El 29 de enero pasado, René Ungaro, uno de los narcos más sanguinarios de Rosario, le pasó un pequeño papel a su madre Gladys. Fue durante un encuentro personal -“con “contacto”, como lo denominan internamente en el Servicio Penitenciario Federal- en la cárcel federal de Marcos Paz, entre este recluso y su madre. Ambos podían charlar y tomar mate en un sector del penal. Ese día de intenso calor, un agente vio cuando Ungaro le pasó un pedacito de papel a su mamá y a la salida decidieron requisarla. En el papel estaba el nombre de una persona a la que Ungaro había decidido asesinar, y un número de teléfono que no era de Rosario, sino de Buenos Aires. Ese contacto pertenecía al abogado Iván Carlos Méndez, según pudieron establecer los agentes del área de inteligencia del SPF.
El crimen de la persona a la que había apuntado El Brujo, como lo llaman a Ungaro, no se concretó, pero comenzó una investigación contra Méndez. ¿Por qué estaba su número telefónico en ese papel, en el que se daba la orden de ejecutar a una persona?
A los funcionarios del Servicio Penitenciario Federal les llamaba la atención las reuniones que Méndez mantenía con varios jefes narcos que no tenían vinculación entre sí, como Mario Segovia, el llamado Rey de la Efedrina; Martín Lanatta, que participó en 2015 de la triple fuga junto con su hermano Cristian y Víctor Schillaci; Ariel Cantero, jefe de Los Monos y su sobrino Uriel; y el expiloto peruano Julio Rodriguez Granthon, entre otros. En algunos casos, Méndez figuraba como abogado defensor y en otros como representante legal, una figura que existe dentro del sistema penitenciario federal.
Méndez estudió abogacía en la cárcel, cuando estuvo detenido por narcotráfico. Fue condenado dos veces por el Tribunal Oral Criminal Federal 3 de San Martín. Desde hace un tiempo vivía en la villa 31 de Retiro, en una casa que pertenece a uno de sus supuestos clientes: César Morán de la Cruz, conocido como Loco César, preso en el penal de Ezeiza, y líder de la llamada banda del Pueblo, que dominó históricamente ese territorio.
Los dos autos en los que se movía Méndez también pertenece a un narco de peso. Un Ford Mondeo y una camioneta Eco Sport que le dio en parte de pago Rodríguez Granthon, jefe narco rosarino que también está preso en Ezeiza. Pero Méndez era precavido. No iba con ninguno de estos vehículos a la cárcel. Iba en el Mondeo hasta Ciudadela, dejaba el auto estacionado en la calle, y se tomaba un micro a Ezeiza o Marcos Paz.
Los vínculos y las visitas de Méndez con los capos narcos más poderosos del país eran permanentes y no tenían que ver con una cuestión profesional, según pudieron detectar los investigadores de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), que desde hace tiempo empezaron a identificar una matriz de funcionamiento de los jefes narcos para romper el aislamiento y seguir, de alguna manera, manejando el negocio del narcotráfico.
Ese esquema empezó a tener desde hace un tiempo a los abogados como eslabones claves, como ya ocurrió con otro caso, que tuvo como protagonista al penalista rosarino Gregorio Gómez, quien no solo hacía de mensajero de Fabián Pelozo, alias Calavera, sino que también formaba parte de la organización y participó del traslado de una carga de más de 400 kilos de cocaína, que fue incautada por Gendarmería en julio de 2024 en la ruta 11, cerca de San Justo.
El régimen de los presos de alto perfil, que instauró la ministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich, tras los episodios sangrientos que sacudieron a Rosario en marzo de 2024, implica un aislamiento casi total. Las medidas lograron romper los vínculos de los jefes narcos con el exterior, luego de que durante años usaran los teléfonos celulares que lograban ingresar a los penales y los teléfonos públicos de la prisión para seguir con el control de sus organizaciones desde la cárcel.
El titular de Procunar, Diego Iglesias, junto con otros funcionarios del Ministerio Público Fiscal, como Matías Scilabra, elaboraron varios informes a lo largo de los últimos años en los que apuntaba a la facilidad con la que los presos de alto perfil accedían a los smartphone. Esto provocaba que en las calles, sobre todo de Rosario, se cumplieran las directivas que daban los jefes narcos de atacar edificios judiciales, residencias de jueces, extorsiones, asesinatos y transacciones con droga que les seguía dando réditos económicos. Los cabecillas estaban presos, pero parte del engranaje criminal seguía activo a partir de las líneas telefónicas y los mensajes por aplicaciones. Nunca se lograba cortar el circuito mafioso que funcionaba desde las propias penitenciarias, tanto de la provincia de Santa Fe como las federales.
Por eso, se abrió una causa en la Justicia Federal de Rosario, en la que hace tres semanas fue citada a indagatoria la exinterventora del Servicio Penitenciario Federal María Laura Garrigós, acusada de permitir el ingreso de celulares a los penales federales y de no instrumentar medidas efectivas para el bloque de señales de celular en los pabellones donde había presos de alta peligrosidad.
Ambos lados del sistema
Méndez, quien se recibió de abogado en la cárcel, luego de cumplir dos condenas por narcotráfico, ofrecía un servicio adicional para sortear el aislamiento: era una especie de intermediario entre los jefes narco de Rosario y Buenos Aires, que se encuentran bajo el régimen de perfil dentro de los penales federales con los miembros de las organizaciones y de los familiares. Eran quien llevaba y traía información delicada, como los nombres de las personas que debían asesinar.
Méndez fue detenido el pasado martes en una casa en la villa 31. En el momento de la detención, en esa vivienda, donde dormía Méndez había un fusil de alto poder de fuego: un AM-15, en calibre .223, compatible con el 5.56 NATO. Fabricado por Anderson Manufacturing es una de las versiones semiautomática de la carabina M-4, arma básica de los militares norteamericanos.
No es la primera vez que los agentes del Servicio Penitenciario Federal y de Procunar detectan que hay abogados que cumplen un rol que excede sus funciones como defensor o asesor legal de los detenidos. Los letrados y los familiares directos son los únicos que tienen permitido visitar a los reclusos de alto perfil de los penales federales.
Ocurrió un caso similar con el abogado Gregorio Gómez, que era parte de la banda que lidera Fabián Pelozo. Gómez lo iba a visitar una o dos veces por semana, y recibía las órdenes para desarrollar la logística narco de la organización. Gómez fue detenido en agosto de 2024, acusado de coordinar el transporte de 460 kilos de cocaína desde el norte de la Argentina a Rosario. El cargamento fue secuestrado cerca de la ruta 11, a la altura de San Justo.
Según la investigación de Procunar, Pelozo siempre se las arregló dentro de la cárcel para tener contacto con los miembros de su banda. Luego de que se implementaran los mayores controles que puso en práctica el Ministerio de Seguridad Nacional a partir de abril de 2024 contra los presos de alto perfil de los penales federales, Calavera tuvo que usar el ingenio para no perder el contacto con la organización. Usó a un abogado rosarino, que defendió hasta el año pasado, Gregorio Gómez para que fuera el mensajero. Por su rol de abogado, Gómez podía entrar a la cárcel y tener contacto con Pelozo cualquier día.
Gómez era quien luego informaba de las directivas a los otros miembros de la banda, entre ellos, Carlos Suárez, que fue detenido el 21 de julio de 2024 en Rosario, acusado de ser el que lideraba el cargamento de 460 kilos de cocaína que fue secuestrado en San Justo.
El principal cliente del abogado Méndez, en tanto, era el peruano Rodríguez Granthon. Desde febrero pasado los investigadores registraron comunicaciones entre ambos prácticamente diarias, que luego eran retransmitidas, en general hacia la pareja del expiloto peruano Lucila Rioja. Esas conversaciones puntuales se referían a la administración de bienes. El mecanismo era que Granthon llamaba desde el teléfono público de la cárcel a Méndez a su teléfono personal y este, con otro aparato, llamaba a Rioja. Entonces, Granthon podía hablar con su pareja.
El 7 de septiembre pasado, Méndez recibió una serie de pedidos del llamado Rey de la Efedrina. Segovia utilizó al abogado que vivía en la Villa 31, en la casa de El Loco, como intermediario para adquirir un campo, cuyo dueño es gente vinculada a Morán de la Cruz. Lo que llamó la atención es el precio del campo que pretendía comprar Segovia, a un valor irrisorio en el mercado. El narco rosarino le ofreció al capo de la Villa 31 unos 1000 dólares por hectárea. Esa negociación la hizo a través de Méndez. La sospecha de los investigadores es que el dinero proviene de la venta de drogas o de actividades ilícitas.
El 29 de julio pasado, los investigadores detectaron que Méndez tenía una misión concreta que le ordenó Cristian “Pupito” Avalle, uno de los exladeros de Guille Cantero: conseguir un galpón en Rosario para guardar droga, que llegaría a Rosario. El lugar debía tener las dimensiones para que entrara un camión.
Según la investigación, Rodríguez Granthon iba a ser el encargado de “bajar” una importante cantidad de cocaína a Rosario a través de su flota de avionetas y Pupito Avalle iba a tener la misión de comercializar la droga en los territorios dominados por sectores ligados a la banda de Los Monos.
El miércoles pasado, un día después de la detención de Méndez en la villa 31, los agentes del Servicio Penitenciario Federal llevaron adelante requisas en las celdas de los presos involucrados con este abogado.
