La investigación por corrupción en Turquía relacionada con Ekrem Imamoglu ha impacto al entorno familiar del exalcalde de Estambul, ya que tanto su padre, Hasan Imamoglu, como su hijo, Selim, han tenido que presentarse ante la Policía para declarar en el marco del proceso judicial. Ambos se encuentran sujetos a restricciones que les impiden abandonar el país mientras continúan las diligencias, tal como informó TRT Haber. En este contexto, la noticia principal recae sobre la solicitud inédita que ha presentado la Fiscalía de Estambul: una pena de 2.352 años de prisión para Ekrem Imamoglu, exalcalde destituido y opositor relevante al mandatario Recep Tayyip Erdogan.
De acuerdo con la información publicada por la cadena TRT Haber, el Ministerio Público ha inculpado a aproximadamente 400 personas dentro de un proceso judicial que abarca más de 4.000 páginas en documentación. Hasta el momento, más de 100 individuos relacionados con la causa permanecen detenidos, mientras que el resto sigue bajo proceso. Entre los acusados figuran integrantes del círculo cercano de Imamoglu, funcionarios del gobierno municipal estambulí y varios miembros de la oposición, especialmente del Partido Republicano del Pueblo (CHP).
El fiscal jefe de Estambul, Akin Gurlek, encabeza la causa contra Imamoglu. Según detalló TRT Haber, Akin Gurlek había sido objeto previamente de acusaciones por parte de Imamoglu, quien lo señaló por utilizar investigaciones judiciales con un propósito político en perjuicio de la oposición. Gurlek hizo público mediante un comunicado que una parte significativa de los implicados permanece bajo custodia, elevando la cifra de arrestos a más de cien personas, y haciendo extensiva la prohibición de salida del país a varios funcionarios y familiares.
El caso ha adquirido un lugar central en el conflicto político turco, precisamente por la magnitud de las acusaciones y por el perfil del principal inculpado. Imamoglu, conocido por enfrentarse a Erdogan y gozar de una amplia proyección política desde su elección como alcalde de Estambul, enfrenta cargos por presuntamente encabezar una organización criminal, según sostiene el Ministerio Público. Esta acusación constituye el pilar de la petición de una sentencia sin precedentes en el país.
Tal como publicó TRT Haber y confirman medios internacionales, la investigación judicial se ha expandido más allá de la gestión municipal, apuntando también a las actividades políticas y partidarias del círculo de Imamoglu. Entre las personas detenidas figuran miembros clave del CHP, además de altos funcionarios de municipios opositores, lo que ha agravado las críticas de la oposición, que denuncia una estrategia del Gobierno para debilitar su posición de cara a los próximos procesos electorales.
El Partido Republicano del Pueblo mantiene la denuncia de que el caso contra Imamoglu se fundamenta en motivaciones políticas, alegando la utilización del aparato judicial para inhabilitar a figuras opositoras de peso. Declaraciones de fuentes del CHP recogidas por TRT Haber y otros medios locales insisten en que estas acciones judiciales buscan limitar la capacidad política de la formación y de Imamoglu, en un contexto de elevada tensión entre el Ejecutivo y la oposición.
La cadena TRT Haber informó que la Fiscalía ya había logrado en el pasado una condena contra Imamoglu por insultar al fiscal Gurlek, lo que se suma a la lista de antecedentes judiciales en contra del exalcalde. Esta circunstancia refuerza la percepción en algunos sectores de que existe un patrón de acciones legales orientadas a restringir la actividad política del líder opositor y su entorno.
Las manifestaciones populares se han multiplicado tras la detención y destitución de Imamoglu, con protestas organizadas en distintas regiones del país en solidaridad con el exalcalde. Estas movilizaciones han incrementado la presión sobre el Gobierno de Erdogan, que enfrenta cuestionamientos tanto por su manejo del caso como por el presunto uso político del sistema judicial. Según reportó TRT Haber, la indignación social por los arrestos y la magnitud de las acusaciones se ha traducido en una agenda política marcada por la confrontación entre Ejecutivo y oposición.
El proceso judicial en curso se desarrolla en un contexto de reiteradas denuncias sobre la falta de autonomía del poder judicial turco, un tema recurrente en los discursos y comunicados públicos de la oposición. El expediente del caso, según TRT Haber, contiene registros, declaraciones y evidencias reunidas tanto en torno a la administración municipal de Estambul bajo el mandato de Imamoglu como a la participación de su equipo en la escena política nacional.
La acusación central del Ministerio Público radica en que Imamoglu habría dirigido una compleja red criminal durante su gestión en el gobierno local y a través de su participación política. Esta tesis, respaldada por los elementos recogidos en el voluminoso expediente judicial, es rechazada por la oposición, que interpreta el proceso como parte de una campaña para apartar a Imamoglu y debilitar el impacto del CHP en las próximas elecciones.
Según consignó TRT Haber, los familiares directos de Imamoglu y al menos varios funcionarios municipales continúan sujetos a la prohibición de abandonar Turquía, mientras avanzan las diligencias y la instrucción judicial. El caso engloba a personalidades de diversos niveles dentro de la estructura del CHP y los gobiernos locales, lo que ha expandido el alcance político y social del proceso.
El desarrollo de este juicio y la respuesta de la sociedad turca han mantenido el caso en el centro de la agenda pública, con la atención puesta en las eventuales repercusiones para el panorama electoral y la relación entre el Ejecutivo, la oposición y el poder judicial. Las consecuencias del proceso y la continuidad de las protestas definen actualmente la coyuntura política del país, según sigue reportando TRT Haber.
