La forma en la que se ha permitido la utilización de la “defensa del estado de necesidad” dentro del marco jurídico israelí para eximir de responsabilidad a miembros de las fuerzas de seguridad y militares en actos de violencia durante los interrogatorios de palestinos ha generado preocupación en órganos internacionales. Según detalló Naciones Unidas en un comunicado difundido recientemente, este vacío legal, junto con la ausencia de mecanismos jurídicos específicos que sancionen la tortura, compromete seriamente el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos de la población palestina bajo administración israelí. En este contexto, el Comité contra la Tortura de la ONU instó formalmente a Israel a organizar investigaciones “imparciales y eficaces” que permitan esclarecer las múltiples denuncias sobre torturas, tratos crueles y degradantes aplicados sobre palestinos bajo control israelí, tal como consignó el organismo en su reciente pronunciamiento.
En el comunicado, el Comité de la ONU advirtió sobre un patrón continuado de acciones catalogadas como “crueles, inhumanas o degradantes” perpetradas en el contexto del conflicto israelí-palestino, especialmente tras la ofensiva militar desencadenada en Gaza el 7 de octubre de 2023. Según el reporte de Naciones Unidas, esta tendencia se agravó después de dicho suceso, al punto de desencadenar un saldo de víctimas considerado entre los más elevados registrados en la historia contemporánea del conflicto, con el registro actualizado de 69.799 muertos y 170.972 heridos tras operativos de las fuerzas armadas israelíes, bombardeos y enfrentamientos en la Franja de Gaza y otros territorios palestinos bajo administración israelí.
El último balance divulgado por autoridades administrativas de la Franja de Gaza, controlada por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), mostró que tras la puesta en marcha del alto el fuego vinculado a la primera fase de la propuesta estadounidense, más de 350 palestinos fallecieron a raíz de nuevos ataques del ejército israelí. Estas cifras, correspondientes al periodo iniciado el 10 de octubre, reflejan la persistencia de episodios violentos pese al cese de hostilidades, según publicaron fuentes locales y confirmó Naciones Unidas en el documento.
De acuerdo con el informe de la ONU, la legislación israelí carece de tipificación concreta sobre la tortura, lo que resulta en un entorno que favorece la impunidad, dificultando procesar y condenar a responsables de malos tratos y agresiones físicas documentadas durante el conflicto y la ocupación militar. El comité internacional señaló también que el sistema israelí, basado en instrumentos de fiscalización interna, no ha ofrecido respuestas satisfactorias frente al volumen y gravedad de las denuncias acumuladas acerca de prácticas abusivas cometidas tanto en operativos militares como en contextos de detención.
Entre las recomendaciones principales al Estado de Israel, la ONU demandó la conformación de una comisión de investigación verdaderamente independiente, compuesta por expertos especializados y con atribuciones plenas para analizar denuncias de torturas y malos tratos. Esta comisión debería enfocarse tanto en incidentes vinculados a despliegues militares como en situaciones relacionadas con la detención de personas palestinas, asegurando la debida revisión y eventual sanción a los responsables, según insistió el Comité contra la Tortura.
El organismo puntualizó que el análisis de los testimonios y los reportes periódicos recopilados bajo los compromisos internacionales suscritos por los Estados miembros constituye la base de sus evaluaciones. En el caso de los territorios palestinos ocupados, los registros de Naciones Unidas exponen la utilización sistemática de métodos coactivos denominados “medios especiales” en los interrogatorios. Estos procedimientos continúan aplicándose a personas detenidas por las fuerzas israelíes, sin ofrecer transparencia sobre el alcance ni la naturaleza exacta de tales métodos, como expuso el comunicado.
El Comité contra la Tortura argumentó que, además de las acciones cometidas por agentes estatales, la violencia directa ejercida por colonos israelíes en Cisjordania incrementó drásticamente, según la ONU, debido a la permisividad o facilitación de las autoridades locales. Desde el inicio de la nueva ola de enfrentamientos, más de 1.000 palestinos han muerto en Cisjordania por consecuencia de acciones militares o ataques perpetrados por colonos, información que divulgó el medio de la organización internacional.
En relación a las detenciones administrativas en los territorios palestinos controlados por Israel, la ONU alertó sobre un aumento considerable, alcanzando niveles que no se observaron durante los últimos años. Las detenciones administrativas son aquellas que se ejecutan sin presentar cargos formales ni permitir un acceso inmediato a proceso judicial alguno. Según Naciones Unidas, esta medida complica la defensa legal de los detenidos y limita gravemente las posibilidades de revisión judicial o reparación.
El Comité contra la Tortura argumentó en su pronunciamiento que la ausencia de mecanismos jurídicos claros y adecuados para sancionar casos de tortura y malos tratos en la legislación israelí debilita la supervisión sobre la actuación de las autoridades en contextos de ocupación militar y privación de libertad. En ese sentido, se exigió la prohibición de cualquier táctica que pudiera catalogarse como trato inhumano o degradante y solicitó una reforma robusta de la ley israelí para evitar el recurso a excepciones como las hoy contempladas, en particular la “defensa del estado de necesidad”.
De acuerdo con Naciones Unidas, solo una modificación fundamental en las regulaciones internas permitirá responder a la demanda de justicia de las víctimas y garantizar que no se repitan los episodios de abuso hacia la población palestina en los territorios ocupados. Para el organismo internacional, la transparencia sobre los métodos utilizados en interrogatorios y una supervisión independiente resultan imprescindibles para asegurar justicia efectiva y reparación para los afectados.
En la serie de recomendaciones presentadas en el comunicado, el Comité contra la Tortura solicitó sincronizar las normativas y protocolos de Israel con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, incluido el impedimento del uso de la “defensa del estado de necesidad” como herramienta para evadir la responsabilidad por actos de violencia cometidos por miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, así como otros funcionarios estatales ante denuncias de maltrato a detenidos.
El comité instó a la creación de comisiones investigadoras independientes y técnicas, dotadas de la potestad de examinar tanto los procedimientos de interrogatorio como los operativos militares donde se reportaron denuncias graves, insistiendo en que la falta de vigilancia externa fomenta la perpetuación de prácticas abusivas y restringe el acceso de las víctimas a mecanismos adecuados de denuncia, protección y reparación.
Según el pronunciamiento difundido por Naciones Unidas, el contexto de violencia y represión sobre la población palestina tras la ofensiva militar de octubre de 2023 ha producido algunos de los balances más graves en décadas, hecho que, junto al aumento de incidentes y el uso extendido de detenciones sin garantías jurídicas, refuerza la urgencia de reformas integrales en la respuesta estatal a las denuncias de tortura y trato inhumano.
