La reforma legislativa del Gobierno sobre el acceso a las carreras fiscal y judicial ha superado este jueves su primer examen en el Congreso al rechazar en el Pleno las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP y Vox, que sólo han conseguido atraer el voto del diputado UPN frente al respaldo del Gobierno y sus aliados.
En una sesión muy bronca, con gritos de dimisión contra el PSOE por el informe policial que supuestamente implica al dirigente socialista Santos Cerdán en el cobo de comisiones, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido en la tribuna su proyecto de ley como «la mayor transformación de la Justicia en décadas», orientada a convertirla en un servicio público «ágil, cercano y digital».
Entre las novedades, el titular de Justicia ha destacado la introducción de una prueba escrita anónima en las oposiciones a la carrera judicial y fiscal y la grabación de los exámenes orales para reforzar la objetividad y ofrecer una vía de reclamación transparente a los aspirantes.
También ha mencionado el blindaje legal de las becas SERÉ, dotadas con 12.000 euros anuales durante cuatro años para opositores a judicatura, Fiscalía y Abogacía del Estado. Además, el Centro de Estudios Jurídicos se convertirá en una red pública de preparación descentralizada, con espacios en todas las provincias y un registro de preparadores accesible para los candidatos «que no conocen a ningún juez ni fiscal».
Bolaños ha anunciado también la convocatoria simultánea de plazas por turno libre y cuarto turno (concurso-oposición) para cumplir el 25 % establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985: «Serán 360 plazas por oposición y 120 por cuarto turno en 2025, 2026 y 2027».
Paralelamente, se lanzará un proceso extraordinario de regularización para 1.300 jueces sustitutas y fiscales suplentes, exigido por la Comisión Europea, «con un concurso-oposición presidido por magistrados del Supremo y fiscales de sala» y sin merma de las futuras ofertas ordinarias.
Entre otros puntos, la reforma contempla el ascenso automático de juez a magistrado a los cinco años, la igualdad promocional para jueces de lo mercantil y de violencia de género, la ampliación de la Comisión de Ética Judicial con expertos externos elegidos por las Cortes y la prohibición de financiación privada de asociaciones judiciales. «El dilema es claro: reformas o inmovilismo», ha concluido Bolaños, que en su última intervención ha recordado que el proyecto ha sido avalado por el Consejo de Estado.
PP ACUSA AL GOBIERNO DE QUERER CREAR UNA JUSTICIA «DÓCIL»
En el turno de defensa de enmiendas a la totalidad, la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha denunciado la reforma como paso de mutación «de democracia plena a democracia fallida», acusando al Ejecutivo de Sánchez de gobernar a través de «criminalización, cloacas y colonización».
Según ha explicado, el verdadero objetivo de la reforma no es ampliar oportunidades ni modernizar la justicia, sino «crear una justicia dócil, dependiente y dividida por agravios comparativos», controlada ideológicamente desde Moncloa. «¿Quién podrá interferir en el perfil ideológico de los futuros jueces y fiscales? El señor Bolaños», ha afirmado.
La diputada popular ha criticado también la «erosión del mérito y la capacidad» mediante nuevas evaluaciones «blanditas» y ha calificado la regularización de jueces interinos como «una consagración del atajo y la arbitrariedad».
VOX: «QUIEREN CONVERTIR EL PODER JUDICIAL EN UN APÉNDICE DEL PSOE»
Por su parte, la portavoz de Vox en el Congreso, María José Rodríguez de Millán, ha arremetido contra la reforma impulsada por el Gobierno, al que ha acusado de «aprovechar la precariedad de las juezas sustitutas para colocar a los suyos» y de «querer convertir el poder judicial en un apéndice más del PSOE». También ha afirmado que «la ley no fortalece nada, busca secuestrar la Justicia y dinamitar la separación de poderes».
Pepa Millán ha denunciado que el Ejecutivo utiliza la coartada de la igualdad y las becas para «ocultar su objetivo real: el control ideológico de la Justicia». «Ustedes quieren meter más de 1.000 nuevos jueces sustitutos solo con ser graduados en Derecho y cinco años de experiencia sin concretar. Lo hacen para crear un cuerpo judicial dócil y colonizado, al servicio del régimen de Sánchez», ha declarado.
En su intervención, ha citado la situación judicial de personas próximas al Gobierno, como el fiscal general del Estado o miembros del entorno de Pedro Sánchez, para justificar que el PSOE «necesita blindarse ante la Justicia porque está cercado por la corrupción».
Con PP y Vox se ha alineado el parlamentario de Unión del Pueblo Navarro, Alberto Catalán, quien ha acusado al Gobierno de atentar contra la independencia judicial con su reforma, al tiempo que ha denunciado una «obsesión enfermiza por colonizarlo todo, incluida la Justicia».
SUMAR, CONTRA LAS PROTESTAS DE LOS JUECES
Entre los socios del Gobierno, Enrique Santiago, portavoz de Justicia de Sumar, ha arremetido contra la reciente concentración de jueces y fiscales contra las reformas que se preparan en este ámbito, a la que calificó de «política e ilegal» por pretender condicionar al Parlamento.
Igualmente, ha criticado el actual sistema de acceso a la carrera judicial, «herencia del siglo XIX», y ha apoyado medidas como la regularización de miles de juezas y fiscales sustitutas en abuso de temporalidad, la limitación de la financiación privada de asociaciones judiciales y la profesionalización pública de la preparación de opositores.
Desde el PNV, Mikel Legarda ha defendido el objetivo de la reforma de Bolaños, sin perjuicio de que en su momento presentará enmiendas para modificar algunos puntos, y ha negado que el proyecto socave los pilares del Estado de Derecho y el principio de legalidad o que sea un ataque estructural al equilibrio de poderes. «Hablar de arbitrismo y de amenaza a la legalidad es un exceso que no podemos apoyar», ha dicho.
ERC Y BILDU ACUSAN A PP Y VOX DE CATASTROFISMO Y PANFLETOS
Por parte de Bildu, el diputado Jon Iñarritu ha reprochado al PP su actitud «catastrofista y destructiva» en el debate sobre la reforma del acceso a la carrera judicial y fiscal y ha esgrimido que el proyecto contiene medidas «positivas» como la actualización de pruebas, becas, estabilización de interinos o la especialización en materias sensibles como la violencia machista.
A continuación, la diputada de ERC Pilar Vallugera ha calificado las enmiendas de la derecha como «panfletos de uso interno» redactados para su propia propaganda. También ha denunciado la continuidad del «aparato judicial del franquismo» tras la Transición y advirtió al PSOE de que las «estructuras profundas del Estado» que antes actuaron contra el secesionismo ahora lo hacen contra ellos.
Martina Velarde, de Podemos, cree que la reforma judicial llega «tarde» porque llevamos «años de control político» de la Justicia y, aunque admite que en la ley «hay cosas muy importantes que suenan bien», ya adelanta que presentará enmiendas «para avanzar en la democratización de una institución que hoy está a la merced de intereses partidistas».
Asimismo, el parlamentario del BNG, Néstor Rego, ha defendido la necesidad de democratizar el acceso a la carrera judicial y fiscal como parte de una transformación estructural del sistema judicial español, y ha cargado contra las enmiendas a la totalidad por «defender una justicia al servicio de sus intereses de clase y objetivos reaccionarios».
De su lado, el portvoz de Justicia de Junts, Josep Pagès, ha criticado los déficits estructurales del poder judicial y ha exigido a Bolaños que reconozca formalmente la existencia del «lawfare» contra el independentismo.
