La protesta de esta madrugada dentro de la cárcel de Villa Devoto alteró la tranquilidad del barrio. La ruidosa revuelta que incluyó la quema de trapos y basura no arrojó heridos dentro de la cárcel ni sancionados por alteración del orden, según pudo saber LA NACION. Pero volvió a encender los pedidos de traslado en algunos de los vecinos.
La mudanza del centro penitenciario porteño es algo que la asociación vecinal viene reclamando a través de diferentes administraciones, Manuel Fandiño, “Manolito”, como lo apodan en el barrio, tiene 80 años y hace 70 que vive en el barrio, cuenta que su casa está tan pegada a la cárcel que puede ver en forma detallada cómo los reclusos arman los paquetes de droga. “Mi ventana del dormitorio está así de pegada”, señala, juntando las manos.
“Yo tenía confianza de que la gestión anterior [de gobierno] podía llegar a concretar el traslado, pero le faltaba una firma de más arriba. Me llevaron tres veces a Marcos Paz. No pierdo la esperanza de que en algún momento se concrete”, sostuvo.
Sin embargo, no todos los vecinos se muestran alarmados. En particular, los que tienen comercios y pueden atraer clientela de familiares de presidiarios descreen que el traslado sea una necesidad imperiosa, al tiempo que minimizan los desmanes de anoche: “No fue un motín, fue una protesta, hicieron un poco de ruido y nada más”, dijo una comerciante de la zona.
Sabrina Álvarez, vecina del barrio, dijo: “Se escuchó como una murga; supongo que les pegaban a las chapas. Estaban gritando hacia afuera, pegándoles a las ventanas. Según lo que yo llegué a escuchar, empezó como a las cuatro y media de la madrugada y una hora más tarde seguían”, precisó.
El motivo del disturbio fue la resolución 372/2025, firmada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y publicada en el Boletín Oficial el 27 de marzo pasado, que prohibió el funcionamiento de los centros de estudiantes en establecimientos penales federales bajo el argumento de que los presos-estudiantes ocupan la jornada en tareas relacionadas con el centro estudiantil y permanecen allí incluso fuera del horario en el que deben cursar las materias.
Eso, se sostuvo, “les impide a los detenidos hacer actividades destinadas a la reinserción social, como trabajar o realizar tareas de mantenimiento de los espacios propios y comunes obligatorios para todos los internos”.
El Centro de Estudiantes Universitarios de Ezeiza emitió un comunicado en respuesta y la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) presentó un habeas corpus al tiempo que emitió un comunicado replicando que la resolución ministerial empeora las condiciones de detención y limita el derecho a la educación, de acuerdo con la Constitución Nacional y otras leyes.
“La Procuración Penitenciaria denunció que la resolución agrava ilegítimamente las condiciones de detención de estudiantes universitarios privados de la libertad, violando leyes (24.521,26.206,26.877) y DDHH (CN arts.14, 75.22), restringiendo su derecho a la educación”, aseguraron en un comunicado oficial.
El habeas corpus fue rechazado por el Juzgado Federal N°1, a cargo del juez Sebastián Ramos, sosteniendo que la Procuración no se encuentra legitimada para asumir la representatividad de los reos, lo que generó a su vez una nueva respuesta con un pedido de nulidad y un ida y vuelta judicial.
