiende la paz”. El contenido es casi idéntico, pero el cambio de nombre respondía a la necesidad de dotar al relato oficial de un aire heroico.
“Vamos hacia ese abril, bendito (…) abril para renacer, para reverdecer con la fuerza del alma (…) Así es como hicimos frente al sacrilegio de los cualquiera (…) Aquí no se vende nadie, aquí no se rinde nadie”, sentenció Rosario Murillo, el 18 de abril pasado.
La maquinaria estatal desplegó marchas organizadas por empleados públicos, caravanas de la Policía Nacional, y la presencia de encapuchados en actividades partidarias.
“En una muestra de unidad, compromiso y respaldo a la paz que vive Nicaragua, miles de ciudadanos participaron este 22 de abril en una caminata multitudinaria que partió desde Plaza de Las Victorias y recorrió las principales avenidas de la capital”, informó la plataforma oficialista 19 Digital, en una nota que acompañó con la foto de un grupo de encapuchados, uniformados con camisas blancas y portando banderas del Frente Sandinista y Palestina.
Del otro lado, también se recordó abril. Ante la imposibilidad de realizar cualquier manifestación en Nicaragua, en ciudades como San José, Costa Rica; Miami, Estados Unidos; y Madrid, España, la diáspora nicaragüense organizó vigilias, foros, documentales y actos religiosos en honor a los caídos.
“Cada decreto, cada celebración impuesta, cada discurso inflamado forma parte de una operación de control de la verdad, donde la historia ya no es una construcción colectiva, sino un dogma impuesto desde arriba. Pero la memoria, como el agua, siempre encuentra grietas por donde filtrarse”, concluye el opositor citado.
Con un férreo control policial, las calles en Nicaragua ya no protestan, pero las redes sociales se inundaron de mensajes recordando la rebelión de abril 2018. “Para los nicaragüenses el mes de abril evoca valentía, unidad nacional y sueños de libertad. En abril de 2018 la dictadura quedó derrotada por su miedo y su brutalidad. Abril nos asegura que Nicaragua será libre y que muy pronto volveremos a la patria. #AbrilVive”, expuso el Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, monseñor Silvio José Báez, desde el 2019 en el exilio.
