El juicio por la muerte de Maradona venía encaminado. Y aunque avanzaba a un ritmo lento, lo hacía de manera constante y prolija. Sin embargo, un inesperado escándalo desatado en la última audiencia hizo que, de un momento al otro, se pusiera en duda el rol de una jueza y, en consecuencia, el posible riesgo de continuidad del debate.
“Este juicio es un reflejo de la vida misma de Diego. Parece que está todo bien y de repente no”, definió una fuente judicial a Infobae la situación desencadenada el pasado jueves, cuando uno de los tres integrantes del TOC N.º 3 de San Isidro quedó en la mira de la Justicia por presuntas irregularidades.
Se trata de Julieta Mackintach, quien ahora está siendo investigada por haber realizado presuntas gestiones, coordinaciones o negociaciones con productoras audiovisuales interesadas en el debate oral donde se definirá el futuro de siete imputados por la muerte del Diez.
La causa se abrió tras una denuncia penal efectuada por los abogados Fernando Burlando y Mario Baudry -representantes de Dalma, Gianinna y Dieguito Fernando Maradona, respectivamente- quienes señalaron que esta posible comisión de hechos sin consentimiento de las partes podrían configurar “delitos de acción pública” que afecten al proceso penal.
Los delitos mencionados fueron abuso de autoridad, prevaricato, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
“Es un disparate. No hay documental, no hay contrato. No tengo nada que ocultar, pero no pongan en tela de juicio ni mi prestigio ni mi honestidad”, aclaró Mackintach en diálogo con Infobae sobre la denuncia en su contra.
El presunto vínculo de la magistrada con productores audiovisuales llegó oficialmente al juicio en la audiencia del jueves, cuando Julio Rivas, el abogado de Leopoldo Luque, se lo preguntó indignado al tribunal.
Sin embargo, este rumor recorre los pasillos del palacio de la calle Ituzaingó desde el primer día. Y al ser mencionado a viva voz por el defensor, provocó la sorpresa de todos los presentes en la sala. Particularmente de los tres jueces, quienes por primera vez desde el comienzo del debate se mostraron incómodos con la situación.
Cabe destacar que nada de esto hubiera escalado de no ser por la llamativa escena que protagonizaron los propios magistrados al comienzo de la jornada del jueves, la cual desconcertó a todas las partes y generó tanta confusión como revuelo.
El episodio tuvo que ver con un cambio repentino de los integrantes del tribunal en sus roles. En esta rotación, la jueza señalada pasó de desempeñarse como vocal a ocupar el rol de coordinadora del debate, que hasta ahora lo hacía Maximiliano Savarino. Es decir, que pasó a ser la persona que dirige los interrogatorios y analiza pruebas presentadas, entre otras funciones.
La explicación fue que el cambio respondía a “una cuestión administrativa”, aunque esto no convenció a ninguna de las partes. En consecuencia, hubo protesta: tanto abogados como fiscales dijeron que nunca habían visto una situación así en sus años de carrera y reclamaron que el debate siga siendo dirigido por el juez Savarino, como hasta ahora.
El clima de la sala de audiencias se tornó tenso y los jueces se mostraron sorprendidos ante la resistencia casi unánime de todas las partes a esta rotación.
En los argumentos expresados por los letrados y representantes del Ministerio Público Fiscal, muchos señalaron que la decisión de cambiar los puestos podía poner en riesgo la validez del debate.
Y fue entonces cuando los abogados de Luque y Cosachov apuntaron directamente contra la jueza Makitanch: aseguraron que ya tiene un preconcepto de los imputados, que su parcialidad está condicionada y que advierten que “por el modo, los gestos y los contenidos de sus preguntas está adelantando un veredicto”, por lo que no estaban de acuerdo con que ahora coordinara el juicio.
En este contexto, el defensor del neurocirujano puso sobre la mesa la cuestión del presunto documental que supo que se estaría filmando en las audiencias bajo conocimiento de la magistrada. Según dijo en su intervención, ella sería quien habría autorizado a dos o más personas a que recopilen material audiovisual del juicio sin el consentimiento de las partes.
Acto seguido, el abogado señaló a un hombre y una mujer que estaban en el público y pidió que se los identificara. Dijo que serían ellos los supuestos infiltrados.
En consecuencia, ambos debieron poner sus identificaciones a disposición y presentarse ante toda la sala: dijeron ser escritores independientes que iban a ver las audiencias simplemente por interés y negaron formar parte de alguna producción o estar grabando con el aval de la magistrada.
El misterio de los supuestos productores infiltrados
Más allá de la presentación que hicieron los escritores ante toda la sala, en el marco de la denuncia efectuada por Burlando y Baudry, ya declararon dos testigos que aseguraron que la pareja tenía la autorización de la jueza Mackintach para entrar a las audiencias.
Además, al inicio del juicio, el hombre se había presentado entre los periodistas acreditados como escritor y productor independiente; mientras que la mujer quedó grabada en las jornadas de lineamientos (las únicas que se transmitieron por Youtube) hablando con un camarógrafo al que le llamaron la atención por filmar. Aclaración: adentro de sala está prohibido registrar material audiovisual.
La magistrada Mackintach admite haberles permitido el ingreso, aunque niega rotundamente que haya sido para grabar un documental previamente acordado: dijo que él es pareja de una amiga suya y que ella es su compañera de la primaria, cuyo padre era fanático del derecho y maradoniano y quería presenciar el juicio, pero falleció antes de que comience.
En esta línea, aseguró que suele invitar a conocidos o alumnos a presenciar las audiencias para que se interioricen en el desarrollo de un debate oral y el derecho en sí, algo ella considera que “es importante”.
De vuelta al documental sospechoso y los presuntos infiltrados de una productora, la jueza remarca que no hay pruebas que sostengan la acusación que le hacen e insiste en que no existió ningún acuerdo con nadie.
Tampoco con la empresa audiovisual que dirige su propio hermano, Juan Mackintach, junto al ex Puma, Agustín Pichot, que en un principio se mencionó como el posible vínculo.
En este sentido, la magistrada está segura de que la continuidad del juicio no está en riesgo porque “ni en el peor de los delirios” esa puede ser una consecuencia de la investigación iniciada el pasado jueves.
No obstante, el siguiente capítulo de esta otra historia del juicio por Maradona continuará el martes, cuando se reanude el debate por la muerte del diez y se conozcan las novedades al respecto.
