Las declaraciones del alcalde de Pitalito, Yider Luna, en las que exigió máxima severidad a la fuerza pública frente a la delincuencia y afirmó que “el único destino es la cárcel o el cementerio” para las personas que cometen delitos, motivaron una respuesta categórica de la Defensoría del Pueblo. El organismo advirtió que este tipo de afirmaciones legitiman la violencia y desconocen las normas constitucionales que regulan el uso de la fuerza en Colombia.
“Aquí tampoco podemos ser tolerantes, aquí tampoco podemos ser débiles a la hora de actuar en contra de la delincuencia. Y si un delincuente no tiene piedad con las víctimas, si un delincuente no tiene piedad con quienes salen a trabajar y salen a ganarse la vida… pues les pido que las autoridades tampoco lo tengan”, expresó el mandatario en una rueda de prensa con medios locales.
En ese contexto, Luna mencionó un hecho ocurrido en el corregimiento de Bruselas, en el área rural de Pitalito, donde miembros de la fuerza pública respondieron a un intento de sicariato. El mandatario sostuvo que, en esas circunstancias, resulta necesario “apretar el gatillo contra la delincuencia”, y reiteró su llamado a las autoridades para actuar sin indulgencia.
Estas declaraciones se produjeron durante una rueda de prensa dedicada a la seguridad en la región, que enfrenta una ola de delitos como hurtos, homicidios y atracos. La presencia de bandas que operan en motocicletas sin placas y portan armas de fuego ha tenido un impacto notable. Uno de los hechos más recientes involucró a dos personas que irrumpieron en un centro comercial del centro de la ciudad y sustrajeron dinero y objetos de valor a plena luz del día.
A pesar de esta situación, Luna destacó que hay una reducción en delitos de alto impacto en comparación con el año anterior: homicidio intencional (-31%), hurto de motocicletas (-14%) y hurto a personas (-35%). “Nuestra meta es reducir la ilegalidad y devolverle la tranquilidad a los ciudadanos”, declaró el alcalde.
La Defensoría rechazó declaraciones del alcalde de Pitalito
Luego de las declaraciones del mandatario, la Defensoría del Pueblo publicó este sábado 4 de octubre un comunicado en su cuenta oficial de X, en el que rechaza las sugerencias del alcalde. El organismo afirmó que “la pena de muerte en Colombia está prohibida. Estas declaraciones incitan a la violencia y la legitiman, dejando de lado las vías constitucionales de justicia y uso regulado de la fuerza”.
La institución también respaldó el llamado de la Personería Municipal de Pitalito y recordó la obligación de que las autoridades fundamenten sus declaraciones y acciones en el “respeto por las garantías constitucionales de toda la ciudadanía, sin distinción alguna”.
La Defensoría del Pueblo recordó la obligación de que las entidades estatales encargadas de investigar, capturar y judicializar a los presuntos responsables de delitos fortalezcan su accionar, “ciñéndose en todo momento al postulado del respeto irrestricto a los derechos humanos”.
“Respaldamos y nos unimos al llamado realizado por parte de la Personería Municipal de Pitalito para que los pronunciamientos y las actuaciones de las autoridades se enmarquen siempre en el respeto por las garantías constitucionales de toda la ciudadanía”, agregó la entidad.
El comunicado también insistió en que cualquier llamado o reacción de funcionarios públicos no puede fomentar discursos de odio ni violencia hacia quienes cumplen deberes constitucionales relacionados con la protección y promoción de los derechos humanos.
La discusión pública en Pitalito se produce mientras la ciudad enfrenta el desafío de reforzar la seguridad, reducir los delitos y garantizar el respeto por los derechos fundamentales de la población. Ante la controversia desatada, queda expuesto el debate entre la necesidad de respuestas contundentes frente a la criminalidad y la preservación del marco legal y constitucional que rige la acción de las autoridades en Colombia.
