El gobierno de Donald Trump volvió a encender la controversia con una propuesta dirigida a los menores migrantes que permanecen en refugios de Estados Unidos. La administración planea ofrecerles US$2500 a cambio de aceptar salir voluntariamente y regresar a sus países de origen.
Programa de salida voluntaria del DHS: US$2500 para niños migrantes
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó la creación de un programa de “salida voluntaria” destinado a adolescentes extranjeros no acompañados, de 14 años o más, bajo custodia federal.
Según la carta enviada a los refugios, los menores que aceptaran la propuesta recibirían un “estipendio único de apoyo para la reubicación” de US$2500, entregado una vez que llegaran a su país de origen y con la aprobación previa de un juez de inmigración.
La medida busca reducir los costos de detención y deportación, que la administración federal consideró elevados. En los últimos meses, el gobierno estadounidense también ofreció US$1000 a adultos indocumentados que decidieran autodeportarse.
Según CNN, un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) sostuvo que la iniciativa era una “opción estrictamente voluntaria” que permitiría a los jóvenes “tomar una decisión informada sobre su futuro”.
Rechazo de organizaciones por los derechos de los niños migrantes
Diversos grupos de defensa de los derechos de los menores denunciaron que la política representaba una forma de presión. Tal como consignó Reuters, Wendy Young, presidenta de Kids in Need of Defense, calificó la propuesta como “una táctica cruel” que socava “las leyes que garantizan” un proceso justo para determinar si un niño podía recibir protección en Estados Unidos.
Melissa Adamson, abogada del Centro Nacional de Derecho Juvenil, advirtió que “para un niño, US$2500 podría ser la mayor cantidad de dinero que haya visto en su vida, y eso puede hacer que sea muy, muy difícil para ellos evaluar con precisión los riesgos a largo plazo”, según informó Associated Press.
En la misma línea, Murad Awawdeh, presidente de la Coalición de Inmigración de Nueva York, afirmó que la medida “presiona a los niños a abandonar sus reclamos legales y regresar a una vida de miedo y peligro sin recibir nunca una audiencia justa”.
Leyes y antecedentes del tratamiento a menores no acompañados
Desde 2019, más de 600 mil menores cruzaron la frontera sur de Estados Unidos sin un padre o tutor. En virtud de la Ley de Reautorización de Protección a Víctimas de Tráfico, estos adolescentes deben ser trasladados a refugios federales y comparecer ante un juez de inmigración antes de cualquier retorno.
Tradicionalmente, los jóvenes no recibían la opción de salida voluntaria, salvo que lo solicitaran con asesoramiento legal y bajo supervisión judicial. La propuesta del gobierno de Trump modificó ese enfoque, al ofrecer incentivos financieros para acelerar los retornos.
En octubre, más de 2100 niños se encontraban bajo custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés). Algunos ya habían pasado más de 170 días en los refugios debido a nuevos controles implementados por la administración, que incluyeron toma de huellas dactilares, pruebas de ADN y verificaciones domiciliarias de familiares.
Los defensores de inmigrantes señalaron que el plan ignoraba los posibles peligros que enfrentaban los adolescentes al regresar a sus países, donde muchos escaparon de la violencia o de la pobreza extrema.
También recordaron un episodio reciente en el que decenas de jóvenes guatemaltecos fueron preparados para su deportación sin el conocimiento de sus padres, hasta que un juez federal bloqueó temporalmente la medida.
Neha Desai, directora de Derechos Humanos y Dignidad de los Niños del Centro Nacional para el Derecho Juvenil, sostuvo que “no existe ninguna razón legítima para que el gobierno proporcione afirmativamente esta opción a los menores e incentive la misma con una recompensa financiera”.
Críticas a la política migratoria de Trump y su impacto en la niñez
El incentivo de US$2500 se sumó a una serie de políticas diseñadas para acelerar deportaciones y limitar el tiempo que los niños permanecen bajo custodia. Aunque el gobierno defendió la medida como una alternativa “más económica y voluntaria”, abogados y organizaciones alertaron que la decisión exponía a los adolescentes a graves riesgos y comprometía su derecho a un proceso migratorio justo.
