Con el respaldo del Senado estatal, Colorado promulgó una ley que modifica el rumbo de las políticas migratorias locales. La nueva normativa impide realizar deportaciones dentro del estado y exige al presidente Donald Trump notificar con 21 días de antelación cualquier intento de expulsar personas del país. La medida se suma a una resolución judicial vigente que cuestiona el uso de una ley del siglo XVIII por parte del Ejecutivo federal.
Colorado frena las deportaciones y exige a Trump un preaviso de 21 días
Colorado se transformó en uno de los principales destinos para los migrantes que llegan al país con la esperanza de mejorar su calidad de vida. La estabilidad económica, la oferta de servicios públicos sin distinción y una tradición de inclusión favoreció el asentamiento de familias extranjeras, especialmente en áreas urbanas como Denver y Aurora, donde se registró un notable aumento poblacional.
Los procesos de deportación implican la remoción forzada de una persona extranjera del país, comúnmente por carecer de documentación regular o por infracciones específicas.
El argumento de que los migrantes deportados atentan contra la seguridad nacional fue utilizado en numerosas ocasiones para justificar estos procedimientos, tal como consigna AP. Sin embargo, en Colorado, la población y distintas organizaciones han respondido con acciones legales orientadas a proteger los derechos fundamentales de quienes se ven amenazados por estas prácticas.
Una legislación que desafía la autoridad federal
La nueva ley impide que funcionarios o agencias estatales participen en operativos migratorios sin una orden judicial válida. También restringe el uso de recursos públicos para realizar arrestos vinculados a políticas federales de inmigración. Entre sus cláusulas, se establece de manera explícita que ninguna autoridad estatal podrá colaborar en traslados o detenciones con fines de deportación.
Esta normativa se alinea con una medida cautelar emitida por una jueza federal en Denver, quien determinó que el presidente recurrió de forma indebida a la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación aprobada en 1798. La decisión judicial, aun en revisión, podría escalar hasta la Corte Suprema.
La American Civil Liberties Union (ACLU) expresó su apoyo a esta ley y destacó que representa una salvaguarda esencial para comunidades vulnerables, sobre todo en un clima político cada vez más polarizado.
Un enfoque migratorio que genera controversia
Desde que Donald Trump asumió su segundo mandato, retomó una política migratoria de corte restrictivo. Restauró medidas anteriores y propuso nuevas barreras para limitar el ingreso y la permanencia de personas extranjeras.
Una de sus decisiones más cuestionadas fue el uso de la llamada Ley de Enemigos Extranjeros, creada durante un contexto de guerra hace más de dos siglos. Esta norma autoriza al presidente a expulsar a individuos originarios de países enemigos; sin embargo, Trump la utilizó como sustento para implementar deportaciones masivas.
Diversos juristas criticaron esta estrategia por considerarla incompatible con el marco constitucional actual, publicó PBS. La jueza federal que suspendió temporalmente las deportaciones en Colorado señaló que no existen fundamentos suficientes para aplicar dicha ley en casos que afectan a residentes pacíficos.
Una medida que da margen para actuar frente a los operativos migratorios
Uno de los artículos más innovadores de la normativa es la exigencia de un aviso formal con 21 días de antelación antes de cualquier operativo migratorio. Esta disposición pretende brindar tiempo para que las personas potencialmente afectadas accedan a asistencia legal y preparen una respuesta adecuada.
La implementación de esta cláusula fue impulsada por incidentes en los que agentes de ICE irrumpieron en domicilios sin órdenes claras. Durante el año 2023, al menos tres operativos provocaron denuncias por detención arbitraria, según datos del Centro de Derechos Migrantes con sede en Denver.
Organizaciones sociales celebraron esta disposición como una herramienta clave para reducir los abusos. El plazo de tres semanas permite verificar información, activar redes de contención y garantizar el respeto del debido proceso en cada caso.
