LIMA.- La presidenta peruana, Dina Boluarte, promulgó el miércoles una ley de amnistía criticada por el Poder Judicial local y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que favorece a militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado que vivió el país entre 1980 y 2000.
La ley extingue de responsabilidad penal a los uniformados procesados por ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, secuestros, torturas y violaciones sexuales. También otorga la amnistía a los sentenciados que sean mayores de 70 años.
“Hoy con la promulgación de esta ley de amnistía, el gobierno reconoce el sacrificio de los miembros de las Fuerzas Armadas, policía y comités de autodefensa [organizaciones civiles] en la lucha contra el terrorismo y la defensa de la democracia”, dijo Boluarte durante una ceremonia en Palacio de Gobierno.
La presidenta dijo que era “un día histórico” en el que Perú “honra” a aquellos hombres que con “valor y entrega” enfrentaron al terrorismo.
En referencia a los favorecidos con la amnistía, dijo que han cargado “durante años con pesos de juicios interminables, acusaciones injustas, de un dolor que no sólo alcanzó a ellos, sino a sus familias” y consideró que los críticos de la norma se ponen del “lado de quienes violaron los derechos humanos de nuestros compatriotas”.
Rechazo a la “intromisión externa”
“Están equivocadas aquellas instituciones internacionales y nacionales influidas por ideologías totalitarias que pretenden someter al Perú”, afirmó Boluarte frente a sus ministros y altos mandos militares tras la promulgación de la ley.
La CIDH había enviado en julio al Estado peruano un requerimiento para evitar la aprobación de la medida y así “garantizar el derecho de acceso a la justicia” de las víctimas. En una resolución posterior, añadió que los jueces debían abstenerse de aplicarla en caso de que se convirtiera en ley.
Como miembro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Perú debe obediencia a la CIDH, el más alto tribunal regional en derechos humanos.
Boluarte rechazó la resolución de la CIDH y en una ceremonia pública dijo a fines de julio que Perú no es una “colonia de nadie”.
En agosto añadió en otra actividad que la CIDH “actúa como si Perú siguiera siendo un virreinato… busca interferir en nuestra capacidad soberana de decidir sobre los asuntos que competen únicamente a nuestro Poder Legislativo, a nuestro Poder Judicial”.
El miércoles, la presidenta agregó que “con esta amnistía histórica el Perú está rechazando con firmeza cualquier intromisión interna o externa”.
Expertos de la ONU, por su parte, también habían pedido al gobierno de Boluarte que vetara la ley, alegando que las normas internacionales prohíben amnistías o indultos por crímenes graves.
Antes de la aprobación legislativa el 9 de julio, Amnistía Internacional había exhortado al Congreso a ponerse a favor de las víctimas y rechazar con firmeza la legislación.
“Ley de impunidad”
La nueva amnistía, que los defensores de los derechos humanos llaman “Ley de Impunidad”, provocaría que 156 casos con sentencia y más de 600 procesos en trámite quedaran impunes, según la Coordinadora de Derechos Humanos, una coalición de 74 organizaciones dedicadas a la defensa de dichos derechos que ha litigado durante décadas en decenas de procesos judiciales.
Según una comisión de la verdad sobre el conflicto armado interno de Perú, las víctimas fueron en su mayoría indígenas, atrapados en el enfrentamientos entre las fuerzas del Estado y las guerrillas de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). La comisión calcula que el conflicto dejó unos 70.000 muertos o desaparecidos.
Perú ya había aprobado en agosto de 2024 una ley que declara prescritos los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002 en la lucha contra las guerrillas.
Boluarte llegó al poder el 7 de diciembre de 2022 para suceder a Pedro Castillo (2021-2022) de quien era vicepresidenta. Castillo había intentado disolver sin éxito el Parlamento mientras era investigado por una comisión legislativa por presunta corrupción. El Congreso lo destituyó y Boluarte tomó su lugar.
La presidenta, cuya aprobación ha caído a mínimos históricos según varias encuestas, es investigada por la fiscalía por los presuntos delitos de “homicidio calificado” por la muerte de decenas de personas durante protestas luego de que asumiera al poder a fines de 2022.
Un total de 50 civiles murieron, la mayoría por proyectiles de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad, de acuerdo con la fiscalía.
Boluarte debe entregar el poder en julio del próximo año a quien triunfe en las elecciones presidenciales convocadas para abril.
Agencias AP, AFP y Reuters y diario El Comercio
