CÓRDOBA.- A 30 años de la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero, que dejó siete muertos y 300 heridos, el gobierno de Javier Milei acató el año pasado la orden judicial y empezó a pagar las indemnizaciones a los damnificados. De las alrededor de 8.000 en carpeta, cobraron 196 personas. El pago se hace en bonos y de alrededor de $8 millones para cada uno.
La diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning (JxC), oriunda de Río Tercero, plantea su preocupación por las demoras en los pagos y, además, a punto de dejar su banca -termina su mandato en diciembre- señala que hace más de dos años impulsó un proyecto para instituir el 3 de noviembre como “Día de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del atentado a Fábrica Militar”. “Nunca he logrado que se trata. Entiendo que es necesario que se instituya de la misma manera que existe, por el ejemplo, un día por el atentado a la Amia”, apunta.
En lo que hace a las indemnizaciones, su pago está contemplado en la ley 27.179 sancionada por el Congreso en 2015, que recién fue reglamentada tres años después. La Justicia determinó que el hecho fue intencional para encubrir un faltante de armas para venderlas a Ecuador y Croacia, durante el gobierno de Carlos Menem (el juicio al expresidente estaba previsto para días después de su muerte). Las condenas cayeron sobre mandos medios.
Un informe del Ministerio de Defensa al que accedió LA NACION señala que desde 2018 y hasta 2023, de los casi 10.000 casos presentados sólo se pagaron 50 beneficios en el gobierno de Alberto Fernández. El reporte sostiene que como el decreto 596/23 que firmó el presidente Javier Milei apenas asumió para pagar las indemnizaciones, “se implementó sin asignación presupuestaria” para cubrir ese financiamiento se necesitó de “una reingeniería de los escasos recursos disponibles en el marco de la prórroga presupuestaria vigente”.
El documento señala que hubo reuniones de trabajo con Economía, Fabricaciones Militares y la Procuración del Tesoro de la Nación, para “aunar criterios respecto del abordaje de la situación judicial y del tratamiento y resolución de los trámites administrativos”.
El reporte da cuenta de que siguen trabajando para seguir avanzando en el pago. Defensa destaca que “en tan sólo un año nuestra gestión regularizó alrededor de 9.800 expedientes por reclamos. Duplicando en tiempo récord y hasta la fecha (NR: octubre) la cantidad de 94 casos resueltos”.
También repasa que, al inicio de la gestión, se identificaron un total de 11.942 expedientes relacionados con reclamos administrativos, se determinó que 2.748 “estaban vinculados a la misma persona pero por otro rubro de reclamo, siendo que en una primera etapa se vincularon 1935 expedientes y en una segunda etapa 813”. Finalmente se consolidó un total de 9.847.
Siempre según ese relevamiento, 6.117 estaban sin movimientos desde el 29 de diciembre de 2022 y 499 desde el 1 de noviembre de 2023. “La inacción obedece a diversas causas: falta de poder legar para actuar sobre el expediente, inactividad de la administración, ausencia del control adecuado sobre la documentación inicial (DNI) y falta de comunicación integrada entre las áreas técnicas involucradas en la gestión”, describe el informe.
