La Fiscalía ha pedido este jueves mantener en prisión provisional a Álvaro Romillo, el empresario que dio 100.000 euros al eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez, por una presunta estafa piramidal cometida con la plataforma de inversión en criptomonedas Madeira Invest Club (MIC).
Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que, en la vistilla celebrada en la Audiencia Nacional, la fiscal de Anticorrupción Mar Scharfhausen ha defendido que se mantienen las circunstancias que motivaron su ingreso en prisión: el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.
En esa misma vistilla, la acusación popular ejercida por Zaballos Abogados ha respaldado la petición del Ministerio Público destacando que todavía hay siete millones y medio de euros en criptomonedas a los que tendría acceso Romillo y que todavía no han podido ser recuperados.
En esta línea, fuentes jurídicas han señalado que la acusación popular ha argumentado que también estaría pendiente la trazabilidad de grandes cantidades de dinero a las que podría acceder ‘Cryptospain’ en caso de ser puesto en libertad.
La vista, que ha comenzado a las 11.00 horas y se ha extendido media hora, fue fijada por la Sala de lo Penal como respuesta al recurso que presentó el empresario contra su entrada en la cárcel el pasado 7 de noviembre.
UNA «ORGANIZACIÓN CRIMINAL DIRIGIDA» POR ROMILLO
El magistrado José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional, decretó el ingreso en prisión provisional sin fianza para Romillo un día después de ordenar su detención para «prevenir una eventual sustracción a la acción de la Justicia» y «asegurar» su puesta a disposición judicial.
El magistrado apuntó a una «organización criminal creada y dirigida» por Romillo, tras descubrir una cuenta en Singapur con 29 millones de euros vinculada al empresario.
Calama argumentó que existía riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, al tiempo que subrayó que se trata de «hechos que presentan caracteres de delito sancionados con pena superior a dos años de prisión» y con miles de afectados.
En concreto, el juez cifró en 3.062 los inversores perjudicados por la plataforma MIC, de los cuales 2.976 «desembolsaron un total de 185.511.947,76 euros».
Asimismo, el magistrado detalló que el dinero que los inversores ingresaron en las cuentas indicadas en la plataforma MIC «no eran destinadas a las inversiones o compras» de esas criptomonedas, sino «directamente desviadas a otras cuentas del entramado societario» que habría creado Romillo.
