La Fiscalía de Colombia ha presentado este lunes un recurso contra la condena de doce años de arresto domiciliario al expresidente del país Álvaro Uribe –que cumple desde hace poco más de una semana– por soborno de testigos en actuación penal y por fraude procesal, al considerar que la sentencia se basa en «conjeturas».
El organismo ha pedido así al Tribunal Superir de Bogotá que revoque la pena contra el exmandatario en un documento de 81 páginas presentado por el fiscal Bladimir Cuadro Crespo, en el que defiende que el fallo emitido por la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda se fundamenta en «conjeturas» y «no en evidencia contundente que desvirtúe la presunción de inocencia».
«Los errores en la apreciación de la prueba (…) llevaron a la indebida aplicación de la figura de la determinación (artículo 30) y lo relativo a la tipicidad (artículos 10, 444A y 453 del Código Penal), así como a la falta de aplicación del artículo 7 de la Ley 906 de 2004, lo que necesariamente debió resultar en la absolución del procesado», recoge el escrito.
El magistrado ha considerado además que la sentencia en primera instancia contra Uribe no pudo establecer que éste «tuviera el grado de conocimiento exigible para atribuirle la presunta responsabilidad» en los hechos de los que se le acusa, alegando que el proceso «no se ocupó de examinar detalladamente este aspecto medular para cada uno de los episodios» que llevaron al exdirigente colombiano ante la justicia.
Además de la prisión domiciliaria, que cumple desde hace una semana, Uribe ha sido condenado a una inhabilitación por más ocho años y al pago de una multa de más de 3.444 millones de pesos, equivalente a 2.420 salarios mínimos (alrededor de 720.700 euros).
La jueza considera que el exmandatario de 73 años, quien ha negado en todo momento los hechos alegando ser víctima de una persecución política, instigó a emisarios para que manipularan a testigos en las cárceles del país con el objetivo de favorecerse con sus testimonios. Según la investigación, el abogado Diego Cadena habría intentado ofrecer beneficios a varios exparamilitares para cambiar su versión sobre supuestos vínculos del expresidente y su hermano, Santiago Uribe, con el paramilitarismo.
El caso comenzó en 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda, asegurando que este había recorrido las cárceles del país para presentar falsos testimonios en su contra sobre el surgimiento del paramilitarismo en la región de Antioquia.
Sin embargo, tras la aportación de pruebas, varias versiones indicaron que los abogados del expresidente buscaban manipular a testigos para que apuntaran a Cepeda, por lo que este último pasó de acusado a víctima, al contrario que Uribe, demandante, quien se convirtió en investigado.
