Advirtió que el nuevo esquema profundiza desigualdades regionales y reclamó su tratamiento en el Congreso

La diputada nacional Jimena López, del Frente Renovador, alertó sobre el impacto del nuevo esquema tarifario impulsado por el Gobierno nacional, al que calificó como un “impuesto encubierto” incorporado en las boletas de electricidad y gas. Según explicó, la modificación no solo careció de debate parlamentario, sino que además profundiza las desigualdades regionales, afectando con mayor fuerza a los usuarios del NEA, el NOA y las zonas frías del país.
La legisladora sostuvo que, lejos de tratarse de un simple reordenamiento de subsidios, la medida implica un doble cobro por infraestructura energética que ya se encuentra contemplado en las tarifas vigentes. En ese sentido, apuntó directamente contra la Resolución 484/2025 de la Secretaría de Energía, que establece que los hogares que queden fuera del régimen de subsidios no pagarán únicamente el costo real de la energía, sino el 103,4% de ese valor, bajo el argumento de financiar infraestructura.
“Eso no es una tarifa: es un impuesto dentro de la boleta”, afirmó López, al subrayar la falta de claridad y transparencia del nuevo esquema. De acuerdo con su análisis, más de tres millones de usuarios residenciales se verán perjudicados, en especial aquellos que viven en regiones donde el consumo energético es estructuralmente más alto por razones climáticas y geográficas.
En el NEA y el NOA, explicó, las altas temperaturas obligan a un uso intensivo de la electricidad durante gran parte del año, mientras que en las zonas frías el consumo de gas o energía eléctrica para calefacción resulta indispensable para atravesar el invierno. Sin embargo, el nuevo esquema fija topes de consumo y criterios homogéneos de subsidios que no contemplan estas realidades, empujando a miles de hogares a perder el beneficio y afrontar facturas sensiblemente más elevadas.
López señaló que la denuncia surge de un trabajo técnico realizado por su equipo especializado en tarifas energéticas y por la Fundación Encuentro. “Si no hay gente mirando todos los días el Boletín Oficial y analizando resoluciones, estas cosas pasan sin ruido”, advirtió. En ese marco, explicó que el nuevo ítem incorporado en la boleta, denominado “fondo fiduciario para el transporte eléctrico federal”, representa un recargo adicional del 3,4%, pese a que los costos de infraestructura ya están incluidos en las tarifas actuales y a que ese fondo fue disuelto meses atrás por el propio Gobierno.
“No solo pagaríamos dos veces, sino que encima esos recursos no se están utilizando en inversiones reales, porque la obra pública energética está paralizada”, remarcó la diputada. Para la legisladora, el trasfondo de la medida responde a una mirada centralista que diseña políticas energéticas desde el Área Metropolitana de Buenos Aires sin atender las profundas desigualdades territoriales del país, donde las condiciones climáticas y el acceso a distintas fuentes de energía son muy diferentes.
Además, cuestionó el mecanismo elegido por el Ejecutivo para avanzar con la resolución, basado en una consulta pública online, no vinculante y de escasa difusión. “Este tipo de decisiones tienen que pasar por audiencias públicas y por el Congreso. Estamos hablando de un impuesto que impacta directamente en el bolsillo de la gente”, sostuvo.
En su análisis, los principales beneficiados por el nuevo esquema serían el propio Gobierno nacional, que recauda fondos sin volcarlos a obras, y las grandes empresas energéticas, mientras que el ajuste vuelve a recaer sobre los hogares, los pequeños comercios, los clubes de barrio y las economías regionales.
Finalmente, Jimena López insistió en la necesidad de construir una respuesta política y federal que frene la aplicación de la medida. “Esto no pasó por el Congreso y tiene que pasar. Las provincias deben llevar este reclamo a ambas cámaras y poner un límite”, concluyó, al advertir sobre el riesgo de que las tarifas se conviertan en una herramienta de recaudación encubierta que profundice aún más las desigualdades sociales y territoriales.
