Petroecuador anunció la desvinculación de 70 trabajadores públicos como parte de un proceso técnico orientado a eliminar distorsiones salariales dentro de la empresa estatal. La medida, según el comunicado oficial, permitirá un ahorro anual de USD 1,71 millones y responde a la necesidad de poner fin a los denominados “sueldos dorados”, que durante años beneficiaron a ciertos funcionarios con salarios excesivos y fuera de proporción.
La empresa explicó que esta acción forma parte de un análisis exhaustivo de las estructuras remunerativas vigentes, en el que se identificaron casos de personal sobrevalorado cuyos ingresos superaban hasta en un 100% los montos estipulados para sus cargos en la tabla salarial oficial. En algunos casos, señala el comunicado, las remuneraciones mensuales llegaron a superar incluso los sueldos de gerentes y subgerentes, contraviniendo los principios de proporcionalidad, equidad y uso responsable de los recursos públicos.
El recorte se enfocó en eliminar estas distorsiones, sin afectar los derechos laborales establecidos en la normativa vigente, según indicó la empresa. Petroecuador aseguró que el proceso se llevó a cabo respetando estrictamente la ley y excluyendo de manera expresa a grupos prioritarios como personas con discapacidad, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, personas con enfermedades catastróficas y personal sustituto debidamente calificado.
La revisión y reestructuración del personal tuvo como objetivo corregir desviaciones estructurales que, según la empresa, permitieron durante años que algunos trabajadores se beneficiaran de una asignación salarial muy superior al valor real de sus funciones. Las partidas sobrevaloradas fueron totalmente eliminadas. “Esta medida técnica representa un paso firme hacia una administración más justa y equilibrada en la empresa”, indica el documento.
Petroecuador insistió en que la desvinculación del personal no afectará las operaciones estratégicas ni la continuidad de los proyectos en marcha. Las funciones desempeñadas por los 70 trabajadores serán cubiertas por personal con perfiles equivalentes, en cumplimiento del Manual Orgánico Integral vigente, lo que implica una redistribución del talento humano sin comprometer la eficiencia operativa.
El comunicado no especifica los nombres de los funcionarios desvinculados ni detalla los cargos que ocupaban. Tampoco aclara si alguno de ellos ha sido observado en auditorías internas previas o si existían procesos disciplinarios en curso. Sin embargo, la empresa se ha limitado a señalar que los casos fueron identificados como parte de una revisión técnica de los niveles salariales y que los salarios desproporcionados estaban en contradicción con los valores máximos autorizados.
El problema de los llamados “sueldos dorados” en las empresas públicas de Ecuador no se limita a Petroecuador. Una investigación de Primicias, de 2024, reveló que en la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) existen al menos 125 empleados que perciben ingresos mensuales de entre USD 5.072 y USD 13.171, cifras que en muchos casos superan incluso el salario del presidente de la República. Estos montos no corresponden únicamente al salario base, sino que se elevan por una serie de beneficios contemplados en el contrato colectivo, como subsidios por antigüedad, subsidios familiares y bonificaciones adicionales por años de servicio.
Según ese informe, hasta abril de 2024, más de 1.100 empleados de CNEL recibían beneficios que duplicaban o triplicaban sus salarios. Uno de los casos más llamativos es el de un líder de servicio al cliente en Guayaquil que, gracias a 41 años de trabajo en la empresa, recibe un subsidio de antigüedad superior a USD 7.600, que sumado a su sueldo base, subsidio familiar y bono de supermercado, alcanza una remuneración mensual de USD 13.171 dólares.
Según Primicias, solo el subsidio por antigüedad representa un gasto de USD 68,4 millones de dólares anuales para CNEL, a lo que se suman subsidios familiares, bonos de supermercado, transporte, préstamos estudiantiles, préstamos de consumo y otros beneficios extraordinarios.
Este contexto ha encendido el debate sobre la sostenibilidad y equidad del régimen salarial en las empresas estatales. Entre 2018 y 2022, CNEL destinó más de USD 344 millones al pago de beneficios derivados del contrato colectivo.
