Un juzgado de Bolivia ordenó la “suspensión inmediata” del tratamiento legislativo de dos contratos para la industrialización de litio que el Gobierno de Luis Arce había gestionado con empresas de Rusia y China. Adicionalmente se instruyó a Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y al Ministerio de Hidrocarburos abstenerse de ejecutar cualquier acción administrativa vinculada a los contratos hasta que se resuelva el fondo del proceso.
La determinación se dio luego de que la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez, del departamento de Potosí, presentara una acción popular en defensa del medioambiente y de los derechos indígenas de más de 50 comunidades que viven en la región próxima al salar de Uyuni (sudoeste), donde se implementarían los proyectos.
“El juez dictó medidas cautelares históricas que frenan el avance de proyectos que amenazan nuestros derechos colectivos, nuestras fuentes de agua y a la Madre Tierra”, manifestó la central provincial a través de un comunicado. Esta organización había solicitado al juzgado, como medida cautelar de la acción popular, la realización de estudios ambientales con la participación de todas las comunidades, la implementación de procesos de consulta previa y la creación y aprobación de una Ley del Litio y Recursos Evaporíticos.
Los dos contratos, con la firma rusa Urianium One y la china Hong Kong CBC, estaban en tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional. En septiembre de 2024, YLB y Uranium One firmaron el primer contrato para producir 14.000 toneladas de carbonato de litio al año en el salar de Uyuni, en el departamento de Potosí, utilizando la tecnología de extracción directa de litio (EDL) con una inversión superior a los 970 millones de dólares.
Dos meses más tarde se firmó el contrato con la empresa china para el emplazamiento de dos plantas de producción de carbonato de litio, también con tecnología EDL, de 10.000 y 25.000 toneladas anuales de capacidad con una inversión de 1.030 millones de dólares.
Ambos documentos fueron remitidos a la Cámara de Diputados, donde algunos legisladores y analistas en temas energéticos y ambientales denunciaron que se trataba de acuerdos que no eran beneficiosos para el país, que no se habían socializado con las comunidades y que habían sido aprobados mediante sobornos.
La diputada de oposición Lissa Claros alertó que aunque los contratos no habían sido aprobados, algunos trabajos de operación se habían iniciado sin autorización.
“Con esto (el fallo) se estaría paralizando tanto los trabajos de operación, que vienen haciendo estas trasnacionales en los salares de Uyuni, como el tratamiento en la Asamblea Legislativa”, indicó en una entrevista en la radio Fides.
La legisladora añadió que el fallo judicial ordena que no se puede seguir con operaciones en los salares mientras no se tenga un estudio de impacto medioambiental. “Celebramos que hoy la justicia boliviana esté velando por los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y de la Madre Tierra”, manifestó.
El litio fue visto durante muchos años como una gran promesa en Bolivia. El país sudamericano es parte del triángulo con la mayor reserva mundial del metal estratégico para la transición energética y se esperaba que su industrialización le permita dar un salto en la gestión de sus recursos naturales: pasar de ser un histórico proveedor de materia prima a un exportador de manufactura.
Sin embargo, a diferencia de otras naciones, Bolivia se va quedando atrás en el desarrollo de la industria. Tras más de doce años de proyectos, cambios de rumbo en la estrategia y millones de dólares invertidos sin retorno, en noviembre del año pasado se aprobaron los dos contratos que esta semana quedaron suspendidos de manera indefinida lo que posterga aún más el desarrollo de la industria.