El anteproyecto de Ley de Actividades Espaciales busca ordenar de forma sistemática la actividad espacial bajo jurisdicción española, establecerá requisitos para reducir la basura espacial y exigirá a los operadores disponer de seguros o garantías financieras suficientes para desarrollar actividades espaciales.
El primer texto de la futura Ley del Espacio, consultado por Europa Press, señala que, para que el desarrollo del sector espacial español se consolide de forma estable y a largo plazo, resulta imprescindible aprobar una norma que integre los compromisos internacionales, las prioridades de seguridad y defensa y los retos industriales y científicos que caracterizan este ámbito.
Esta ley impulsada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades abordará de manera integral los principales retos que enfrenta actualmente el sector.
Entre ellos se encuentran la necesidad de establecer un régimen de autorizaciones, reforzar los requisitos de seguridad, sostenibilidad y resiliencia, garantizar la existencia de mecanismos adecuados de seguros y garantías financieras, actualizar aspectos del registro de objetos espaciales, impulsar la industria y los centros de investigación y avanzar en la regulación de las infraestructuras espaciales.
Con ello, el anteproyecto de ley, cuyo objetivo es ser «válido y útil durante un periodo largo de tiempo», recoge que España «podrá dotarse de un marco robusto, capaz de garantizar seguridad jurídica, cumplir sus compromisos internacionales y proyectar al país como un actor competitivo y responsable en el espacio del siglo XXI».
Actualmente, quienes desean lanzar satélites, operar constelaciones o implantar infraestructuras espaciales carecen de un procedimiento unificado que establezca de forma clara y sistemática los requisitos de autorización, técnicos, financieros y de seguridad.
Esta ausencia de un marco común puede limitar la capacidad de España de atracción de inversiones, genera inseguridad a los actores implicados o responsables en actividades espaciales y dificulta el cumplimiento de sus compromisos internacionales de autorización y supervisión.
Por ello, esta norma busca reforzar y aplicar la obligatoriedad de obtener una autorización para poder realizar actividades espaciales, que establezca los requisitos básicos de la actividad, en el marco europeo de seguridad, sostenibilidad y resiliencia, y que sea emitida por una autoridad nacional designada a tal efecto, como pudiera ser la Agencia Espacial Española u otros organismos designados.
PLANES DE SEGURIDAD, EMERGENCIA O CIBERPROTECCIÓN
El marco actual no obliga a los operadores a contar con planes de seguridad, emergencia o ciberprotección, ni a integrarse en sistemas de vigilancia y gestión del tráfico espacial. «Estos condicionantes deben de abordarse de manera adecuada e incorporarse a la obtención de la autorización para la realización de actividades espaciales, así como de sus correspondientes excepciones», apunta el texto.
Por otro lado, la ley abordará la acumulación de desechos espaciales, que comprometen la viabilidad de futuras misiones, y buscará una respuesta a los riesgos medioambientales generados por los lanzamientos y reentradas.
De este modo, establecerá principios que aseguren prácticas responsables en el diseño, operación y retirada de objetos, así como la protección del medio ambiente terrestre, incluida la potenciación de las políticas de cielos oscuros, esto es, la protección del cielo nocturno frente a la contaminación lumínica y a las interferencias derivadas del creciente número de satélites y constelaciones artificiales.
El texto recuerda que los tratados internacionales atribuyen a los Estados la responsabilidad de los daños ocasionados por los objetos espaciales registrados bajo su jurisdicción. Sin embargo, en el contexto nacional español aún no se ha establecido un sistema que exija a los operadores disponer de seguros o garantías financieras suficientes, lo que podría trasladar una parte significativa del riesgo al erario público y afectar negativamente a la confianza internacional.
El Gobierno considera necesario establecer una regulación nacional que ordene este escenario adecuando la obligación de ciertas garantías acordes a la actividad espacial a realizar, así como las necesarias excepciones.
REGISTRO DE OBJETOS ESPACIALES E IMPULSO DE LA INDUSTRIA NACIONAL
La norma también incluye una actualización y asignación del Registro Español de Objetos Espaciales, creado en 1995, a las competencias de la Agencia Espacial Española.
También destaca que la industria espacial española precisa de un marco jurídico y programático «sólido» que contribuya a fomentar su actividad futura mediante una Ley diseñada para un largo período de tiempo.
«El fortalecimiento de la seguridad jurídica y el desarrollo de instrumentos adecuados permitirán al país aprovechar los beneficios derivados de la creciente democratización y comercialización del acceso al espacio», subraya el texto.
En este contexto, el Ejecutivo cree que es crucial reconocer la importancia de la industria espacial y los centros de investigación espaciales duales, tanto civil como militar, «como un motor clave para la innovación y la competitividad del sector espacial».
Así, asegura que la colaboración entre ambos ámbitos permitirá la optimización de recursos, la transferencia de tecnología y la creación de sinergias que favorezcan el desarrollo de infraestructuras y capacidades críticas para la seguridad nacional.
«Es imprescindible reforzar y promover legislativamente la colaboración público-privada, atraer nuevas fuentes de capital, facilitar la financiación de proyectos innovadores y promover la formación de talento especializado», establece el documento al respecto.
En cuanto a los espaciopuertos e infraestructuras espaciales, el anteproyecto de ley hace referencia a que el interés creciente en establecer instalaciones de lanzamiento y seguimiento debe verse reforzado con el desarrollo de normas específicas que lo apoyen.
«La falta de regulación genera incertidumbre para inversores y administraciones, pese a que la Estrategia de Seguridad Aeroespacial Nacional ya identifica el acceso al espacio como capacidad estratégica que debe de ser adquirida, protegida y sostenida en el tiempo», señala el texto.
