La Comisión Asesora del Plan de Reparación Integral a menores y personas equiparadas en derechos, víctimas de abusos sexuales (PRIVA), organismo creado por la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), ha recibido en el último año un total de 89 solicitudes de reparación integral, de las que se han resuelto 39, con una propuesta de indemnización de entre 3.000 y 100.000 euros, en función de la gravedad.
Según un comunicado publicado este martes por la comisión, que cumple su primer año de trabajo, desde el mes de febrero de 2025, fecha en la que se empezaron a recibir las primeras solicitudes, hasta este mes de septiembre, de las 89 solicitudes de reparación integral recibidas, 32 pertenecen a casos en diócesis y 57, a casos sucedidos en el seno de congregaciones religiosas.
Algo menos de la mitad, un total de 39 de estas solicitudes han sido resueltas, con una propuesta de reparación integral cuya cuantía oscila entre los 3.000 y 100.000 euros, en función de «la gravedad, las consecuencias y las circunstancias que concurrieron en el abuso, además de otra serie de conceptos de reparación en especie y de compromisos por parte de las instituciones», según explica la comisión asesora.
El resto de los casos no resueltos están a la espera de la recepción de los informes correspondientes de parte de las instituciones eclesiales con las aportaciones de las víctimas.
Según ha explicado la comisión asesora, «en la mayoría de los casos», se han resuelto «en un tiempo no superior a tres meses».
En este primer año, la Comisión Asesora, ha trabajado, además, en la elaboración de su reglamento de actuación, en los baremos aplicables para las indemnizaciones y en el diseño de los documentos y el método para realizar la solicitud y el procedimiento. Con este modelo propio buscan «garantizar la independencia y el rigor en la reparación y evitar así la revictimización», según señala el comunicado.
El ámbito de actuación de esta Comisión Asesora está en aquellos casos de abusos sexuales cometidos contra menores de edad o personas con discapacidad intelectual, en los que el caso ha prescrito o en los que el agresor ha fallecido o es inimputable.
Además de la indemnización, en la reparación integral se contempla «una retribución económica para la compensación de los gastos realizados en los procesos de salud o terapéuticos tenidos a raíz de los abusos sufridos, y el compromiso de seguir asumiendo dichos costes en el futuro» y una serie de recomendaciones dirigidas a la institución para afrontar el proceso de reparación o para la implantación de procesos de prevención.
Para acceder a esta reparación, las víctimas deben completar un formulario registrado en la web ‘www.paradarluz.com’. El dictamen final con la propuesta de reparación integral se envía a la autoridad correspondiente de la institución eclesial donde se ha producido el abuso (obispo o superior religioso) y, en caso de que esta reparación no pueda realizarse, son la Conferencia Episcopal Española o la Conferencia Española de Religiosos las que deben responder subsidiariamente.
La comisión asesora está formada actualmente por 10 miembros, entre ellos, un representante de la CEE, uno de CONFER y ocho profesionales independientes (cuatro del ámbito de la carrera judicial y fiscal, de cuerpos jurídicos al servicio del Estado y de la universidad, y cuatro terapeutas con experiencia de atención a víctimas de abusos), que ofrecen su servicio de manera voluntaria.
