La controversia en torno al tratamiento de cambio de género realizado a una menor en la Fundación Valle del Lili ha generado un intenso debate público y jurídico en Cali.
Mientras la familia de la joven, identificada como Laura, sostiene que existió negligencia médica y un manejo inadecuado de su caso, la institución médica ha respondido con un comunicado oficial en el que defiende sus procedimientos y aclara su posición frente a la demanda.
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En el documento difundido por la Fundación Valle del Lili, la entidad afirma: “A la fecha, la Fundación no ha recibido ninguna demanda o solicitud formal relacionada con el caso mencionado”, según reportó Noticias Caracol.
Esta declaración coincide con lo expresado por el abogado de la familia, Pedro Daniel Contreras, quien señaló que aún faltaba el auto admisorio de la demanda y la notificación formal, por lo que ambas partes reconocen que el proceso judicial todavía no ha iniciado oficialmente.
La Fundación subraya que, “en caso de recibir algún requerimiento, este será atendido conforme a los procedimientos legales y éticos establecidos”, de acuerdo con el comunicado citado por Noticias Caracol. Además, la institución recalca su compromiso con la confidencialidad y la protección de los datos personales de los pacientes, por lo que no puede divulgar información clínica sin la autorización expresa de los involucrados.
“Por respeto a la confidencialidad y protección de datos personales, no es posible brindar información clínica sobre pacientes sin su autorización expresa. La Fundación Valle del Lili es una institución académica y científica comprometida con la formación, la investigación y la atención de calidad, guiada por los principios de ética médica y los estándares internacionales”, añade el comunicado.
En su pronunciamiento, la Fundación Valle del Lili se presenta como una entidad académica y científica dedicada a la formación, la investigación y la atención médica de calidad, guiada por principios éticos y estándares internacionales.
Caso de joven que revirtió transición de género desata debate sobre atención médica en menores
El caso de Laura, una joven que inició un tratamiento de transición de género en la Fundación Valle del Lili de Cali y luego decidió revertirlo, se ha convertido en el eje de una demanda por presuntas irregularidades médicas. El abogado Pedro Contreras, representante de Laura, expuso los detalles en el programa ‘Habla con ella’ con Patricia Pardo, donde afirmó que la paciente busca evitar que “no vuelva a ocurrir lo que me ocurrió a mí”.
El relato del abogado señala que la historia de Laura se remonta a la niñez, entre los 5 y 7 años, etapa en la que, según Contreras, “sufre episodios de abuso”, lo que influyó de manera significativa en su relación con su cuerpo y en el miedo a “ser mujer”. A esto se sumó, según el relato, la exposición a contenidos de activistas trans en redes sociales, factor que habría reforzado la idea de identificarse como hombre.
De acuerdo con Contreras, cuando Laura tenía 15 años y comunicó a su familia las dificultades emocionales que atravesaba, sus padres buscaron atención psicológica y psiquiátrica motivados por síntomas como depresión, ansiedad y autolesiones. Posteriormente, un psiquiatra en Cali la remitió a la Fundación Valle del Lili, donde había una clínica de género para menores de edad.
El abogado afirma que el equipo médico “ignora esas comorbilidades” y centra la atención de inmediato en la disforia de género, iniciando intervenciones hormonales antes de que Laura cumpliera 16 años.
El proceso continuó hasta 2020, cuando Laura alcanzó la mayoría de edad y recibió autorización para una cirugía de masculinización pectoral, realizada luego en una institución externa. Según Contreras, pese a la cirugía, Laura ya manifestaba dudas sobre su diagnóstico desde 2017. “Tal vez sí soy Laura”, expresó la joven en la historia clínica, según la versión del abogado.
Contreras sostiene que ni Laura ni sus padres recuerdan haber firmado consentimientos informados para los procedimientos: “Varias intervenciones se realizaron sin el consentimiento informado” e insistió que la clínica no entregó estos documentos pese a múltiples solicitudes de la familia. Aseguró además: “Los protocolos médicos dicen que no se debe dar testosterona antes de los 16 años” y considera que la decisión de operar habría sido inducida desde la primera consulta.
El abogado remarcó que la motivación principal de Laura no es económica, sino prevenir que otros menores pasen por situaciones similares. El caso derivó en una demanda de responsabilidad civil médica y cuenta con la revisión de peritos internacionales, que según el equipo jurídico, concluyeron que las intervenciones fueron “contrarias a los protocolos médicos” y causaron “daño sobre el cuerpo de Laura”. Afirmó también que existen riesgos para la fertilidad y la salud futura de la joven, además de efectos irreversibles.
