Van a cumplirse el próximo mes 15 años de la fatídica ley 26.657 de Salud Mental. Y lo de fatídica tiene que ver con las fatalidades que cíclicamente deja emerger este texto normativo confuso, ambiguo, anticientífico y creado sin la participación de ninguna Facultad de la Argentina. Sigue sin ser modificado a pesar de tantas muertes por suicidio, homicidio y abandono que el mismo ha propiciado, atando de pies y manos a autoridades judiciales y policiales ante situaciones problemáticas emergentes, y a médicos psiquiatras atendiendo emergencias psiquiátricas prevenibles.
La vida de una ciudadana brasileña ha sido segada en pleno centro porteño por una persona enferma mental y con antecedentes delictivos, cuyo lugar de tratamiento debe ser una unidad penitenciaria con asistencia psiquiátrica. Pero la negativa de ciertos legisladores actuales a tratar las necesarias reformas a la ley, pese a la lucha y proyectos de tantos otros, entre ellos, la legisladora Marcela Campagnoli, facilita este estado de desastre, donde afectados por sus delirios, paranoias y depresiones, cientos de pacientes sin tratamiento adecuado, deambulan por las calles del país, constituyendo un riesgo claramente cierto pero que parece no importar, porque total “son locos”, al decir despectivo de algunos.
¿Por qué no se accede a priorizar a los psiquiatras argentinos como efectores de un cambio necesario, si son los de mayor conocimiento sobre la enfermedad mental? ¿Por qué no se faculta al juez, como en la ley 22.914, para que ejecutivamente, y con las fuerzas del orden, pongan a resguardo, asistidos y cuidados, a pacientes que no tienen dónde y cómo atenderse?
¿Por qué seguimos priorizando los supuestos derechos humanos dictados por algunos “iluminados” cuando toda la población tiene los mismos derechos, y también la ciudadana brasileña absurdamente asesinada? ¿Cuándo va a interesar a los que detentan el poder en nuestro bendito suelo la suerte de tantos pacientes psiquiátricos y sus dolientes familias, que ven cerrar diariamente centros de atención o penan por la falta de turnos para asistirlos? ¿Es necesario acudir a una psiquiatría pública sin turnos ni recursos para aquellos que no pueden pagarla, y a otra diferente en el ámbito privado?
Estas tragedias son perfectamente evitables con un Plan Nacional de Salud Mental que a la fecha no existe, y menos aún existen los recursos necesarios, que irónicamente la misma ley 26.657 promulgada hace 15 años fijó en un 10% del total de Presupuesto de Salud, del que solo se cumplió un 2%, como mucho.
Señor Presidente de la Nación, Javier Gerardo Milei; Señora ministra de Seguridad Nacional y senadora electa, Patricia Bullrich, señores legisladores: los psiquiatras argentinos estamos a sus órdenes para poner fin a este caos y para colaborar en un todo para restablecer un estado de bienestar mental que los ciudadanos tanto merecemos, mediante una nueva ley de salud mental. Que así sea.
- El Dr. Andrés Mega es profesor universitario, psiquiatra y forense
