Al calor de la feria judicial de enero, la causa por la mansión de Pilar valuada en más de 20 millones de dólares y atribuida a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) puede tener un nuevo giro: la Justicia Federal de Campana pidió al fuero Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires que dé un paso al costado y le ceda el expediente.
El juez Adrián González Charvay, con competencia territorial en Pilar y la zona norte de la provincia de Buenos Aires, este martes le solicitó formalmente la inhibitoria a su par Marcelo Aguinsky, actual magistrado a cargo de la causa por lavado de activos.
La disputa sobre quién debe llevar adelante la investigación se generó a partir de un planteo de la defensa de los presuntos testaferros Ana Conte y Luciano Pantano, madre e hijo, quienes solicitaron que el caso cambie de juez justo antes de presentarse a declarar este lunes, una jugada que les ahorró -por ahora- comparecer ante la Justicia.
Según el criterio del juez González Charvay, la causa debe tramitar en Campana porque los bienes investigados se encuentran en el partido de Pilar. Distinto había opinado anteriormente el fiscal que interviene en el fuero Penal Económico, Claudio Navas Rial, quien dictaminó ayer que el objeto de la pesquisa es el accionar de las autoridades de la AFA, cuya sede está en CABA.
Ahora deberá responder el Juzgado en lo Penal Económico N° 10 que subroga Aguinsky. Si el magistrado se niega a entregar el expediente se trabará un conflicto positivo de competencias, es decir que ambos jueces quieren quedarse con la causa. Entonces la discusión deberá resolverse en una instancia superior.
La causa ya había tenido sus idas y vueltas entre distintos despachos. Primero le tocó por sorteo al juez federal Daniel Rafecas, que se excusó y luego le devolvieron la investigación. Recién luego, y en medio de una serie de allanamientos a la mansión, la Cámara Federal porteña determinó que el caso debía tramitar en el fuero Penal Económico.
Pero en ese pronunciamiento los camaristas discutieron por la naturaleza de los delitos a investigar, y no por el lugar donde se habrían cometido los hechos.
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