La lista de direcciones entregada por la policía de Río de Janeiro muestra que, durante el operativo, se efectuaron detenciones e incautaciones de droga y otros objetos ilegales solo en siete ubicaciones, mientras que en otras 27 no se halló nada ilícito o las autoridades no lograron acceder a los domicilios. Este dato surge de la documentación remitida al tribunal correspondiente, la cual detalla el desarrollo de la operación policial más letal registrada en la historia del estado, con un saldo de 121 muertos, incluidos cuatro agentes, al cierre de octubre en dos barrios de favelas. La acción, dirigida principalmente contra miembros del grupo Comando Vermelho, genera un creciente debate sobre la legalidad y las consecuencias de las tácticas empleadas. La Agencia de Brasil recogió información clave sobre estos aspectos a partir del informe policial presentado ante la justicia.
De acuerdo con la Agencia de Brasil, el informe defendió la intervención al describir la situación encontrada como un «escenario bélico de alta complejidad operativa». El documento remitido por la corporación policial alegó que los medios de comunicación informaron profusamente sobre el contexto de violencia presente durante el despliegue de las fuerzas de seguridad. Según consignó el medio mencionado, la operación fue respaldada en el informe por la necesidad de responder al nivel de violencia de los enfrentamientos ocurridos al intentar ejecutar órdenes de arresto y de entrada a domicilios sospechosos.
El enfrentamiento armado, según expuso la policía en su informe, impidió el cumplimiento de varias órdenes judiciales que habilitaban el ingreso en ciertas viviendas bajo sospecha, lo que llevó a modificar los planes originalmente establecidos para el operativo. El cuerpo policial destacó que el armamento y la estructura logística de las fuerzas de seguridad enfrentaron una resistencia significativa asignada a integrantes del Comando Vermelho, uno de los principales grupos criminales del país, según detalló la Agencia de Brasil. Ante la escala de violencia y la reacción opuesta, el número de bajas superó el de cualquier otro antecedente dentro del estado fluminense.
El operativo involucró la movilización de unos 2.500 efectivos. El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, sostuvo que el alto número de muertes respondió a la actitud violenta de quienes, según él, resistieron las órdenes de las fuerzas de seguridad en los dos barrios intervenidos. Castro celebró públicamente el resultado de la acción pese a las fuertes críticas recibidas, incluso desde el propio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien catalogó la operación como una «masacre» y la consideró «desastrosa», según reportó la Agencia de Brasil.
En el mismo operativo, autoridades detuvieron a 113 personas y decomisaron 118 armas y aproximadamente una tonelada de drogas. El informe agregado al expediente judicial no solo detalló el desarrollo de la intervención y sus resultados inmediatos, sino que también fue remitido al juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes. Este magistrado está a cargo de la investigación sobre la actuación policial en el caso y ha adoptado medidas orientadas a reducir la letalidad en futuros operativos, de acuerdo con la Agencia de Brasil.
A lo largo de los procedimientos, la policía señaló que parte de las dificultades para ejecutar las órdenes de arresto y realizar búsquedas obedeció a la intensidad de los combates con presuntos miembros del Comando Vermelho, lo que alteró la estrategia original de las fuerzas de seguridad y supuso modificar los puntos de ingreso y las acciones previstas. Según puntualizó la documentación policial citada por la Agencia de Brasil, la intervención fue ejecutada bajo un contexto que el cuerpo policial calificó de extrema peligrosidad.
Las cifras y datos aportados en el informe muestran no solo la magnitud del operativo sino también la controversia política y social que generó. Los cuestionamientos alcanzaron tanto la justificación legal del uso de la fuerza como el impacto de la operación sobre la población local de los barrios afectados, un tema que, reportó la Agencia de Brasil, sigue abriendo debates en el ámbito judicial y político nacional.
