La petición de la Fiscalía de Novi Sad de que los imputados permanezcan en prisión preventiva se fundamenta en el presunto riesgo de que algunos reincidan en delitos similares y en la preocupación por el impacto que la indignación social podría tener en el proceso judicial si los sospechosos permanecen libres. La tragedia de la estación de tren, ocurrida el 1 de noviembre de 2024 y en la que murieron 16 personas, ha provocado un ambiente de fuerte tensión y múltiples movilizaciones, mientras la opinión pública y la oposición denuncian falta de transparencia en la gestión gubernamental.
De acuerdo con lo publicado por la televisión pública serbia RTC, la Fiscalía de Novi Sad ha presentado cargos graves contra trece individuos, entre los que se encuentran el exministro de Construcción, Infraestructura y Transporte, Goran Vesic, y la exdirectora de Ferrocarriles, Jelena Tanaskovic. El ministerio público sostiene que los implicados permitieron el uso de la estación a pesar de que las obras de renovación no concluyeron adecuadamente ni contaban con el obligatorio permiso de utilización. La acusación también resalta la ausencia de un mantenimiento previo suficiente y la existencia de irregularidades durante la fase de diseño y ejecución de los trabajos de renovación.
El colapso de la marquesina de la estación no solo generó un fuerte impacto por el elevado número de víctimas, sino que se transformó en un referente de descontento frente a la gestión gubernamental y, en particular, en torno a la transparencia de los proyectos de infraestructura pública. Según consignó la televisión pública RTS y otros medios serbios, las autoridades judiciales han propuesto, además de la prisión preventiva, que todos los acusados enfrenten la prohibición de desempeñar cargos, actividades o funciones similares, así como la obligación de reintegrar íntegramente las costas derivadas del proceso penal.
Las manifestaciones en respuesta a la tragedia comenzaron al poco tiempo del derrumbe y se han sucedido en distintos puntos de Novi Sad desde noviembre de 2024. Diversos sectores de la sociedad serbia consideran que factores como la corrupción y la mala gestión dentro de las estructuras del Gobierno contribuyeron directamente al accidente. Organizaciones civiles y la oposición han intensificado su presión para que las autoridades pongan a disposición toda la documentación relacionada con el proyecto de reconstrucción de la estación, exigiendo una investigación exhaustiva y transparente sobre las responsabilidades.
A medida que crecen las protestas, la reacción de las autoridades serbias ha incluido respuestas policiales caracterizadas por el empleo de medidas estrictas contra los manifestantes. Según informó la televisión pública serbia, las detenciones durante estos operativos alcanzan varias decenas de personas. Las fuerzas de seguridad justifican su accionar con el argumento de que los manifestantes buscan desestabilizar el gobierno —e incluso han acusado a los organizadores de recibir fondos desde el exterior. Estas acusaciones han suscitado cuestionamientos y críticas por parte de la oposición política y agrupaciones de la sociedad civil, que consideran que la represión responde a un intento de frenar la presión pública y la demanda de esclarecimiento de responsabilidades.
Además de las detenciones, en el mes actual se registraron nuevos episodios de protesta en la Universidad de Novi Sad, donde cientos de personas se reunieron en reclamo de justicia por las víctimas y en demanda de mayor acceso a la información sobre el proceso de renovación de la estación. Los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad, reportados por la televisión pública, han intensificado la percepción de conflicto social en la ciudad y han acentuado la exigencia de respuestas claras sobre la tragedia y la actuación de los responsables.
El proceso judicial en curso y la respuesta oficial ante las protestas han reavivado el debate público sobre la calidad de las obras públicas, el funcionamiento de los mecanismos de control estatal y el acceso a información sobre los grandes proyectos de infraestructura. Según la cobertura de RTC, el hecho de que la Fiscalía cuestione abiertamente la utilización del edificio sin permisos y la falta de mantenimiento previo expone fallos sistémicos en la supervisión estatal y la rendición de cuentas de los responsables políticos y técnicos.
El accidente y sus consecuencias han desencadenado una cadena de demandas por parte de distintas figuras públicas, asociaciones y ciudadanos organizados para que se esclarezcan los hechos y se sancione a los responsables. La tragedia ha puesto en relieve la relación entre la toma de decisiones gubernamentales, la gestión de recursos públicos y el impacto directo en la seguridad de la población, argumentos que la oposición subraya en sus críticas a la administración actual. Según reportó la televisión pública, la insistencia en la publicación de la documentación y la demanda de investigación profundizan la polarización entre las autoridades y la sociedad civil.
La investigación y las medidas preventivas solicitadas forman parte de una estrategia que, desde la perspectiva de la Fiscalía, busca evitar nuevos incidentes similares y restaurar la confianza en las instituciones encargadas de velar por la seguridad pública. Al mismo tiempo, la presión social y las movilizaciones se mantienen como un elemento constante en el escenario local, alimentando el debate sobre la responsabilidad, la transparencia y la eficiencia en la administración de los bienes públicos en Serbia, según se desprende de los reportes de múltiples medios serbios.
