En medio de las tensiones entre el Gobierno y distintos sectores industriales por la apertura del ingreso de maquinaria usada, la Cámara Argentina Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma) advirtió sobre los riesgos de eliminar el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), herramienta que durante tres décadas reguló la entrada de este tipo de bienes al mercado local. La medida, anunciada previamente por el ministro de Economía, Luis Caputo, se da en el marco de una política de desregulación y apertura comercial impulsada por el gobierno de Javier Milei. De acuerdo con las estimaciones del mercado, los precios que se manejan en estas operaciones pueden llegar a ser entre un 40% y 50% inferiores a los de la maquinaria nueva.
En la cámara, expresaron su “profunda preocupación” sobre lo que implica para la actividad la entrada en vigencia del Decreto 273/25, que elimina el CIBU. Para los fabricantes, el trasfondo de este conflicto, según el sector, es más amplio y estructural: para los fabricantes, el verdadero desafío está en mejorar la competitividad mediante políticas que contemplen una mejora del régimen impositivo y regulatorio vigente, en lugar de abrir las fronteras.
En Cafma señalaron que “para comprender el alcance de esta medida, es necesario recordar el origen y los objetivos del CIBU”. El certificado fue creado mediante la Resolución 909 del año 1994 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, en el marco de un proceso de desregulación y apertura de la economía argentina. Esa regulación fijaba un entramado de trámites que incluía a la Secretaría de Comercio, la industria nacional y los importadores.
“Lejos de constituir una barrera al comercio exterior, el CIBU surgió como una herramienta necesaria para acompañar una apertura económica ordenada, basada en reglas claras y transparentes, que evitaran distorsiones en los mercados y desarrollaran la producción nacional”, observaron.
Después de 30 años de vigencia del CIBU, indicaron, la decisión conlleva en paralelo una serie de riesgos. “El ingreso irrestricto de maquinaria agrícola usada representa una amenaza directa para la cadena de valor industrial nacional y el entramado productivo federal. La ruptura de las dinámicas comerciales genera un riesgo para el crecimiento y la continuidad de la generación de puestos de trabajo y oportunidades de desarrollo personal”, dijeron.
Según Cafma, además, hay un riesgo fitosanitario el ingreso en los equipos usados de plagas exógenas con impacto directo sobre la producción agrícola. “Esta posibilidad se evidencia con la aparición de la chicharrita del maíz durante la campaña 2023/24, que provocó pérdidas estimadas en US$2045 millones en el mercado interno y más de US$1600 millones en exportaciones», explicaron.
Para los industriales, al no solicitar mayor documentación que una declaración jurada del producto a ingresar, «la ausencia de controles adecuados impide la correcta verificación de la condición y uso real de la maquinaria importada, dificultando distinguir entre aquellas destinadas al uso productivo y aquellas ingresadas con el objetivo de reventa o reacondicionamiento y muchas veces también con partes importadas».
También señalaron que “la decisión de eliminar el CIBU no responde a una política de renovación tecnológica del parque de maquinaria agrícola, debido a que la tendencia se vuelca hacia la importación de maquinaria ya amortizada en otros mercados». Por lo tanto, dijeron que en un contexto donde el salto tecnológico nacional de los últimos años eleva enormemente la eficiencia productiva, “responde únicamente al interés de mercados extranjeros por colocar su sobrestock de usados», según expresaron.
“Si el objetivo es fomentar la producción y el desarrollo nacional, el eje del debate debe centrarse en la mejora de la competitividad como una construcción colectiva, contemplando el impacto del régimen impositivo y regulatorio vigente. En un contexto global donde las naciones promueven el fortalecimiento de sus estructuras productivas, la consolidación de cadenas de abastecimiento cortas y el impulso a vectores nacionales de desarrollo, esta medida reemplaza el valor agregado, la innovación y el trabajo argentino por el descarte extranjero“, sintetizaron.
A su vez, la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes de Córdoba (Afamac) pidió una “integración inteligente al mundo” y expresó que “los principales obstáculos para mejorar la competitividad son la inestabilidad macroeconómica, la presión impositiva, el alto costo laboral no salarial, la falta de financiamiento y los costos logísticos”.
Según los fabricantes cordobeses, “a pesar de avances en algunos de estos puntos desde diciembre de 2023, todavía existe una brecha del 25% en los costos respecto a los principales competidores, agravada por la persistencia de las retenciones al campo”.
Precios e interrogantes
Según señalaron fuentes del mercado a LA NACION, que pidieron no ser mencionadas, desde mediados del año pasado algunos fabricantes de Santa Fe y Córdoba, especialmente pymes, comenzaron a ingresar equipos usados que, una vez reacondicionados, son puestos a la venta en el mercado local. Además, el decreto que habilita estas importaciones de usados, mantuvo vigentes los aranceles aplicables a estas operaciones. En muchos casos, el arancel correspondiente duplica el aplicado a los equipos nuevos, con un tope del 35%, dependiendo de la posición arancelaria específica de cada tipo de máquina.
En el mercado reconocen que en Uruguay existen firmas dedicadas exclusivamente a localizar equipos en el exterior para su posterior introducción al país, lo mismo que a la Argentina. En la práctica, algunos importadores ofrecen máquinas con alto grado de uso, cuyos precios van del 40% al 50% más baratas que los de la industria nacional. Por caso, ponen el ejemplo de que una pulverizadora con 3000 horas de uso en alrededor de US$350.000, cuando su equivalente en la industria nacional puede alcanzar los US$600.000.
La preocupación del sector se da también porque la maquinaria nueva podría ingresar bajo la condición de “reparada” o “usada”, y acceder así a un régimen impositivo favorable. Este procedimiento se realiza mediante una declaración jurada, que abre la puerta a prácticas que algunos consideran una forma de “contrabando legalizado”.
Sin embargo, cabe recordar que en el decreto se estableció que la Secretaría de Industria y Comercio será la autoridad de aplicación del régimen, con facultades para dictar normas complementarias, interpretar y aplicar lo dispuesto, así como modificar el listado de posiciones arancelarias alcanzadas. En este escenario, crece la expectativa de que la normativa delimita con claridad que el régimen esté destinado a productores agropecuarios y no a intermediarios comerciales.
