La Organización de Naciones Unidas ha subrayado este viernes «la difícil transición» a la que se enfrenta el pueblo sirio «tras años de conflicto y autoritarismo», y ha insistido en la necesidad «urgente y continua» de apoyo internacional en un contexto marcado por una violencia persistente, dificultades económicas profundas y una crisis humanitaria agravada pese a los «tímidos» avances políticos de los últimos meses.
«Los desafíos son enormes y la situación es extremadamente frágil», ha expresado el enviado especial de la ONU para Siria, Geir Pedersen. «Se necesita mucha más inclusión política y mucha más acción económica. Con un cambio radical en ambos elementos, la transición política en Siria puede tener éxito. Sin ambos, probablemente no lo tendrá, y las consecuencias serían graves», ha agregado.
Así las cosas, Pedersen ha defendido que las nuevas autoridades sirias no solo deben buscar la manera de ampliar la participación política, sino que deben asimismo abordar «agravios profundamente arraigados» en el sistema, sobre todo tras los últimos episodios de violencia de marzo contra las comunidades étnicas alauitas.
En este contexto, otro elemento de preocupación a ojos de la ONU es la situación humanitaria, que «sigue siendo grave». La organización estima que más del 50 por ciento de la población siria sufre inseguridad alimentaria y más del 70 por ciento necesita ayuda, a pesar de las incipientes mejoras locales en algunos puntos de Alepo y del noreste.
«Necesitamos más financiación para sostener esta labor (…). Los hospitales, la distribución de alimentos y los servicios esenciales corren el riesgo de colapsar sin apoyo inmediato», ha advertido la subsecretaria general de asuntos humanitarios de la organización, Joyce Msuya.
En cambio, «hasta la fecha, se ha recibido menos del 10 por ciento de los fondos necesarios para las labores de socorro durante el primer semestre de 2025», según Msuya.
Todo esto se enmarca en un contexto en el que el derrocamiento de Al Assad en diciembre del año pasado y el ascenso al poder del antiguo líder yihadista Ahmed al Shara, ahora presidente de transición, ha llevado a gran parte de los bloques y gobiernos occidentales a replantearse la conveniencia de los castigos impuestos tras el estallido de la guerra civil en el año 2011.
El último país en dar un paso adelante en esta dirección ha sido Reino Unido, cuyo Ministerio de Finanzas ha confirmado esta semana una revisión de la lista negra impuesta contra individuos o entidades «implicadas en la represión de la población civil en Siria» o «en el apoyo o beneficio del régimen sirio», sin dar más detalles.
De esta manera, doce organismos, entre los que figuran también la oficina de suministros del Ejército y varios medios de comunicación, no estarán sometidos a amenaza alguna en materia de congelación de activos.
Las autoridades de Siria han aplaudido este jueves la decisión del Gobierno británico, de la que se beneficiarán entre otros los ministerios de Defensa e Interior y los servicios de Inteligencia, y la ha destacado como «un paso fundamental hacia una mayor seguridad» tras la caída del régimen de Bashar al Assad a principios de diciembre de 2024.
