Un escrito atribuido a la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, actualmente investigada, recoge recomendaciones precisas sobre la permanencia en el domicilio, restricciones de desplazamiento dentro de la provincia de Valencia y directrices específicas para habitantes de regiones vulnerables a inundaciones, como el alejamiento de cauces y la priorización de niveles superiores al primer piso, además de la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Sobre este tipo de instrucciones, la jueza instructora del Juzgado de Catarroja solicitó de manera urgente a la Conselleria de Emergencias el borrador del mensaje Es-Alert número 706, que contenía advertencias clave para la población pero nunca llegó a ser emitido. Según consignó Europa Press, esta medida busca esclarecer los motivos detrás de la ausencia de aviso masivo antes del desastre y si las acciones u omisiones en la gestión de alertas amplificaron las consecuencias humanas del episodio.
El medio Europa Press reportó que la investigación judicial, centrada en las riadas del 29 de octubre de 2024, ha tomado un giro importante tras la presentación de anotaciones manuscritas aportadas por Jorge Suárez, subdirector general de Emergencias. Estos documentos, revisados por el tribunal, incluyen apuntes entre los días 29 y 30 de octubre, con recomendaciones para buscar refugio en zonas elevadas debido al avance de la emergencia. Un pasaje concreto transcribe: “Ante la evolución de la situación de emergencia, se recomienda que con carácter inmediato acceda a zonas altas y permanezca atento a nuevos mensajes”. Esta nota refuerza la sospecha sobre la inacción o demora en la comunicación preventiva.
Durante su declaración ante la jueza, Suárez explicó que la opción de usar Es-Alert surgió antes de la primera reunión del Cecopi, en torno a las 17:15 horas, cuando existía información visual sobre vecinos aislados por la crecida del agua. Volvió a sugerir el envío del mensaje a las 17:38, al conocer datos más concretos sobre los riesgos derivados de la presa de Forata, subrayando el peligro para la integridad física en determinadas localidades. Sin embargo, de acuerdo con su testimonio recogido por Europa Press, no recibió respaldo suficiente para materializar la notificación, lo que, a juicio del juzgado, podría haber impedido adelantar medidas básicas de autoprotección en la población.
Las actuaciones judiciales confirman que el mensaje Es-Alert finalmente sí se envió, pero no fue hasta las 20:11 horas, después de que se difundieran imágenes mostrando a habitantes sobre tejados en Utiel y Requena. Para ese momento, muchas muertes ya se habían producido entre las personas que permanecían en plantas bajas, garajes o viviendas a nivel de calle. Según el análisis de la magistrada, los daños materiales resultaban imposibles de evitar, pero el déficit de avisos masivos limitó gravemente la reacción de los residentes ante la emergencia.
De acuerdo con la información de Europa Press, la instrucción busca determinar el impacto de la falta de comunicación oficial tanto en el número de fallecidos como en la gravedad de los daños personales. La causa permanece abierta sobre la muerte de 230 personas, con 10 decesos aún en revisión, manteniendo la atención sobre lo que la instructora califica como una “palmaria ausencia de avisos a la población”.
Entre la documentación presentada figura también la actualización permanente sobre municipios en alerta elaborada por la jefa del servicio de Emergencias, Inmaculada Piles, y el suministro del Plan de Emergencia de la presa por parte de otra responsable del área. Las anotaciones manuscritas recopiladas recogen el despliegue de zonas de trabajo, indicios sobre los episodios de desbordamiento en localidades como Alzira y Vilamarxant, así como registros sobre el número creciente de víctimas mortales y sobre el seguimiento protocolario de escenarios durante los días críticos.
Europa Press detalló que la existencia del borrador del mensaje Es-Alert número 706, no distribuido, resulta ahora central para la jueza. El tribunal pretende esclarecer, tras el acceso al texto, si la difusión oportuna de esa alerta hubiera permitido a los habitantes actuar de forma más eficaz ante la riada y, eventualmente, reducir el impacto en vidas humanas. La investigación también revisa el contenido del mensaje Es-Alert que sí se remitió oficialmente, que aconsejaba únicamente evitar desplazamientos, una instrucción que, según la jueza, no respondía adecuadamente a la realidad de quienes quedaron atrapados en niveles inferiores.
En respuesta a estos hechos, la magistrada requirió a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que, en un plazo de tres días, aporte la identificación de los agentes presentes en servicio durante el 29 de octubre, para que puedan ser citados como testigos. Esta medida apunta a ampliar el espectro de testimonios y documentar el flujo de información operativo en la gestión de la emergencia.
El desarrollo de la causa incluye, además, resoluciones sobre la situación procesal de las partes. Europa Press informó que la jueza rechazó la nulidad y la repetición de las diligencias celebradas desde el 4 de septiembre, solicitud planteada por una acusación particular que, tras haber sido apartada del procedimiento, fue readmitida por orden de la Audiencia de Valencia. El auto judicial consultado por Europa Press argumenta que hacer retroceder la instrucción supondría un retraso que afectaría a los familiares de las víctimas y a la dinámica procesal, y que la implicación de la parte readmitida no puede acreditarse como determinante para la adopción de medidas procesales distintas.
En resoluciones anteriores, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia se refirió al retorno de esta acusación, que había sido excluida por presunto fraude procesal y por supuesta defensa de intereses anexos al ex secretario autonómico Emilio Argüeso, cuyo nombre aparece vinculado en el expediente. El tribunal puntualizó que el abuso del manejo procesal puede fundamentar el rechazo de pretensiones, pero no justifica por sí solo la expulsión del procedimiento.
De acuerdo con los reportes de Europa Press, la instrucción continúa explorando la secuencia de decisiones, omisiones y acciones institucionales que desembocaron en la ausencia y la demora de los avisos, y examina minuciosamente la gestión de los protocolos de protección civil y la comunicación institucional ante el episodio de inundaciones. La recopilación de pruebas documentales y testimoniales, la revisión de protocolos y la búsqueda de responsabilidades en torno a la emisión y retraso de alertas siguen bajo la responsabilidad del juzgado de Catarroja.
