El jueves 12 de junio, mediante un extenso comunicado oficial, la Fiscalía General de la Nación expresó su rechazo a la propuesta del presidente Gustavo Petro de crear una comisión de investigación judicial independiente de las Naciones Unidas, solicitada para esclarecer no solo el atentado contra Miguel Uribe Turbay, sino también otros casos de violencia política en la historia del país.
La entidad aseguró que tiene “plena legitimidad y solidez institucional, operativa y funcional” para liderar dicha investigación.
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“Ese atentado ocurrió hace escasos cinco días y, a la fecha, se cuenta con importante evidencia derivada de pruebas técnicas e información legalmente obtenida que, con certeza, conducirá a la judicialización de los partícipes”, señaló el ente acusador en el comunicado.
El atentado, perpetrado el 7 de junio, dejó al país conmocionado y encendió las alarmas sobre la seguridad de líderes políticos en pleno proceso electoral. En respuesta, el presidente Petro propuso una comisión internacional, similar a la experiencia de Guatemala con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), como alternativa para garantizar transparencia. No obstante, la Fiscalía desestimó el paralelismo.
“La entidad realiza diariamente su tarea de manera rigurosa y no afronta los retos que llevaron a la conformación de una comisión internacional de las Naciones Unidas en Guatemala”, agregó la institución, defendiendo su capacidad investigativa frente a los cuestionamientos políticos.
Investigación bajo estricta reserva y rechazo al uso de inteligencia como prueba
El ente acusador detalló que la investigación se encuentra en una etapa reservada y que está siendo adelantada por un equipo especializado del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Judicial. Indicó que se han dispuesto todos los recursos técnicos y operativos necesarios para esclarecer los hechos, e hizo un llamado a evitar filtraciones y especulaciones.
“La Fiscalía avanza con el empleo de todos los recursos técnicos, científicos y operativos, a la vez que rechaza la filtración de elementos materiales probatorios y la divulgación de especulaciones e hipótesis apresuradas, que además de desinformar y crear confusión en la opinión pública, afectan la integridad de la investigación y obstruyen la acción de la justicia”, indicó el comunicado.
Además, la entidad explicó que, en principio, se había creado un Puesto de Mando Unificado en la Policía Metropolitana de Bogotá para coordinar las tareas investigativas. Sin embargo, la inclusión de funcionarios convocados por el presidente Petro, entre ellos los directores de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), llevó a que la Fiscalía tomara la decisión de trasladar toda la coordinación a sus propias instalaciones, bajo control exclusivo de sus equipos técnicos.
En el mismo comunicado, la Fiscalía reiteró que los informes de inteligencia y contrainteligencia no tienen valor probatorio dentro de los procesos judiciales, conforme al artículo 35 de la Ley 1621 de 2013, y solicitó que cualquier información relevante sea remitida de manera oportuna para su verificación.
“La Fiscalía agradece los esfuerzos realizados por los organismos de inteligencia y, respetuosamente, les solicita la remisión oportuna de información estratégica, que en verdad sea orientadora de la investigación, para proceder a su corroboración como es debido”, subrayó la institución, en una invitación que se extendió a medios de comunicación, actores sociales, instituciones del Estado y ciudadanía en general, para que aporten datos o pruebas que puedan contribuir a esclarecer el caso.
Audio en investigación: presunta conspiración
Finalmente, la Fiscalía se refirió a un tema adicional que surgió a raíz de declaraciones del presidente Petro durante un discurso en Cali, donde mencionó un audio entre narcotraficantes que habría sido entregado a la fiscal General de la Nación. La institución aclaró que lo recibido corresponde a un audio entre particulares, con contenido presuntamente conspirativo y que involucra a un exfuncionario del Gobierno.
“Lo recibido, en compañía del director especializado contra la Corrupción de la Delegada contra la Criminalidad Organizada, fue la información derivada de un audio entre particulares por presuntos actos conspirativos en su contra, que involucraría a un exfuncionario de su administración, sin que sea del caso aportar más detalles por la reserva de la indagación que a partir de su requerimiento se adelanta y que lamentamos se haya difundido”, precisó el documento.
Esta revelación añade un nuevo componente a las tensiones entre la Fiscalía y el Ejecutivo, en un ambiente marcado por la desconfianza institucional y la polarización política. No obstante, la entidad insistió en que los ciudadanos pueden tener “tranquilidad y confianza en el trabajo independiente, objetivo, decidido y constante del equipo especializado” encargado de esclarecer el atentado.
