En la tarde del 21 de junio, cientos de ciudadanos llenaron el Centro Administrativo La Alpujarra en Medellín, en donde el Gobierno nacional celebró la aprobación de la reforma laboral, pero también tenía el objetivo de exponer los avances de la Paz Urbana.
Se trata de un proyecto que el 4 de junio cumplió dos años y consiste en una mesa de trabajo en la que el Estado participa con cabecillas condenados de estructuras criminales, como la Oficina de Envigado, La Terraza, y demás, que siguen recluidos en la cárcel de Itagui.
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Precisamente, como parte de la exposición, varios de los condenados fueron trasladados hasta La Alpujarra en un bus del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), lo que generó múltiples críticas por parte de la ciudadanía y figuras públicas.
Entre los “invitados” al evento estaban “Douglas”, “Lindolfo”, “Pesebre”, “Grande pa”, “Tom”, “El tigre”, “Pocho” y “Naranjo”, todos, condenados y recluidos en la cárcel mencionada.
¿Qué tanto ha avanzado el proyecto?
En los dos años de espacios de diálogo, se han concretado avances como la disminución de homicidios en el Valle de Aburra, provocando que la capital de Antioquia tuviera en 2024 la cifra más baja desde hace tres décadas.
Debido a que la explotación sexual es una de las problemáticas más graves en Medellín, en la mesa de trabajo se ha pactado el compromiso de no seguir con prácticas de esta índole en zonas de turismo, priorizando cuidar a los menores de edad.
Al proceso se han sumado figuras como Diego Fernando Murillo “Don Berna”, que fue el que proyecto las disputas de poder territorial en Medellín tras la caída de Pablo Escobar.
“Don Berna” se unió al proyecto como gestor de paz, puesto que se afirma que sigue teniendo influencia de alguna forma en las pandillas, aunque permanezca preso en Estados Unidos.
Uno de los puntos más destacados del proceso es la implementación de una ruta de cinco ejes, que incluye prevención de la violencia, equidad territorial y desarme total de las estructuras.
De la misma forma, una agenda con 60 organizaciones que buscaran garantizar la participación real de los vinculados a los diálogos urbanos y la inclusión de seguimiento comunitario en barrios estratégicos.
Por parte de los cabecillas, se han comprometido a dejar de comercializar fentanilo, heroína y otro tipo de estupefacientes; además de colaborar con las autoridades para identificar zonas de venta de drogas.
Uno de los temas que podría mencionar el presidente Petro es el balance del plan piloto de no extorsión, que se terminó el 21 de marzo en 45 barrios, que es, hasta la fecha, el mayor logro de la mesa de trabajo.
Sobre este plan, la Comisión de Observación de Seguimiento entregó un balance en el que se resaltaron las dificultades de hacer seguimiento a los compromisos por la falta de registros confiables sobre el delito de extorsión en el Valle de Aburra.
Sin embargo, desde la jefatura del proceso han catalogado los avances como positivos y no descartaron que este proyecto pueda ser replicado en otras cárceles de Medellín, puesto que los cabecillas recluidos en Itagui no representan el total de las pandillas de la ciudad. El nuevo objetivo es acercar a mujeres en el proceso, además de integrantes de bandas criminales que siguen en una disputa territorial.
Cabe mencionar que los críticos del proyecto han expuesto que en lo corrido del año se han registrado 144 homicidios en Medellín, la mayoría por disputas entre pandillas; lo que demuestra que el diálogo con los cabecillas no ha consolidado un cambio permanente en la ciudad.
