El enfrentamiento entre el Gobierno y los jueces no es algo nuevo y ya van varios meses en los que sus discrepancias han quedado patentes. Magistrados acusando a los políticos de interferir en su trabajo y políticos asegurando que hay jueces que hacen política, la brecha parece cada vez más amplia.
El último de estas batallas se ha vivido este lunes tras las reuniones que han mantenido las asociaciones de jueces por la mañana y el Ministerio de Justicia por la tarde con la Comisión de Venecia. El tema que han planteado a este organismo es la elección de 12 de los 20 vocales del CGPJ.
Y es que la forma de elegir a los vocales es la siguiente: ocho de ellos son designados por el Congreso y por el Senado, según lo establece la Constitución. La polémica está con los otros ocho, que según la Carta Magna deben ser designados “en los términos que establezca la ley orgánica”.
La última ley de este ámbito fue pactada en verano de 2024 entre PSOE y PP y establece con son estas mismas Cortes las que eligen al resto de vocales, haciendo que los 20 sea designados por las cortes. El Congreso de los Diputados designa a 10 vocales y el Senado a otros 10.
Las dos propuestas de los jueces
Los jueces no están de acuerdo con este sistema, y así se lo han hecho saber a la Comisión de Venecia, pero tampoco consiguen ponerse de acuerdo entre ellos y han presentado dos propuestas: una de las asociaciones conservadoras y otra de las progresistas.
Los primeros se decantan por que sean los “los jueces elijan a los jueces” de manera directa y sin intermediación política y los segundos defienden la misma forma de elección, pero que tenga que tener un aval posterior de las Cortes Generales.
En la reunión, según fuentes citadas por Europa Press, los vocales de cada grupo han explicado a los delegados del Consejo de Europa sus respectivas propuestas. Desde el ala progresista han sostenido que eran recomendaciones similares, porque ambas incluyen un grado de participación de la carrera judicial, si bien los conservadores han replicado que las diferencias son sustanciales.
Durante el encuentro, que ha durado unos 45 minutos, los delegados de la Comisión de Venecia se han interesado por saber qué cambios técnicos implicaría cada reforma, además de cómo afectarían a la percepción de la Justicia entre la ciudadanía.
“La actual regulación lleva al secuestro del CGPJ por parte de los partidos”
Desde el bloque conservador, en concreto la Foro Judicial Independiente, han querido destacar “que la actual regulación lleva al secuestro del CGPJ por parte de los partidos y, por su mediación, al intento de control del nombramiento de esos jueces que preocupan a los políticos, los que van a acabar resolviendo sus problemas de corrupción”.
Como ejemplo han hecho hincapié en que “en España tenemos un problema estructural y no solo de mera apariencia de politización y que es necesario que, a la vez que se permite a los jueces que participemos directamente en la elección de parte de los vocales del CGPJ, se objetiven esos nombramientos de la cúpula judicial mediante un baremo de mérito y capacidad”.
Este bloque se ha centrado explícitamente en que la reforma que defienden “es más necesaria que nunca” ante lo que han definido como “ataques” de Sánchez, que recientemente dijo en una entrevista en ‘TVE’ que hay jueces “haciendo política”.
“Un modelo con total legitimidad democrática”
La reunión mantenida por la tarde en la que participaron el propio ministro de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes y varios funcionarios de este consistorio acabó con unas conclusiones un poco distintas.
Según fuentes de este ministerio, Bolaños ha explicado a la Comisión de Venecia que el sistema actual “es un modelo con total legitimidad democrática” que se basa en “el consenso, la garantía de la independencia judicial y la participación de la Carrera Judicial”, ya que los 12 vocales de turno «se eligen por el Congreso de entre una lista propuesta por jueces y magistrados“.
Ha recordado que “no existe un modelo universal de elección de los miembros del órgano de gobierno de los jueces (de hecho, en Alemania o Suecia no hay CGPJ ni un órgano similar)”, por lo que “es fundamental que cualquier reforma del sistema de elección parta de un consenso amplio, como el de 2001, que actualmente no se da, como prueba el hecho de que el CGPJ, ante la falta de acuerdo entre sus miembros, haya remitido dos propuestas antagónicas”.
También aprovechó la ocasión para hablar de la propuesta de las asociaciones, alertando de que “un sistema corporativo (donde los jueces elijan directamente a 12 de los 20 miembros del CGPJ) sería en realidad un sistema que garantizaría el dominio de determinadas asociaciones conservadoras”.
“Esto es lo que ocurre, por ejemplo, allí donde los jueces eligen directamente a sus representantes: la Comisión de Ética del CGPJ (solo un miembro es de la asociación progresista) y las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia (solo el 3% son de una asociación progresista), donde las asociaciones judiciales copan el 92% de los puestos, pese a representar solo cerca del 50% de la Carrera”, ha criticado.
