La autoridades policiales chilenas siguen la pista de la red de protección que le permitió al sicario del Tren de Aragua, Alberto Carlos Mejía (18), huir del país con dirección al Perú apenas dos días después de ser liberado, producto a un garrafal error judicial que ha puesto en entredicho la credibilidad del Poder Judicial.
Mejía es uno de los tres pistoleros venezolanos acusados de asesinar por encargo a José Felipe Reyes Ossa (43), conocido como el “Rey del Meiggs”, hecho ocurrido el mes pasado en la comuna santiaguina de Ñuñoa. Este martes, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, aseguró que el asesino a sueldo tuvo necesariamente apoyo logístico en el país para poder viajar al norte y fugarse por un paso no habilitado, red de protección que estaría a punto de ser desbaratada.
“Él tenía una red de protección. Forma parte de la investigación que está llevando el Ministerio Público. Esa red de protección está identificada, y es una red dentro del país”, señaló Cordero.
Sus palabras fueron refrendadas por el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, quien informó que el Ministerio Público abrió dos causas, una para “establecer las circunstancias en las cuales este sujeto recupera la libertad y se da la fuga”, y otra para “esclarecer la identidad de las personas que habrían prestado apoyo“, remató.
La liberación
Alberto Carlos Mejía fue puesto en libertad por Gendarmería el jueves 10 de julio debido a un grave yerro administrativo. Según lo que se sabe hasta ahora, tras detectarse un error en el nombre estampado en el fallo de la magistrada que decretó la prisión preventiva de los tres sicarios, se despachó un segundo documento que derogaba el primero, y luego se emitió un tercero con el nombre bien puesto.
Sin embargo, a pesar de un mail que advertía que el imputado debía mantenerse en prisión, Gendarmería tomó razón del segundo oficio y liberó al sicario por la noche, quien se fue caminando en dirección al barrio Franklin como Pedro por su casa junto a dos amigos que lo esperaban afuera de la cárcel.
Para peor, el viernes pasado Carabineros y la Policía de Investigaciones tuvieron que emitir dos nuevas órdenes de captura internacional, pues gracias a sus huellas dactilares fue finalmente posible dar con el nombre real del sicario: la primera bajo el nombre de Carlos Alberto Mejía Hernández, y una segunda corregida horas más tarde finalmente como Alberto Carlos, de 18 años, quien ingresó por un paso ilegal al país y se encontraba sin documento de identificación alguno
La huida
Dos días después de salir de la cárcel, Mejía Hernández se dirigió hasta la Estación Central donde pidió un viaje por aplicación hasta Iquique (1,760 kms al norte de Santiago), “carrera” por la cual pagó unos USD 2,500.
En esa ciudad pernoctó en un hostal y luego pasó a Arica, en la frontera con Perú, desde donde cruzó hacia Tacna por un paso no habilitado cercano al complejo fronterizo de Chacalluta.
Según ha trascendido en diversos medios, en Arica es posible contratar taxis ilegales que cobran entre USD 150 y USD 500 y fungen como verdaderos “coyotes” para quienes buscan huir del país sin ser revisados.
Así las cosas, la fuga de Mejía Hernández ha dejado al descubierto las falencias no solo entre el canal de comunicación entre el Poder Judicial y Gendarmería, sino también de los controles fronterizos chilenos tanto en la entrada como salida del país.
