El oficialismo enfrentará este miércoles una prueba clave. La oposición en la Cámara de Diputados intentará insistir con la ley de emergencia para Bahía Blanca, que establece un fondo de $200.000.000.000 destinado a asistir a los damnificados y reconstruir la ciudad.
La norma fue vetada por Javier Milei el 24 de junio, pero el Senado ya la respaldó y dio el primer paso para invalidar ese rechazo. Ahora la última palabra la tendrá Diputados, que aprobó el proyecto originalmente por los dos tercios necesarios para insistir. Aquel día, el número se alcanzó con votos de parte de Pro, el radicalismo, un libertario suelto y una cantidad inusitada de ausencias.
Si la oposición logra repetir esa mayoría especial, la ley quedará firme. Sería la primera vez que una norma logra superar el veto de Milei, amparado hasta ahora en lo que el oficialismo llama “los 87 héroes”: un grupo de diputados que, con su voto o prescindencia, permitió bloquear todos los intentos por desactivar decretos presidenciales. No sería un caso inédito en la historia argentina: Carlos Menem, el presidente que más vetos emitió desde el regreso de la democracia, fue también al que más veces le insistió satisfactoriamente el Congreso.
El proyecto nació en el Senado, impulsado por la kirchnerista Juliana Di Tullio, y recibió sanción definitiva en Diputados el 5 de junio, con 153 votos afirmativos, 32 negativos y 71 ausencias. Entre los votos positivos estuvieron los de 15 diputados de Pro, nueve de ellos bonaerenses. Cristian Ritondo, jefe del bloque y uno de los principales operadores del acuerdo electoral con LLA en Buenos Aires, acompañó el proyecto. También lo hicieron Diego Santilli, Alejandro Finocchiaro y Gerardo Milman, todos con vínculos al armado libertario. Hoy enfrentan una disyuntiva: sostener su postura legislativa o priorizar la alianza electoral.
“El Gobierno dice que ya giró los fondos a Bahía Blanca”, deslizó un referente de Pro que evalúa cambiar su voto. Es el mismo argumento que expuso Ritondo en el programa Hora 20, en Neura, donde aludió al decreto que el Presidente firmó en marzo -previo a la votación- y que establece una partida de $200.000.000.000 para subsidiar a damnificados por las inundaciones. Es ese mismo decreto el que fue invocado por Milei para justificar el veto posterior.
Pero la oposición no quiere dejar esa prerrogativa en manos del Presidente: quiere imponerlo por ley. Según el senador Maximiliano Abad y la diputada Karina Banfi, ambos de la UCR, la ley no se superpone con el decreto 238/25 del Poder Ejecutivo. “Tiene mayor jerarquía constitucional y un alcance más amplio, porque no se ocupa sólo de las urgencias sino de soluciones estructurales. El Fondo Especial está pensado para reconstruir infraestructura pública dañada y reactivar el circuito económico local, dos puntos que no están previstos en el decreto del Gobierno Nacional”, explican.
Además, señalan, la ley contempla el control parlamentario sobre las acciones implementadas por el Poder Ejecutivo. “No estamos dispuestos a resignar la rendición de cuentas y la transparencia, dos aspectos centrales de la democracia representativa”, dictaminaron.
Además de los votos de Pro, la emergencia fue apoyada por el libertario Pablo Ansaloni (Buenos Aires), el radical oficialista Pablo Cervi (Neuquén) y Cecilia Ibáñez (Córdoba), del MID, quien ingresó a la Cámara por las listas de La Libertad Avanza.
Entre los ausentes se contaron figuras clave para el oficialismo. Una veintena de diputados de Pro, cinco radicales “peluca” que ya formalizaron un interbloque con LLA, y el resto del MID evitaron votar. También estuvieron ausentes los legisladores que responden a los gobernadores que suelen acudir en auxilio del Gobierno cuando está acorralado: los ocho integrantes del bloque Innovación Federal -que responden a los gobiernos provinciales de Misiones, Río Negro y Salta-, los sanjuaninos de Producción y Trabajo alineados con Marcelo Orrego, la catamarqueña Fernanda Ávila -en sintonía con Raúl Jalil– y los tres tucumanos que responden a Osvaldo Jaldo.
Esos actores volverán a ser determinantes. Hoy, en la Conferencia Internacional Argentina Cobre, el gobernador salteño Gustavo Sáenz envió un mensaje directo a la Casa Rosada: “No alcanza con el equilibrio fiscal. También se necesita equilibrio institucional y un Presidente que trabaje con los gobernadores. La lealtad es una avenida de ida y vuelta”, dijo, flanqueado por sus pares de San Juan, Mendoza, Jujuy y Catamarca.
El oficialismo y sus aliados apuestan a remover el proyecto del temario de la sesión. Pero la oposición más dura quiere dar la pelea: buscan exponer que, en algunos casos, los acuerdos electorales terminan pesando más que la coherencia legislativa.
En la UCR, donde todos votaron a favor de la ley y solo algunos se ausentaron, buscan postergar el debate. Alegan que hoy los votos no alcanzan y que sería “una imprudencia” arriesgar la norma en el recinto. Apuntan a ganar tiempo: esperan que, tras el cierre de alianzas previsto para este jueves, las heridas políticas les permitan reconstruir la mayoría necesaria.
El tema incomoda a varios bloques. En el Senado, cuando se aprobó la insistencia a principios de julio, nadie se animó a votar en contra: hubo 51 votos afirmativos y 21 ausencias. En esas ausencias se refugiaron los rechazos de los libertarios, de parte de Pro y del radicalismo.
