Barcelona, 26 may (EFE).- La Fiscalía pide doce años de inhabilitación para la exconsellera de Salud de la Generalitat de Cataluña, Alba Vergés y otros tres cargos de su departamento, a quienes acusa de prevaricación por haber «discriminado» a los policías nacionales y guardias civiles destinados a Cataluña al retrasar su vacunación contra el coronavirus.
En un escrito, al que ha tenido acceso EFE, el ministerio público acusa a Vergés de haber acordado «paralizar» en marzo de 2021 el proceso de vacunación de los agentes estatales de forma conjunta con su número dos, Marc Ramentol, el exdirector general del Institut Català de la Salut (ICS) Josep Maria Argimon -que en mayo de 2021 la sustituyó al frente del departamento- y el exdirector del Servei Català de la Salut (SCS) Adrià Comella.
La Fiscalía sostiene que los acusados eran «plenamente conscientes» de que al posponer la inmunización de los policías nacionales y guardias civiles «estaban, de hecho, discriminando» a los agentes de esos cuerpos, que «se quedaban sin vacunar, desprotegidos ante el virus, mientras la mayoría del resto de cuerpos policiales, locales y autonómicos, ya estaban protegidos».
Según el escrito, el 24 de marzo de 2021, los investigados decidieron, «de forma conjunta, paralizar el programa de vacunación» que se había acordado con los delegados de la Guardia Civil y la Policía Nacional, unas inmunizaciones que estaban programadas a partir del 15 de marzo.
La vacunación de los cuerpos y fuerzas de seguridad fue acordada en el Consejo Interterritorial de Salud, que decidió que debía priorizarse la inmunización con AstraZeneca a los «colectivos con funciones especiales».
Al día siguiente, añade el ministerio público, el Departamento de Salud comenzó a vacunar a esos colectivos, si bien únicamente a los de edades comprendidas entre los 18 y los 55 años, y se programó la inmunización de los policías locales y autonómicos por el «sistema normal».
El 4 de marzo, los responsables de Salud organizaron la vacunación de los policías nacionales y guardias civiles con delegados de ambos cuerpos: según lo previsto, entre los días 15 y 17 de marzo debían administrarse las dosis a 180 agentes de ambos cuerpos.
No obstante, el 15 de marzo la consellería suspendió todas las vacunaciones programadas con AstraZeneca, al haberse detectado varios casos de trombosis, incluso con muertes. Una semana después, el Consejo Interterritorial dio luz verde a que se administrara esa vacuna a personas de hasta 65 años, incluidos los policías.
Según la Fiscalía, el Departamento de Salud acordó entonces «priorizar» la vacunación de las personas de entre 60 y 65 años, «en detrimento de dichos funcionarios, salvo si tenían edades comprendidas en ese margen».
Y lo hizo, añade el ministerio público, «a pesar de ser conocedores» de que en esa fecha solo estaban vacunados un 2,8 % de los guardias civiles y un 3,6 % de los policías nacionales, frente al 77 % de mossos y guardias urbanos, el 77,9% de policías locales y el 68,9 % de bomberos.
De hecho, el día anterior a la vacunación masiva de policías nacionales y guardias civiles que se había programado en el Aeropuerto de Barcelona, se comunicó que el plan de inmunización «quedaba paralizado hasta que se dispusiera de suficientes vacunas».
Ante esa situación, los sindicatos policiales Jupol y Jucil presentaron una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que de forma cautelar dio un plazo de diez días al Departamento de Salud para vacunar a los agentes, hasta alcanzar la misma proporción de inmunizados que en el cuerpo de Mossos d’Esquadra.
Ambas entidades ejercen la acusación popular en la causa contra Vergés y la cúpula del Departamento de Salud durante la pandemia, para quienes piden una condena de tres años de cárcel y 15 de inhabilitación. EFE
