Una petición formal para reforzar la seguridad en el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), lugar donde se almacena y se procesa la documentación electoral hondureña, marcó un punto de inflexión en la respuesta institucional ante las actuales disputas sobre la transparencia y legalidad del proceso comicial en Honduras. Según publicó El Heraldo, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, solicitó mayor presencia de fuerzas de seguridad, en un contexto donde se han registrado incidentes de violencia entre simpatizantes de diversas fuerzas políticas, hecho que motivó la implementación de medidas de protección adicionales tanto para el personal como para el material electoral.
El clima de creciente tensión se ha visto alentado tras la presentación de información de inteligencia que alerta sobre presuntos intentos para alterar el resultado electoral y desconocer la voluntad expresada en las urnas. Tal como consignó El Heraldo, este escenario llevó a la presidenta hondureña, Xiomara Castro, a realizar denuncias públicas y a convocar a la ciudadanía a movilizarse en defensa de la justicia y en memoria de víctimas de hechos de violencia política. El mismo medio indicó que Castro sostuvo ante la opinión pública: “En Honduras no permitiremos ni golpes ni fraudes nunca más”, fortaleciendo así el llamado a manifestaciones en la capital del país.
De acuerdo con el reporte de El Heraldo, la legitimidad del proceso electoral ha quedado examinada ante un escrutinio nacional e internacional intenso por las revisiones de 2.794 actas electorales donde se detectaron inconsistencias, revisiones que fueron solicitadas y respaldadas tanto por el Partido Nacional como por el Partido Liberal. El recuento especial de estas actas, cuya apertura estaba prevista con la presencia de delegados partidarios, se ha convertido en objeto de demandas de vigilancia estricta, protección de los materiales y acceso inmediato a los resultados. La transparencia y la seguridad durante este proceso conforman las principales exigencias de los actores implicados, incluido un sector amplio de la sociedad civil.
A nivel internacional, la Organización de los Estados Americanos (OEA) intervino subrayando la importancia de preservar la integridad de cada etapa electoral, según reportó también El Heraldo. El organismo instó a reforzar la seguridad en las áreas dedicadas al almacenamiento y procesamiento de votos, y situó como responsabilidad directa del gobierno hondureño la protección de los centros donde se lleva a cabo el conteo. La OEA enfatizó el rol esencial de los partidos, las autoridades electorales y los cuerpos de seguridad en garantizar la neutralidad y la tranquilidad del proceso, solicitando que toda controversia se resuelva por canales institucionales y desalentando cualquier confrontación que afecte el desarrollo democrático.
Tal como detalló El Heraldo, la polarización y los hechos violentos en Tegucigalpa se intensificaron en la etapa final del proceso, lo que llevó a organismos como el CNE y la OEA a recomendar la aplicación de mecanismos legales y a insistir en el papel de la institucionalidad, a fin de encauzar las diferencias partidarias por las vías formales y evitar un agravamiento de la crisis política.
Mientras el escrutinio avanzaba, y con el 99,4 por ciento de las actas revisadas, el Partido Nacional, encabezado por Nasry Asfura, registraba una ventaja con el 40,52 por ciento de los votos, seguido de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, que contaba con el 39,20 por ciento; la representante oficialista, Rixi Moncada, figuraba con un 19,30 por ciento de respaldo. De acuerdo con El Heraldo, la estrecha diferencia entre los aspirantes principales ha impulsado la preocupación sobre posibles alteraciones en los resultados finales, dado que la revisión de las más de 2.700 actas señaladas puede modificar el panorama.
Las declaraciones presidenciales alertando sobre la posibilidad de un golpe electoral y reiterando el rechazo a la legitimidad de cualquier administración sustentada en resultados demorados avivaron el debate nacional. Según lo consignado por El Heraldo, la presidenta Xiomara Castro ubicó la defensa de la justicia y la libertad como ejes para la movilización social y política ante la sospecha de irregularidades, sosteniendo la postura de no aceptar fraudes ni alteraciones fuera del marco legal.
Otras figuras políticas también aportaron al debate. María Antonieta Mejía, candidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional, destacó ante El Heraldo la necesidad de transparencia y vigilancia durante el recuento, proponiendo la presencia de observadores de todos los partidos y la custodia de las Fuerzas Armadas no solo para los insumos electorales, sino también para garantizar la seguridad de todos los participantes en el INFOP.
En el escenario internacional, Estados Unidos manifestó su posición mediante un comunicado desde la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental. El mensaje fue publicado vía X, según recogió El Heraldo, y en él se exigía el inicio “inmediato” del escrutinio especial de las actas observadas. Además, la administración estadounidense advirtió sobre las consecuencias de cualquier intento de entorpecer el desempeño del CNE o alterar el orden del proceso electoral en Honduras.
En el transcurso de la jornada, El Heraldo constató que la tensión persistía tanto en Tegucigalpa como en otras regiones, sostenida por la inquietud sobre la publicación oportuna de los resultados y la conservación íntegra de cada acta revisada. Organizaciones nacionales e internacionales reiteraron, según reportó el medio, sugerencias para reforzar la protección de todos los actores involucrados y evitar cualquier agravamiento de la situación.
El seguimiento del CNE y las medidas preventivas implementadas han estado orientadas, según indicó El Heraldo, a salvaguardar la integridad de las personas, el material electoral y los espacios de revisión, en respuesta directa al clima de zozobra y las acusaciones de irregularidades. Tanto la OEA como el propio Consejo Nacional Electoral recalcaron la vigencia de los cauces institucionales para resolver disputas, aunque el proceso electoral hondureño permanecía bajo fuerte vigilancia, a la espera de la conclusión de la revisión especial y de la aceptación de los resultados por parte de todos los sectores.
