CÓRDOBA.- La Justicia tucumana impuso un bozal legal a una empresa periodística y sus trabajadores. A pedido del Ministerio Público Fiscal provincial, el juez subrogante Lucas Taboada ordenó una medida cautelar que ordena a la Compañía de Circuitos Cerrados S.A. (CCC), a sus periodistas, productores y conductores, abstenerse durante seis meses de emitir, por cualquier medio, contenidos que “directa o indirectamente, injurie, desacredite, tergiverse o distorsione la actuación” de fiscales, funcionarios judiciales y magistrados de la provincia.

La prohibición alcanza al canal de televisión, la radio, plataformas digitales y redes sociales de CCC y el incumplimiento de la medida estará penado “bajo apercibimiento de desobediencia judicial”.

La denuncia fue realizada por el ministro fiscal de la Corte Suprema Provincial, Edmundo Jesús Jiménez, quien fue contra Gustavo Aníbal Gabriel Olarte, director y presidente de CCC. La presentación fue tomada por la Unidad Fiscal de Decisión Temprana, a cargo del fiscal Daniel Sosa Piñero, quien inició una causa por “turbación de un acto legítimo de autoridad, amenazas e incitación a la violencia colectiva”.

La descripción de los hechos de la sentencia señala que Olarte “valiéndose de una apariencia de ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión” emprendió “una campaña pública de hostigamiento, desprestigio y ataque mediático contra distintos fiscales, en general, contra el sistema de justicia provincial en su totalidad, consistente en programas televisivos, columnas de opinión y publicaciones en redes sociales”.

En esa línea, sostiene que en CCC se realizan “expresiones tendenciosas, descontextualizadas, y maliciosas” que tienen “como objetivo distorsionar los hechos investigados, accionar éste que no solo busca desprestigiar la figura de los funcionarios judiciales, sino también socavar la confianza pública en la administración de justicia”.

Consultado el gobernador Osvaldo Jaldo sobre la medida judicial dijo: “Son decisiones de tipo judicial que están en el ámbito de otro poder. Por lo tanto, yo, como gobernador, soy respetuoso de las decisiones que toman los poderes. Es una decisión judicial que hay que respetarla. Luego hay instancias para revertirlas”.

“Lo que sé es que es una medida judicial y que, nos guste o no nos guste, hay que respetarla. Y hay caminos judiciales para revertir esa medida, si es que alguien entiende que es injusta o que tiende a amordazar la libertad de prensa. Tienen la vía judicial que, como se la implantó, se la sancionó, se la puede revertir. Y esto es lo bueno que tiene la democracia y lo bueno es que hoy los poderes del Estado estén funcionando a pleno”, agregó Jaldo.

Denunciado y denunciante

Olarte compró CCC a fines del año pasado. La empresa fue creada en 1987 por la familia Domínguez. Mientras que Jiménez, el denunciante, asumió como ministro fiscal en 2014.

Hasta ese momento y, desde 2003, fue ministro de Gobierno y Justicia del entonces gobernador José Alperovich, quien fue condenado a 16 años de prisión por seis hechos de abuso sexual agravado con acceso carnal y tres de abuso sexual simple —dos de ellos en grado de tentativa— cometidos entre diciembre de 2017 y marzo de 2018. Está detenido, ahora con prisión domiciliaria en Puerto Madero, Buenos Aires, desde el 18 de junio de 2024.

Hace poco más de un mes, Jiménez fue duramente criticado por el diputado nacional de Unión por la Patria y dirigente del gremio La Bancaria Carlos Cisneros, quien denunció una “maniobra judicial” para encubrir, supuestamente, a futbolistas acusados de violación.

En declaraciones a Splendid AM 990, advirtió sobre el rol del Ministerio Público Fiscal en una contradenuncia presentada por el futbolista José Florentín, y la consideró parte de un operativo para frenar la elevación a juicio de una causa por abuso sexual. “Lamentablemente, lo que hace Jiménez con la justicia en Tucumán es una verdadera degeneración. Es alguien que ha armado la justicia tucumana a gusto de Alperovich y siempre se dedicó a proteger sus intereses”, sostuvo.

La organización Fopea advirtió que la medida judicial “afecta claramente el derecho a la información de la ciudadanía” y su aplicación “pondría en riesgo la libertad de expresión y de prensa, derechos de raigambre constitucional, además de representar un claro acto de censura previa”.