Una reciente decisión judicial en Colombia ha ordenado la devolución de 21 bienes, valorados en una suma millonaria, a la familia del conocido narcotraficante Horacio Triana Romero.
Entre los beneficiarios de este fallo se encuentra el congresista Eduar Alexis Triana Rincón, lo que ha generado un intenso debate sobre la gestión de los bienes incautados y la actuación de las autoridades en procesos de extinción de dominio.
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La medida, que involucra propiedades, empresas y vehículos de alto valor, representa un giro relevante en uno de los casos más emblemáticos de lucha contra el narcotráfico en el país, según información obtenida por El Tiempo.
El fallo, emitido por la juez 24 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad Claudia Luisa Velandia, establece que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) debe reintegrar a la familia Triana un conjunto de activos que incluye dos empresas, haciendas, apartamentos en Bogotá y Boyacá, camionetas de alta gama, camiones, motocicletas, más de trescientas cabezas de ganado y una cuenta bancaria. Entre las compañías que serán devueltas figuran Mercallanos Supermercados Ltda y Emagacons S.A., esta última con sede en Bogotá y gerenciada por uno de los hijos de Triana.
Además, la lista de bienes abarca inmuebles ubicados en Chiquinquirá, Maripí y Otanche (Boyacá), así como un apartamento en el sector de La Castellana, en el norte de la capital.
Horacio Triana Romero, identificado como un poderoso narcoesmeraldero, cumple actualmente una condena de 14 años en Estados Unidos por narcotráfico y conspiración, con fecha de finalización prevista para el 23 de febrero de 2029, de acuerdo con el Buró de Prisiones de ese país.
Triana fue extraditado en enero de 2019 tras su captura en Colombia en 2016, y no recibió reducción alguna en su sentencia. Siete miembros de su familia, incluido el congresista Eduar Alexis Triana Rincón, resultaron favorecidos por la reciente decisión judicial, que les permitirá recuperar los bienes incautados en 2020.
El paquete de activos que será restituido incluye una hacienda de 256 hectáreas, equivalente a una vereda completa, y varios vehículos de marcas reconocidas como Toyota y Chevrolet. En su momento, la suma total de los bienes incautados al clan Triana, junto con los del grupo de ‘Pedro Orejas’, también extraditado, se estimó en cerca de COP 1.5 billones, según datos recopilados por el medio mencionado.
El proceso judicial que condujo a esta devolución se remonta a la incautación de los bienes en 2020, cuando la Fiscalía 43 de la Dirección Especializada de Extinción de Dominio impuso embargos y secuestros sobre las propiedades.
En julio de 2023, tras una solicitud de los abogados de Yerson Istiben Triana y otros familiares, se ordenó un control de legalidad sobre las medidas cautelares.
La juez Dora Cecilia Urrea Ortiz, encargada del caso de extinción de dominio, determinó que la Fiscalía había superado ampliamente el plazo legal para archivar el proceso o presentar la demanda correspondiente.
En palabras de la magistrada, “la Fiscalía ha excedido ampliamente el término legal, art. 89, pues han transcurrido más de treinta (30) meses, es decir, más de dos (2) años y medio, sin cumplir con la carga procesal de archivar el proceso o presentar la demanda de extinción de dominio”, según consta en documentos revisados por el medio mencionado
La SAE, responsable de la administración de los bienes incautados, recibió la orden de proceder con la entrega de los activos a la familia Triana.
Aunque la investigación sobre el origen de los bienes continúa y persiste la suspensión del poder de disposición, lo que impide su venta, la decisión judicial establece un plazo perentorio para la devolución.
El fallo de tutela, emitido el 20 de agosto, instruye a la SAE a expedir el acto administrativo de entrega en un término improrrogable de quince días hábiles, en cumplimiento de lo dispuesto por el juzgado de extinción de dominio en las fechas señaladas.
Mientras Horacio Triana Romero permanece privado de la libertad en Estados Unidos, la resolución judicial en Colombia ha reavivado el debate sobre la eficacia de los procesos de extinción de dominio y la capacidad de las instituciones para gestionar los bienes vinculados al narcotráfico.
La actuación de la Fiscalía y la SAE, así como las demoras procesales, han sido objeto de cuestionamientos en el marco de este caso, que sigue bajo la atención de la opinión pública y de las autoridades.
En cumplimiento de la decisión judicial, la SAE deberá formalizar la entrega de los bienes a la familia Triana en un plazo máximo de quince días hábiles a partir de la notificación, dando así curso a la orden emitida por el juzgado de extinción de dominio en julio de 2023.
