El gobierno de la provincia de Buenos Aires resolvió aplicar el impuesto a los Ingresos Brutos sobre las operaciones realizadas a través de billeteras virtuales, en sintonía con lo que ya dispusieron otras 20 jurisdicciones del país.
La percepción, que ya se aplica sobre las operaciones con tarjetas de débito y crédito, alcanzará desde el próximo 1 de octubre a las plataformas como Mercado Pago, Ualá y Naranja X. La medida ya había generado tensiones en Santa Fe entre el gobernador Maximiliano Pullaro y el empresario Marcos Galperin, quien cuestionó públicamente este tipo de gravámenes.
La definición del gobierno bonaerense se oficializó el miércoles pasado a través de la Resolución 25/2025 de la Agencia de Recaudación de la Provincia (ARBA), que está a cargo de Cristian Girard.
Esa normativa determina un régimen de recaudación del impuesto sobre los Ingresos Brutos a quienes revistan o asuman la calidad de contribuyentes de ese tributo -tanto locales como sujetos al régimen del Convenio Multilateral- en territorio bonaerense. Será aplicable sobre los importes en pesos, moneda extranjera –excepto dólares estadounidenses-, valores o instrumentos de poder adquisitivo similar a la moneda de curso legal, que sean acreditados en cuentas digitales.
La resolución comenzará a aplicarse a partir del próximo 1 de octubre para plataformas que ya están incluidas en el listado de agentes de recaudación de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral y desde el 1 de noviembre para aquellos proveedores que no estén en la lista, pero que tienen que tributar Ingresos Brutos.
El monto del impuesto dependerá de la alícuota de retención para cada contribuyente. Asimismo, hay operaciones que quedarán excluidas de la medida, como las remuneraciones al personal en relación de dependencia, las jubilaciones, pensiones y préstamos de cualquier naturaleza, y las exportaciones de mercaderías, entre otras.
Ingresos Brutos es una carga provincial que grava el total de los ingresos generados por actividades comerciales, industriales y de servicios, y se calcula sobre la facturación sin deducir costos. Es considerado por varios analistas y empresarios como un tributo regresivo y distorsivo.
Las alícuotas varían según la provincia y la actividad. En Formosa, por ejemplo, la tasa general es de 1%, una de las más bajas del país. En el otro extremo, en Córdoba, la alícuota general es de 4,75% —aunque hay excepciones, con regímenes especiales—.
Según ARBA, con esta medida la Provincia busca “incrementar la eficiencia del sistema recaudatorio” y “favorecer la equidad tributaria”, debido a que los agentes que utilicen plataformas tendrán ahora un tratamiento similar a los que accionen a través de cuentas en entidades bancarias y financieras.
