La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la imputación de crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y otras conductas tipificadas en el Código Penal colombiano contra treinta miembros del Ejército Nacional, incluidos tres generales en retiro, por su presunta vinculación en casos de ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos” en el departamento del Meta.
Tres generales en retiro, junto con veinte exmiembros del Batallón de Infantería No. 21 Batalla Pantano de Vargas y siete antiguos integrantes del Gaula Rural Meta, fueron llamados a reconocer su responsabilidad por estos hechos, de acuerdo con lo informado por el tribunal.
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Entre los acusados figuran los brigadieres generales en retiro Carlos Ovidio Saavedra Sáenz y Francisco José Ardila Uribe, además del mayor general retirado Carlos Eduardo Ávila Beltrán.
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli Arteaga, informó que los cargos presentados incluyen 209 asesinatos, 65 de ellos con desaparición forzada, y una tentativa de homicidio, hechos cometidos entre 2002 y 2007.
Ramelli precisó que las conductas fueron calificadas como “crímenes de guerra y de lesa humanidad”.
El alto tribunal determinó que los generales no ejercieron el control ni la protección constitucional que les correspondía sobre las fuerzas a su mando.
A pesar de contar con mecanismos para evitar los crímenes, permitieron una cultura de flexibilidad y negligencia, donde la obtención de resultados operacionales predominó como prioridad en la VII Brigada.
Sus faltas facilitaron la formación de prácticas delictivas sistemáticas y contribuyeron a la consolidación de la impunidad.
