La crisis que atraviesa Argentina desde diciembre de 2023 ha puesto en jaque a las políticas de salud pública, con un impacto especialmente severo en la salud mental. Este es el análisis de Alejandra Barcala, directora del Doctorado en Salud Mental Comunitaria de la UNLa, en un artículo publicado en The Lancet. “El gobierno nacional, que se autodefine como libertario, ha implementado medidas regresivas que socavan derechos, debilitan la capacidad del Estado para garantizar la atención médica y exacerban las desigualdades estructurales, afectando desproporcionadamente a los grupos más vulnerables”, detalló la experta.
El giro político, advierte, amenaza con “desmantelar los logros alcanzados con esfuerzo en materia de derechos humanos, colaboración intersectorial y enfoques comunitarios”. No obstante, destacó que “la provincia de Buenos Aires sigue impulsando una de las reformas más consistentes de América Latina en materia de salud mental”, lo que marca un contraste con el panorama nacional.
Entre las medidas más controvertidas, señala la experta, está “el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y la Ley Ómnibus 27.742 otorgaron facultades extraordinarias al ejecutivo sin debate parlamentario, violando principios constitucionales y los compromisos internacionales de Argentina en materia de derechos humanos”.
Estas decisiones, según la especialista, han tenido “consecuencias económicas, sociales y simbólicas: las autoridades clausuraron sitios que preservaban la memoria del terrorismo de Estado, borrando las huellas del pasado y profundizando las heridas sociales”.
El sector salud ha sufrido recortes de gran magnitud. Barcala detalla en The Lancet que “entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, profundos recortes presupuestarios provocaron el cierre de departamentos de VIH/SIDA, salud sexual y epidemiología, y el desmantelamiento de los programas ENIA y Médicos Comunitarios”.
Además, “se disolvieron varios institutos y se aplicaron severos recortes a los hospitales públicos, lo que provocó escasez de medicamentos e insumos esenciales”. La salida de Argentina de la OMS representa, en palabras de la autora, “un riesgo para la cooperación y el acceso a los sistemas de vigilancia y las vacunas”. Estas acciones, afirma, “reflejan una lógica económica basada en la liberalización del mercado, la desregulación de los precios de los medicamentos, la desinversión pública, la precariedad laboral y la subordinación de los derechos sociales a la rentabilidad”.
El deterioro de la salud mental se ha intensificado en este contexto. Barcala subraya la prestigiosa publicación que “esta trayectoria contrasta con las directrices internacionales, en particular con los cinco pilares estratégicos de la OMS: gobernanza basada en derechos, atención comunitaria, desarrollo de la fuerza laboral, enfoques centrados en la persona y abordaje de los determinantes sociales”.
Los intentos de modificar la Ley Nacional de Salud Mental n.º 26.657, que prioriza la desinstitucionalización y la atención comunitaria, “coincidieron con el cierre de servicios territoriales, el despido de profesionales, la disminución de salarios, el desmantelamiento de la formación y el resurgimiento de prácticas de orientación biológica”. Además, adviertió que “el discurso oficial ha patologizado la diversidad, socavando un modelo comunitario desarrollado durante más de una década”. Los recortes presupuestarios han reducido la inversión en salud mental del 1,82 % en 2024 al 1,68 % en 2025.
El impacto social y psicológico se refleja en cifras alarmantes. Barcala informó que “entre abril de 2023 y abril de 2025, se reportaron 15.807 intentos de suicidio en todo el país, principalmente entre adolescentes de 15 a 19 años”.
En 2024, “los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires, que concentra el 38% de la población argentina, registraron 45.785 hospitalizaciones relacionadas con la salud mental, un aumento del 9% respecto a 2023 al 63% respecto a 2019”. Para junio de 2025, “más de la mitad de las camas de emergencia albergaban a pacientes con angustia aguda, crisis de sustancias o intentos de suicidio”.
Barcala destacó que “la provincia de Buenos Aires continúa liderando una de las reformas de salud mental comunitaria más consistentes de América Latina, basada en la inclusión social, la convivencia y los derechos humanos”. El proceso incluye “el cierre de centros psiquiátricos de larga estancia, el desarrollo de viviendas con apoyo, la ampliación de los equipos comunitarios y la promoción de la inclusión social y laboral”.
Los avances son cuantificables. Entre 2019 y 2023, “se cerraron 18 de 35 pabellones psiquiátricos, más del 50% de las personas institucionalizadas fueron dadas de alta, la vivienda comunitaria aumentó en un 138%, los subsidios de alta aumentaron en un 553%, las camas de salud mental en los hospitales generales crecieron en un 60% y el acceso a los medicamentos mejoró”. Desde 2023, pese a los recortes nacionales, “el gobierno provincial reelegido ha mantenido las reformas”. Entre 2024 y 2025, “se establecieron 16 Centros Comunitarios de Salud Mental, dos unidades residenciales para el consumo de sustancias, se agregaron 48 camas en la Unidad de Atención Inmediata (con 42 más planeadas para 2025) y aumentó la vivienda con apoyo a 187 unidades”.
Además, “cien nuevos profesionales se unieron al sistema público, se lanzó una línea directa de crisis, se desplegaron equipos de emergencia en 37 hospitales y se introdujeron unidades móviles de atención”. El programa “La Salud Mental es Responsabilidad de Todos, se expandió de 93 a 118 municipios, llegando a 88.000 estudiantes”.
El impulso no se limita a Buenos Aires. Barcala relató que “en mayo de 2025, once provincias, lideradas por la Secretaría Provincial de Salud Mental, Consumo Problemático de Sustancias y Violencia de Buenos Aires, firmaron la ‘Carta para un Sistema de Salud Integrado y Fortalecido’ en COSAPRO, comprometiéndose a ampliar la cobertura, reforzar los equipos interdisciplinarios y mantener el enfoque comunitario ante los retrocesos nacionales”. Esta coordinación, sostiene, “destaca a los actores subnacionales como garantes de los derechos sociales”.
Barcala concluyó que “el momento actual de Argentina revela una profunda tensión entre el retroceso institucional impulsado por la austeridad fiscal, la centralización autoritaria y el desmantelamiento de las políticas públicas, y la resistencia activa de los territorios subnacionales que reafirman la salud mental como un derecho humano, un esfuerzo colectivo y una responsabilidad pública”.
