En poco menos de un mes, el plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación destituiría al nefasto juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, imputado por extorsión, concusión, prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público y allanamiento ilegal. Si se concreta este paso, que fuentes del Consejo de la Magistratura dan como un hecho, el magistrado será detenido. Ya no tendrá los fueros que lo protegen y se podrá hacer efectiva la prisión preventiva que dictó el juez federal Eduardo Rodríguez Da Cruz el mes pasado.
Una semana después de que se concretara la imputación formal contra Bailaque, integrantes de la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura pidieron la transcripción de las audiencias que se realizaron el 21 de noviembre de 2024, el 18 de marzo y el 30 de abril último. Luego de que fuera acusado por los fiscales federales de Rosario, el Consejo de la Magistratura tomó envión para analizar el caso, después de que esa comisión, encargada de hacerlo, no se reuniera desde diciembre pasado. Los argumentos de miembros de ese cuerpo indican que la baja de dos integrantes de esa comisión, por el fallecimiento de Héctor Recalde y la renuncia de Miguel Piedecasas, provocó estas demoras. Otra visión que contrasta con este argumento es que especularon con que la causa judicial contra Bailaque avanzara para que estuviese más clara y concreta la posibilidad de su destitución.
Una de las claves para que quedara imputado fue la declaración como arrepentido del exjefe de ARCA Rosario Carlos Vaudagna, que reconoció que, junto con Bailaque y con el financista Fernando Whpei –este último detenido anteayer–, extorsionaron al empresario Claudio Iglesias, en 2019. La maniobra, que se gestó en el quincho del edificio del magistrado, tenía dos objetivos. Por un lado, sacarle dinero a Iglesias, a quien –según declaró– Whpei le había pedido 200.000 dólares para “ayudarlo” a que no avanzara una causa en la ex-AFIP por lavado de dinero. Ese expediente se había originado con un mensaje anónimo falso que ingresó al organismo recaudador y que el mismo día fue enviado al Juzgado Federal Nº4, a cargo de Bailaque, para que se iniciara una investigación. Decía que Iglesias lavaba dinero narco de Los Monos. Se supo que el objetivo era perjudicar a Iglesias en su carrera en la compañía San Cristóbal Seguros, donde aspiraba a ser presidente del directorio. Los dos objetivos se cumplieron en parte. El empresario renunció a la empresa aseguradora y pagó unos 120.000 dólares para que la investigación judicial se detuviera. Whpei le prometió que sería sobreseído, pero, luego de un tiempo, el magistrado, sin ninguna evidencia, dictó la falta de mérito.
Paralelamente, Bailaque está acusado en otras causas. Una de ellas es por las sospechas que existen de favorecer al jefe narco rosarino Esteban Lindor Alvarado. El juez demoró varios meses en autorizar escuchas telefónicas contra este narcotraficante, algo que había pedido la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). A esto se suma lo revelado por LA NACION el 12 de junio último, cuando publicó que el contador Gabriel Mizzau le llevaba las cuentas personales al magistrado y también a las empresas del narco Alvarado. Incluso, Sebastián Mizzau, hijo del contador, entró a trabajar en el juzgado de Bailaque y, entre sus funciones, tenía la de seguir el expediente por lavado de dinero de Alvarado.
Al juez se lo acusa, además, de haber cedido a Whpei –quien confesó ser su amigo– el manejo de los fondos que estaban intervenidos de la Cooperativa de Estibadores de Puerto General San Martín. La mutual del Grupo Unión, de Whpei, manejó durante más de un año más de 10.000 millones de pesos que pertenecían a esa entidad, que estaba bajo intervención, luego de que quedara detenido el dirigente Herme Juárez por lavado de dinero.
Las maniobras detectadas por los fiscales, que llevaron a que el juez Rodrigues Da Cruz dispusiera la prisión preventiva de Bailaque dejaron al descubierto los altos niveles de impunidad que reinaron en Rosario, donde la violencia narco que golpeó a esa ciudad tiene marcadas raíces en la complicidad de otros sectores por fuera del mundo narco.
En las próximas semanas, los fiscales imputarán al financista Whpei, un hombre poderoso de Rosario, dueño del llamativo Museo de la Democracia, en pleno centro rosarino, donde varias veces estuvo Alberto Fernández, antes de ser presidente, porque era abogado personal del financista, quien enfrentó varias causas judiciales.
Los hermanos Guillermo y Fernando Whpei están al frente del grupo Unión, que nuclea varias mutuales, entre ellas, la de Jubilados y Pensionados. También gerenciaron varios medios de comunicación, como Radio Rivadavia, LT3 y el diario El Cordillerano. Se sospecha que financiaron campañas políticas de varios sectores, incluso antagónicos ideológicamente, como La Cámpora y un sector de Juntos por el Cambio.
Si se concreta la demorada destitución de Bailaque, marcará un avance y pondrá un poco de luz en medio de la preocupante oscuridad en la que quedó sumida Rosario durante tanto tiempo y que permitió que el narcotráfico avanzara en las instituciones hasta penetrar en las más altas esferas. Este caso puede marcar una bisagra de cara al futuro, luego de que la violencia extrema que azotaba las calles se descomprimió durante el último año.
