A pesar de la reciente ejecución de registros simultáneos en Madrid, Sevilla y Zaragoza en empresas relacionadas con Servinabar, que se encuentran en el centro de una investigación por presuntas irregularidades en contrataciones públicas, el número de personas detenidas por la Guardia Civil no aumentará en las próximas horas. Esta operación, realizada bajo la dirección de la Unidad Central Operativa (UCO) y supervisada por la Fiscalía Anticorrupción, ha dejado bajo custodia a figuras como Antxon Alonso, socio empresarial de Santos Cerdán; Leire Díez, exmilitante socialista; y Vicente Fernández, quien fue presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Según informó Europa Press, todos ellos permanecerán a disposición de la Audiencia Nacional, que decidirá en las próximas horas sobre su situación procesal.
Las detenciones y registros se produjeron en el marco de una diligencia judicial que tramita el Juzgado Central de Instrucción Número 6, bajo la titularidad del magistrado Antonio Piña. Europa Press detalló que el procedimiento judicial se mantiene bajo secreto de sumario, limitando la divulgación de datos sobre la identidad de otros posibles investigados y el alcance total del caso. Conforme a lo estipulado legalmente, los arrestados deberán presentarse en un plazo máximo de 72 horas ante la Audiencia Nacional. Según las fuentes citadas por Europa Press, la comparecencia está programada entre este jueves y el sábado, momento en el que se determinará si se dicta prisión provisional o si los detenidos quedan en libertad, con o sin medidas cautelares.
La investigación, según publicó Europa Press, gira en torno a la presunta adjudicación irregular de contratos públicos que habrían beneficiado a Servinabar y, por extensión, a diversas personas vinculadas tanto profesional como políticamente con Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE. El papel de Antxon Alonso en este entramado adquiere especial relevancia debido a su relación directa con Cerdán, mientras que Leire Díez y Vicente Fernández figuran entre los principales investigados por la Fiscalía Anticorrupción, que coordina la causa junto con la UCO.
El operativo desplegado este jueves se centró en la obtención de documentación y otras pruebas en sedes empresariales de Madrid, Sevilla y Zaragoza. Los registros buscan esclarecer el origen y la trazabilidad de los contratos bajo sospecha, así como la posible comisión de delitos asociados al manejo de fondos públicos y la gestión de procedimientos de contratación en organismos estatales. El medio Europa Press indicó que la actuación de los agentes de la UCO responde a órdenes judiciales y a las diligencias instruidas bajo la vigilancia permanente del órgano de control antifraude del Ministerio Público.
El desarrollo de esta operación forma parte de una línea de investigación más amplia, dirigida a desentrañar los mecanismos mediante los cuales determinadas empresas y personas habrían accedido a contratos públicos con posibles irregularidades. Los agentes, siguiendo las directrices del Juzgado Central de Instrucción Número 6, están recopilando y analizando información sobre los procedimientos y acuerdos gestionados tanto por los detenidos como por las sociedades mercantiles que ahora se encuentran bajo el foco de las pesquisas.
Europa Press reportó que, aunque la jornada central de arrestos se concentró en el miércoles, con la detención de Alonso, Díez y Fernández, la actuación policial continuó al día siguiente con los registros en empresas supeditadas a Servinabar. Las fuentes de la investigación consultadas por el citado medio descartaron, de momento, nuevas detenciones en esta fase, y señalaron que la búsqueda de pruebas documentales permanecerá activa en las próximas semanas bajo el control de la UCO y la vigilancia del magistrado instructor.
Este procedimiento judicial y policial se desarrolla en un contexto de creciente control sobre los procesos de adjudicación de contratos en el sector público, así como en el ámbito de la transparencia y el cumplimiento normativo. De acuerdo con lo consignado por Europa Press, tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Unidad Central Operativa articulan sus investigaciones para asegurar el respeto a los principios legales y el sometimiento de las actuaciones policiales al órgano judicial competente.
En el transcurso de las próximas horas, la Audiencia Nacional tendrá que decidir la situación jurídica de los detenidos, resolviendo si afrontarán el procedimiento en prisión provisional o en libertad, pudiendo imponerse las condiciones que el Juzgado de Instrucción Número 6 considere pertinentes. Hasta la fecha, la instrucción sigue blindada por el secreto de sumario, lo que impide conocer detalles adicionales acerca de otros posibles investigados y la extensión de los hechos bajo examen. El proceso continúa bajo la lupa de los investigadores y de la autoridad judicial, mientras los implicados esperan la resolución de su situación judicial, según reportó Europa Press.
