El dinero se ha consolidado como un factor determinante en la política colombiana, especialmente en la financiación de campañas electorales. En el caso del Centro Democrático, los cinco precandidatos presidenciales cuentan con patrimonios sólidos y una red de apoyos empresariales que les permite afrontar la contienda interna con recursos considerables.
Una reciente investigación de la revista Cambio reveló cómo estos aspirantes han construido sus fortunas, quiénes respaldan sus campañas y cuáles son los posibles conflictos de interés que surgen en el camino hacia la Casa de Nariño.
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La financiación privada y las donaciones empresariales han sido históricamente el motor de las campañas políticas en Colombia. Este modelo facilita la llegada de los candidatos a los territorios y la movilización de votantes, también puede abrir la puerta a excesos y a la superación de los topes legales de gasto.
En la etapa previa a la campaña presidencial, conocida como “periodo gris”, los precandidatos no están obligados a reportar sus gastos, lo que dificulta la transparencia y el control sobre el origen de los recursos.
En este contexto, los cinco aspirantes del Centro Democrático —Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Andrés Guerra y Miguel Uribe Londoño— destacan por sus patrimonios elevados, sus negocios prósperos y sus conexiones con el sector empresarial. Cambio revisó las declaraciones de renta, los reportes de conflicto de interés y los registros de financiación de campañas para trazar el perfil económico de cada uno.
Paloma Valencia, actual senadora y nieta del expresidente Guillermo León Valencia, figura entre las más adineradas del grupo. De acuerdo con su declaración de renta de 2023, su patrimonio líquido asciende a 2.996 millones de pesos, con deudas por 534 millones. Sus ingresos anuales, según la declaración de conflicto de interés de 2024, suman 985 millones de pesos, provenientes de salario, cesantías, arriendos y otros conceptos.
Valencia posee varios inmuebles en Bogotá e Ibagué, así como cuentas de ahorro en Colombia y Estados Unidos. Aunque no participa en sociedades ni juntas directivas, sí reporta familiares con intereses empresariales, como sus suegros, vinculados a la Clínica Barraquer y a una editorial, y su cuñada, representante legal de un laboratorio químico.
Esta situación cobra relevancia dado su papel como opositora a la reforma a la salud impulsada por el Gobierno. En la campaña al Congreso de 2022, Valencia gastó 714 millones de pesos, de los cuales 573 millones provinieron de donaciones y créditos de particulares, incluyendo aportes de empresas como Colombina, Arrocera La Esmeralda, Riopaila, Manuelita y Tecnoquímicas.
“Lo hemos financiado con recursos propios y con donaciones de algunos amigos. Sin embargo, en la contienda interna que terminará en diciembre o enero, requeriremos más recursos para una campaña principalmente digital, porque nuestras condiciones de seguridad han empeorado”, explicó Valencia al diario nacional.
Por su parte, María Fernanda Cabal, reconocida por sus posturas firmes dentro del partido, reportó en su declaración de renta de 2021 un patrimonio líquido de 2.856 millones de pesos y deudas por 92 millones. Sus ingresos, según la declaración de conflicto de interés de 2023, alcanzaron los 442 millones de pesos por salario, 37 millones por cesantías y 23 millones por arriendos.
Cabal es propietaria de varios inmuebles, entre ellos uno en Barranquilla y ocho en Bogotá, con un valor total de 2.401 millones de pesos, además de inversiones por 39 millones. Participa en las juntas directivas de empresas familiares dedicadas a inversiones inmobiliarias, turismo, ganadería y agroindustria.
Su esposo, José Félix Lafaurie, lidera la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan), y sus hijos también están vinculados a actividades empresariales. En la campaña de 2022, Cabal invirtió 1.200 millones de pesos, de los cuales 834 millones correspondieron a donaciones y créditos de particulares, y 264 millones a aportes propios. Entre los donantes figuran empresas como Garantimotos SAS, Riopaila y JGB.
Andrés Guerra, que consolidó su carrera política en Antioquia, reportó en 2023 un patrimonio líquido de 2.313 millones de pesos y deudas por 995 millones. Sus ingresos anuales, según la declaración de bienes y conflicto de interés de 2024, sumaron 1.352 millones de pesos, con una parte significativa proveniente de actividades privadas en el sector ganadero.
Guerra es propietario de dos inmuebles en Rionegro, Antioquia, y de bienes muebles valorados en 661 millones de pesos. En la campaña al Congreso de 2022, destinó 581 millones de pesos, de los cuales 290 millones fueron recursos propios y 291 millones correspondieron a créditos y donaciones, principalmente de personas naturales y de la empresa Inversiones Quimbayito S.A.
Tras la campaña, Guerra quedó con una deuda de 165 millones de pesos, lo que llevó al embargo de parte de su salario. No obstante, aseguró a Cambio que espera saldar esa deuda en el corto plazo y que su campaña presidencial también se financiará con recursos propios.
“Mis ingresos provienen de un trabajo juicioso en el sector privado rural con su familia y que tienen que ver con la ganadería, la lechería, entre otros”, afirmó a Cambio.
Paola Holguín, senadora y cercana al expresidente Álvaro Uribe Vélez, es la precandidata con el menor patrimonio líquido del grupo, aunque no la que menos recursos destinó a su campaña.
Según su declaración de renta de 2023, su patrimonio asciende a 1.490 millones de pesos, con deudas inferiores a 36 millones. Sus ingresos, de acuerdo con la declaración de 2025, sumaron 399 millones de pesos por salario y 296 millones por cesantías y gastos de representación.
Holguín posee seis inmuebles en Antioquia y el área metropolitana de Medellín. No reporta conflictos de interés ni participación en juntas directivas, y no tiene actividades económicas privadas. En la campaña al Congreso de 2022, gastó 628 millones de pesos, de los cuales 468 millones provinieron de donaciones y créditos de particulares, incluyendo aportes de empresas como Distracom S.A., Greenland Investments S.A.S. y Minerales Santa Ana Colombia S.A.S. La senadora quedó con una deuda de 188 millones de pesos tras esa contienda.
Miguel Uribe Londoño, el más reciente en sumarse a la competencia interna, presenta un perfil público destacado, pero carece de información financiera disponible, ya que no ha ocupado cargos públicos en los últimos años. Sin embargo, miembros del partido señalaron al diario nacional que cuenta con el respaldo de empresarios como Manuel Santiago Mejía, presidente del grupo Corbeta.
Uribe Londoño ha sido secretario económico de la Presidencia, senador y directivo de gremios empresariales, además de fundador del Centro Democrático.
