La Justicia electoral citó a declarar para este lunes a la legisladora porteña de La Libertad Avanza, Lucía Montenegro, y a su padre, Antonio Montenegro, ambos responsables financieros del partido Unite, con el que José Luis Espert se postuló a la presidencia en 2019, y que luego fue sancionado por no poder justificar fondos de campaña.
Tras rechazar las rendiciones de cuentas presentadas por el partido, la Justicia le prohibió a Unite recibir aportes públicos y, en virtud de lo establecido por la ley de financiamiento a los partidos, se activó un proceso administrativo, de tipo acusatorio, que investiga a los responsables financieros de los partidos.
Son Antonio Montenegro, su hija Lucía, y José Bonacci, que también fue citado por el fiscal electoral Ramiro González, pero su declaración se postergó, luego de que Bonacci solicitada una prórroga por haber cambiado de abogado, confiaron fuentes al tanto del caso.
Montenegro era el tesorero de Unite y Bonacci el “primer responsable económico”, según consta en los documentos de la Cámara Nacional Electoral de aquel año.
Por estos días, Bonacci protagonizó un cortocircuito público con Espert, que, antes de reconocer el pago de 200 mil dólares, en medio una creciente presión por la falta de explicación respecto a su vínculo con Fred Machado, había sostenido que era el partido quien se ocupaba de los fondos.
“Nosotros no le proveímos ningún medio ni locomoción, ni camioneta, ni avión”, contrapuso Bonacci, respecto al transporte utilizado durante la campaña, en declaraciones a Radio Rivadavia.
La hija de José Bonacci, Rocío, es diputada nacional por La Libertad Avanza. Fue noticia por visitar, en julio de 2024, a militares condenados por delito de lesa humanidad por su rol en la última dictadura; y más recientemente por sufrir un accidente en la Autopista que une Rosario con Buenos Aires.
Los demás expedientes
Esta causa administrativa corre en paralelo a la que tramita en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, donde se investiga el uso de distintos aviones durante la campaña en 2019, donde se confirmó que Espert y Machado volaron juntos en un avión, los días 15 y 18 de abril de 2019.
Un tercer proceso tramita en la Justicia de San Isidro. Fue iniciado por Juan Grabois el viernes pasado, a partir de los 200 mil dólares que Espert recibió de una empresa ligada a Fred Machado, tal como denunció y confirmó luego LA NACION, con el documento oficial de Bank of America que dio a conocer ayer.
Espert no forma parte de esta investigación, por no tener responsabilidades financieras dentro partido por el cual fue candidato. El proceso podría culminar con un eventual juicio oral, aunque sin sanciones penales, por ser un proceso de índole electoral.
Si fueran encontrados culpables, sobre ellos caería una inhabilitación para ocupar cargos públicos, en una escala que va de los 6 meses a los 10 años.
La citación de Montenegro y Bonacci en este otro expediente se conoce luego de la publicación de LA NACION tras la cual Espert reconoció públicamente haber recibido el pago de US$200.000 por parte de una de las empresas de Machado.
En el video que difundió en sus redes, Espert remarcó que recibió ese monto después de haber “perdido como en la guerra” en las elecciones y como “producto de su actividad privada”.
Respecto al vuelo compartido con Machado, Espert dijo en su descargo público: “A comienzos de 2019, Federico Machado me propuso presentar mi libro La sociedad cómplice en Viedma, su ciudad natal. Ofreció llevarme en su avión, acepté y se lo agradecí públicamente”.
