Pedro Sánchez hizo una promesa antes de irse de vacaciones: presentará los Presupuestos de 2026, algo que no ha hecho en los dos primeros años de legislatura. La incapacidad de engrasar la mayoría parlamentaria está detrás de este incumplimiento constitucional, con Junts y Podemos cada vez más alejados del Ejecutivo. Esta realidad obligó a Moncloa a retrasar para después del verano otras normas que, tras la vuelta, se vuelven a situar como prioridades, además de desarrollar la promesa sobre un pacto de Estado climático a raíz de la oleada de incendios.
Se trata de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, y el proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, una polémica norma que mantiene a jueces y fiscales en pie de guerra contra el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Fuentes del grupo socialista añaden otra medida a la lista de deseos: la ley para regular lobbies o grupos de interés, denominada por los socialistas como ley “anti-Montoro” por el presunto caso de corrupción que involucra al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y a 27 personas más por presuntas irregularidades cometidas al frente de ese ministerio durante los gobiernos de Mariano Rajoy.
La falta de acuerdo antes del parón por las vacaciones también obligó al Ministerio de Transportes a retrasar la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible, estancada desde 2022. La norma se encuentra entre los hitos para solicitar nuevos desembolsos de los fondos europeos, pero las discrepancias entre los grupos y las tensiones políticas por las informaciones sobre el caso Cerdán volvieron a lastrar el proyecto legislativo, obligando a cancelar la Comisión de Transportes.
En lo relativo a la reducción de la jornada laboral, la norma estrella de Yolanda Díaz en esta legislatura sufrió para salir del Gobierno y ahora lo hace para recibir luz verde en el Congreso. El Ministerio de Trabajo y Economía Social aplazó la votación parlamentaria del proyecto al defender que el debate debe ocurrir en las condiciones más favorables, esto es, alejarlo de la polémica que puso al Gobierno contra las cuerdas en junio por la imputación y entrada en prisión de Santos Cerdán, hasta entonces mano derecha de Pedro Sánchez en el PSOE.
El objetivo principal del aplazamiento es ganar tiempo para avanzar en las conversaciones, particularmente con Junts per Catalunya, cuya participación resulta clave para lograr la mayoría. Desde el partido de Carles Puigdemont insisten en que no retirarán su enmienda a la totalidad, un rechazo que basan en el impacto de la medida en pymes, autónomos y trabajadores catalanes. En todo caso, la iniciativa no dispone del apoyo de la patronal, un factor que incrementa la incertidumbre parlamentaria sobre su aprobación por la presión ejercida sobre las formaciones de derechas, incluido el partido independentista.
Bolaños indigna a los jueces y fiscales
En cuanto a la ley de acceso a la carrera judicial, conocida como ley Bolaños, el ministro también pospuso su debate en sede parlamentaria para dar oxígeno a las negociaciones con Junts. La formación también ha elaborado una amplia lista de peticiones para apoyarla en el Congreso, como la creación del Consell de Justicia de Catalunya (CJC), esto es, una suerte de CGPJ catalán, o la supresión de la Audiencia Nacional.
El texto legislativo, que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, y la ley por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, no cuenta con el respaldo de las principales asociaciones de jueces y fiscales. Estas secundaron un “histórico” paro en los primeros días de julio para evidenciar su postura, cuyo seguimiento situaron por encima del 70%. Si bien, el Ministerio de Justicia lo redujo un mes después a 29 personas, que fueron quienes comunicaron oficialmente su participación. “Se trata de un juez, que informó directamente a las gerencias territoriales del Ministerio, y de 28 fiscales, que lo hicieron a la Fiscalía General del Estado. Hubo un segundo juez que informó de que también secundaría el paro, pero se declaró en servicios mínimos”.
En respuesta, los representantes de la mayoría de la carrera judicial y fiscal criticaron “la falta de detracción de haberes por parte del Ministerio de Justicia, a pesar de tener la obligación legal de hacerlo en su calidad de empleador/pagador”. Asimismo, cargaron contra la idea de que Bolaños aprovechara “su propio incumplimiento y el hecho anecdótico de que algún juez y fiscal aislado haya pedido expresamente esa detracción para salir a la opinión pública a decir que casi no hubo seguimiento de la huelga”.
En esencia, las asociaciones profesionales afean que la norma supone “un retroceso en el respeto a principios constitucionales como el mérito y la capacidad en el acceso a las carreras judicial y fiscal, con grave riesgo para la independencia judicial”. La reforma plantea, entre otras novedades, la incorporación de una prueba escrita a los exámenes de la oposición para valorar el razonamiento jurídico. Además, todos los opositores que no alcancen determinados niveles de renta podrán acceder a una beca dotada con el importe del Salario Mínimo Interprofesional, durante un periodo de hasta cuatro años, para que puedan preparar las oposiciones a carrera judicial, carrera fiscal, abogacía del Estado y letrados de la Administración de Justicia.
La ley que podría haber evitado o limitado el ‘caso Montoro’
Por otro lado, el PSOE tratará de impulsar la Ley de Transparencia e Integridad de las Actividades de los Grupos de Interés, una norma que podría haber evitado algunas de las actuaciones recogidas en el demoledor auto judicial que imputa siete delitos al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Precisamente, este caso ha puesto de manifiesto la necesidad de regular una práctica por la que la Unión Europea ha amonestado a España en varias ocasiones.
Una de las principales medidas es la “huella normativa” de las leyes impulsadas por el Gobierno, por lo que será necesario revelar las reuniones y contactos que se han producido durante el proceso de elaboración de las normas. Por otro lado, a propuesta del PSOE, el Congreso tiene en un cajón otra norma similar, que afecta a la relación de los diputados con los lobbies. Esta, además, pone la primera piedra para limitar las llamadas ‘puertas giratorias’.
