La posibilidad de perder una vivienda después de una detención migratoria suele generar preocupación entre quienes no cuentan con un estatus regular en Estados Unidos. Ante este escenario, el abogado Pouyan Darian, especialista en leyes de inmigración y nacionalidad, detalló que la deportación no elimina la propiedad de una casa y reveló una herramienta jurídica fundamental que muchos extranjeros desconocen.

¿La propiedad de un inmigrante permanece intacta pese a la deportación?

Según el análisis de Darian, publicado en un video en su canal de Youtube, la deportación es un procedimiento administrativo relacionado con la permanencia en Estados Unidos, no con los derechos de propiedad. Por ello, un inmigrante que enfrenta un proceso de expulsión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mantiene la titularidad de sus bienes.

“Nada les pasa a esas cosas. Usted es el dueño de esa propiedad, incluso si está físicamente fuera de EE.UU.”, enfatizó el letrado. La vivienda, los objetos personales y las cuentas bancarias no se alteran por el simple hecho de que el titular ya no esté físicamente presente en EE.UU.

Sin embargo, el especialista advirtió que la dificultad no está en conservar la propiedad, sino en administrarla desde el exterior. El reto aparece cuando no es posible realizar trámites, firmar documentos o cumplir con obligaciones como el pago de impuestos locales.

La clave para que un inmigrante deportado pueda conservar sus bienes en EE.UU.

Para evitar complicaciones, Darian recomendó una herramienta legal específica: el poder notarial. El especialista destacó la importancia de tener designado con anterioridad este documento que otorga a una persona de confianza la facultad de actuar en nombre del propietario.

El especialista señaló que esta medida debe tomarse antes de cualquier conflicto con las autoridades migratorias. “Simplemente, tenga un documento de poder notarial listo para usar en caso de que realmente lo necesite”, aconsejó.

Esta figura legal permite gestionar pagos, transferencias de dinero, decisiones administrativas, trámites con entidades bancarias e incluso la contratación de representación legal.

La razón para gestionar previamente este poder, según comentó, es que una vez detenido, el inmigrante podría no tener acceso a los documentos o a los medios necesarios para emitirlo.

“Quizás quiera tener un poder notarial o un plan de emergencia en marcha para que pueda hacer una llamada telefónica y luego su amigo pueda contratar a un abogado y así pueda comenzar a defenderse en los procedimientos de expulsión”, explicó.

Aumentan los operativos y las deportaciones en EE.UU.

Las recomendaciones del abogado se producen en un contexto de operativos ampliados por parte de las autoridades migratorias.

Tras el regreso de Donald Trump a la presidencia en enero de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) implementó una política centrada en la expulsión acelerada de inmigrantes sin estatus legal.

Las últimas cifras anunciadas por el organismo muestran un incremento notable en las salidas de EE.UU. De acuerdo con el reporte oficial, más de dos millones de personas abandonaron ese país entre enero y octubre de 2025.

Dentro de ese grupo, 1,6 millones se marcharon de manera voluntaria, mientras que más de 527 mil fueron deportadas mediante acciones coordinadas por el ICE.

La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, anticipó que el gobierno podría alcanzar las 600 mil expulsiones antes de finalizar el año. Según sus declaraciones, este nivel de actividad se ubica entre los más altos de la última década.

“La administración Trump va camino de romper récords históricos”, aseguró la portavoz. “Esto es solo el comienzo. El presidente y la secretaria Noem han revitalizado una agencia que estuvo paralizada e impedida de realizar su trabajo durante los últimos cuatro años”, agregó.