La Fiscalía de Brasil ha pedido este martes la condena para todos los acusados por el intento de golpe de Estado tras la victoria electoral del presidente actual, Luiz Inácio Lula da Silva, incluido contra su predecesor, Jair Bolsonaro, en la primera vista del juicio por un evento que ha calificado de «atroz y siniestro». Así, ha considerado «imperativo» castigar a los ocho señalados en esta causa.
«Los actos que conforman el atroz y siniestro panorama de la denuncia constituyen atentados de gran trascendencia contra las instituciones democráticas. No pueden ser tratados como actos de menor importancia, como ensoñaciones utópicas, como aventuras irreflexivas, ni como actos imprudentes que con el tiempo se reduzcan a un plan placentero de las meras curiosidades irreverentes de la vida nacional», ha defendido el fiscal general del país latinoamericano, Paulo Gonet, durante una sesión recogida por la agencia brasil de noticias.
En su alegato ante el Tibunal Supremo, ha advertido de unos hechos «que deben considerarse graves mientras queramos mantener la existencia de un Estado democrático de derecho».
Gonet ha afirmado que «ninguna medida jurisdiccional, sin embargo, tiene valor contra la usurpación del poder por la fuerza bruta», si bien ha agregado que «la defensa del orden democrático encuentra espacio en el derecho democrático para reafirmarse, fortalecerse y dignificarse cuando el ataque iniciado en su contra no se materializa».
En este sentido, el fiscal ha señalado que «actúa como elemento disuasorio contra los intentos de golpe de Estado y expone la tenacidad y la determinación de los ciudadanos para mantener la vida pública, inspirados en la importancia de los derechos fundamentales y la constancia de las opciones esenciales en materia de convivencia política».
En concreto, Bolsonaro y los otros implicados en la trama están acusados por abolición violenta del Estado democrático de Derecho e intento de golpe de Estado, delitos contemplados en el artículo 359 del Código Penal por el que podrían enfrentarse a penas de entre tres y 12 años de prisión.
Asimismo, otros cargos por los que se les acusa son participación en una organización criminal armada, que contempla penas de tres a ocho años de cárcel; daños a la propiedad pública, por el que pueden ser condenados a penas mínimas de seis meses a tres años y deterioro del patrimonio, que contempla condenas de uno a tres años.
En caso de ser declarado culpable, el expresidente Bolsonaro, actualmente en arresto domiciliario con tobillera electrónica, podría enfrentar penas de más de 40 años de prisión, además de ser inhabilitado de forma indefinida para ocupar cargos públicos.
Además del líder ultraderechista, el exministro de Defensa Walter Braga Netto y el exministro de Justicia Anderson Torres, también están acusados el diputado y exjefe de la Inteligencia durante el mandato de Bolsonaro, Alexandre Ramagem; el excomandante de la Marina Almir Garnier; el exjefe de Seguridad Augusto Heleno y el extitular de Defensa Paulo Sergio Nogueira.
