NUEVA YORK.– El presidente Donald Trump y sus principales asesores han asegurado que los cárteles de la droga representan uno de los peligros más acuciantes para Estados Unidos, y prometieron erradicarlos del hemisferio occidental.
El sábado, como parte de ese esfuerzo, Trump señaló que intensificaría su campaña contra los cárteles, y con una publicación en redes sociales dijo que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores debería considerarse “CERRADO EN SU TOTALIDAD”.
Menos de 24 horas antes, también a través de las redes, Trump había anunciado el otorgamiento de un indulto plenario a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, condenado en Estados Unidos por narcotráfico en una causa considerada una gran victoria judicial contra un exjefe de Estado. El indulto todavía no ha sido oficialmente concedido.
Esas dos publicaciones muestran una notable discordancia en la estrategia del presidente, que por un lado intenta intensificar una campaña militar contra el narcotráfico mientras ordena la liberación de un hombre ya condenado que, según la fiscalía, había recibido “sobornos provenientes de la cocaína y protegido la droga de los cárteles con todo el poder y la fuerza del Estado: el ejército, la policía y el sistema judicial”.
De hecho, la fiscalía aseguró que durante años el expresidente Hernández permitió que ladrillos de cocaína procedentes de Venezuela fluyeran libremente a través de Honduras con destino a Estados Unidos.
Tim Kaine, senador demócrata por Virginia, calificó el indulto de “inadmisible” y aseguró que las acciones de Trump eran una prueba más de que su estrategia para combatir las drogas ilícitas era “pura cháchara”.
“Esto desmiente de plano la afirmación de que al gobierno realmente le preocupa el narcotráfico, y también obliga a preguntarse lo que realmente pretende con la operación en Venezuela”, apuntó Kaine.
Al gobierno de Trump le viene costando justificar de manera clara su estrategia de acumular tanta presencia militar norteamericana en el Caribe. El presidente ha insistido en que se trata de operaciones antinarcóticos, pero la magnitud de las fuerzas de Estados Unidos desplegadas hoy en la región sugiere que su ambición es mayor. En privado, el presidente ha mostrado interés por las reservas petroleras de Venezuela, y tanto él como sus asesores también han manifestado su deseo de derrocar a Maduro.
En un comunicado, Trump afirmó que había indultado a Hernández porque se lo habían pedido “muchos amigos” y añadió: “Le dieron 45 años de cárcel porque era el presidente del país, y podrían hacérselo a cualquier presidente de cualquier país”. Tras terminar su primer mandato, Trump fue condenado por 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales para ocultar los “pagos de silencio” a la estrella porno Stormy Daniels y así encubrir un escándalo sexual en torno a las elecciones presidenciales de 2016.
“Asegurando la frontera y combatiendo a personas designadas como narcoterroristas que trafican sustancias ilegales que matan a los norteamericanos, el presidente sin duda ha hecho más que nadie para combatir el flagelo de la droga”, dijo a través de un comunicado la vocera de la Casa Blanca, Anna Kelly.
En las últimas semanas, altos funcionarios de gobierno han dejado en claro que la Casa Blanca está centrada en combatir a los cárteles de la droga en el Caribe y Sudamérica.
“Vamos a asegurarnos de que el pueblo estadounidense esté seguro y protegido del crimen transnacional organizado”, declaró a la prensa a principios de este mes Stephen Miller, máximo asesor de Trump. “Venezuela está dirigida por una red narcoterrorista que trafica drogas, armas y personas a Estados Unidos”.
Y poco más de dos horas después del anuncio del indulto de Trump para el expresidente hondureño, el secretario de Defensa norteamericano, Pete Hegseth, publicó en redes sociales que “La cacería de narcoterroristas recién empieza”.
En los últimos meses, y como parte de una campaña cuyo objetivo, según el gobierno, es principalmente frenar el flujo de drogas en la región, Estados Unidos ha reforzado de manera contundente su presencia militar en el Caribe. Desde principios de septiembre, el ejército norteamericano lanzó casi dos docenas de ataques contra embarcaciones que supuestamente transportaban drogas y dónde murieron más de 80 personas. Sin embargo, La Casa Blanca aún no ha dado pruebas detalladas que respalden sus afirmaciones.
“Hernández fue condenado por conspirar para ingresar 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos y lo indultaron”, dice Tommy Vietor, exvocero del Consejo de Seguridad Nacional durante el gobierno de Obama y actual copresentador del podcast progresista “Pod Save America”. “Mientras tanto, estos desconocidos que podrían ser pescadores o narcotraficantes —no lo sabemos con certeza—, son asesinados en alta mar. Esta política es absurda y flagrantemente ilegal.”
Trump también viene ejerciendo una intensa presión sobre Nicolás Maduro, el autoritario líder de Venezuela, acusándolo de ser el jefe de una organización narco llamada Cártel de los Soles, pero los expertos en temas criminales y narcotráfico en Latinoamérica afirman que esa organización no existe. Trump también ha autorizado a la CIA a realizar acciones encubiertas en Venezuela, y muchos funcionarios de su gobierno afirman en privado que el objetivo del presidente es expulsar a Maduro del poder.
La decisión de indultar a Hernández conmocionó a las autoridades tanto en Honduras como en Estados Unidos. Durante el juicio, los fiscales le habían solicitado al juez que se asegurara de que Hernández, de 57 años, moriría en prisión, y justificaron su pedido en los abusos de poder del expresidente, sus vínculos con violentos traficantes y la “inmensa destrucción” causada por la cocaína. El hondureño fue condenado a 45 años de prisión, y la sentencia se dio en el marco de una causa de drogas más amplia donde varios extranjeros declararon como testigos a favor de la fiscalía.
Para ganarse el favor de Trump, la familia Hernández viene intentando presentar su condena como un caso de persecución política, pero gran parte de esa investigación se llevó a cabo durante el primer mandato de Trump, y uno de los investigadores principales del caso fue Emil Bove III, por entonces fiscal del Distrito Sur de Nueva York y posteriormente uno de los abogados personales de Trump. Y en su segundo mandato, antes de nominarlo como juez de un tribunal de apelaciones, Trump puso a Bove al mando del Departamento de Justicia.
Ricardo Zúniga, exsubsecretario principal adjunto de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, dice que es “bastante evidente” que el involucramiento de Hernández en actividades ilícitas atravesó varios gobiernos norteamericanos.
“Estoy seguro de que muchas personas en el espectro pro-Trump, incluido el sector de las fuerzas del orden y la Justicia, están pasmadas por esta decisión”, dice Zúñiga.
Traducción de Jaime Arrambide
