La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) ha afirmado este lunes que las atrocidades cometidas por las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en la capital de la región sudanesa de Darfur Norte, El Fasher, tras tomar la ciudad la semana pasada podrían constituir crímenes de guerra y contra la humanidad.
Así, ha mostrado su «profunda alarma» y «gran preocupación» por las informaciones sobre «asesinatos en masa, violaciones y otros crímenes» achacados a las RSF en la ciudad, que enmarca en «un patrón más amplio de violencia que ha afligido a toda la región de Darfur desde abril de 2023», cuando estalló la guerra entre los paramilitares y las Fuerzas Armadas sudanesas.
«Estos actos, de ser sustanciados, podrían constituir crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad bajo el Estatuto de Roma», ha afirmado en su comunicado, ante las denuncias sobre ejecuciones, violencia sexual y saqueos en la ciudad, actos que han sido en ocasiones publicados por los propios responsables a través de Internet y diversas redes sociales.
En este sentido, ha recordado que tiene jurisdicción sobre crímenes que se cometan en el marco del conflicto en Darfur a la luz de una resolución aprobada en 2005 por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y ha reseñado que «está investigando los crímenes supuestamente perpetrados en Darfur desde el estallido de las hostilidades en abril de 2023».
La Fiscalía del TPI ha hecho hincapié en que «trabaja de forma intensa» para abordar la situación, «incluidos repetidos despliegues sobre el terreno, una profundización de las interacciones con grupos de víctimas y la sociedad civil y un aumento de la cooperación con las autoridades nacionales y las organizaciones internacionales».
De esta forma, ha manifestado que está dando «pasos inmediatos» sobre los supuestos crímenes en El Fasher con el objetivo de «preservar y recopilar las pruebas relevantes de cara a su uso en futuros procedimientos», antes de afirmar que la reciente imputación de un alto cargo de las milicias ‘yanyauid’ –de las que surgieron las RSF– por «crímenes similares» en 2004 supone «una advertencia a todas las partes en el conflicto en Darfur de que habrá rendición de cuentas por estos crímenes atroces».
Naciones Unidas denunció el viernes que entre las «atrocidades» cometidas por las RSF tras hacerse con el control de El Fasher figuran «ejecuciones sumarias, asesinatos en masa, violaciones, ataques contra trabajadores humanitarios, saqueos, secuestros y desplazamientos forzosos», antes de resaltar que las telecomunicaciones «están cortadas» y que la situación «es caótica sobre el terreno».
«Calculamos que el número de muertos entre civiles y otros que no participaban en combates durante el ataque de las RSF a la ciudad y sus rutas de salida, así como en los días posteriores a la toma (del control de El Fasher), podría ascender a cientos», dijo el portavoz de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Seif Magango,
Las RSF –un grupo acusado de numerosas atrocidades en el pasado, seguidas por promesas de rendición de cuentas– han anunciado la detención de varios de sus integrantes, incluido un comandante que apareció recientemente en vídeos sobre la ejecución sumaria de personas en El Fasher, después de que el líder del grupo, Mohamed Hamdan Dagalo, alias ‘Hemedti’, reconociera la existencia de abusos y prometiera una investigación.
La guerra civil de Sudán estalló a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.
El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.
